Un inicio de curso sin ninguna planificación y sin medios materiales y humanos suficientes para garantizar la seguridad sanitaria y evitar nuevos rebrotes. Así como una sanidad pública sin la suficiente inversión, y que ya en algunos casos vuelve a estar desbordada, son los ingredientes del cóctel explosivo que se prepara.
Hoy en el Estado español más de 10.000 personas están ingresadas por el virus de las cuales 1.273 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En lo que va de pandemia ya se han contagiado, según cifras oficiales, 603.167 personas y 30.004 han muerto. Colocando así al Estado español como el sexto país con más muertos por número de habitantes.
Madrid, quien concentra hoy un tercio de todos los nuevos casos de contagios, dará a conocer hacia el fin de semana nuevas restricciones a la movilidad y confinamientos selectivos. Se prevé también que se reduzca el número máximo permitido para reuniones sociales, hoy en 10 personas. A este hecho se le suma que ya se han decretado más de 150 cuarentenas en aulas de colegios madrileños.
Girona y Salt, en Catalunya, ya han asumido medidas adicionales a las decretadas por la Conselleria de Salut como el cierre de los parques infantiles y los equipamientos deportivos al aire libre, así como la restricción del acceso a zonas naturales.
En Baleares, con los últimos dos anunciados, ya son siete los barrios con confinamiento perimetral. Cantabria y Castilla y León también han resuelto medidas restrictivas en barrios y municipios.
En Madrid, como en el resto de comunidades, en la mayoría de los casos estos confinamientos se aplican contra los barrios populares y de la clase obrera, en los que existe mayor hacinamiento y peores condiciones. En los que las personas tienen trabajos con peores condiciones, con menores o inexistentes medidas de seguridad. Donde hay más índice de paro. Como ya se ha dicho muchas veces, el Covid sí entiende de clases.
Los barrios madrileños señalados para el confinamiento no son otros que Villaverde, Vallecas y Carabanchel. Los dormitorios obreros. Esta política es continuidad directa de la línea de criminalización y culpabilización racista que Ayuso desplego el ultimo martes contra los inmigrantes.
Estas restricciones y confinamientos, tendrán a su vez efectos negativos sobre una economía maltrecha en la que aún no han acabado de aflorar las consecuencias de la pandemia. En parte, sostenida en base a un desembolso de fondos públicos y europeos sin precedentes, que prometen a su vez ser fuente de nuevos recortes y desequilibrios fiscales.
La sobrecarga de trabajo en muchos sectores como la educación y la sanidad, producto de la falta de personal, de ver multiplicadas sus tareas y, no olvidemos, de años de recortes por parte de los diferentes gobiernos estatales y autonómicos, se combina con la destrucción y la paralización de muchos otros. Lo que dibuja un horizonte de un alto índice de desempleo, precariedad y superexplotación.
La congelación salarial y la reforma de las pensiones, son los flancos anunciados por los cuales comenzarán los ataques del gobierno de coalición del PSOE y UP en consecuencia a los acuerdos alcanzados con los organismos europeos.
No hay un fortalecimiento de la educación y salud pública a la altura de la situación más aún después de una década de recortes. No se puede esperar a un nuevo pico de contagios para hacerlo, con el coste de miles de vidas que eso implicaría, como implicó antes del verano. No hay vuelta segura a las aulas sin un aumento del presupuesto, las infraestructuras y el personal educativo.
Es urgente un impuesto progresivo a las grandes fortunas, así como la disposición irrestricta de los recursos y las infraestructuras de la sanidad y la educación privada para fortalecer estos sectores esenciales. Así como acabar con el alto índice de precariedad en estos sectores y en muchos otros. Estas medidas deberían ser parte de un programa de conjunto que dé respuesta al problema del paro, y el aumento del precio del alquiler y muchas otras cuestiones que aquejan a las mayorías sociales.
Es paradójico que mientras se espera la nueva vacuna y las farmacéuticas cotizan al alza en las bolsas por las previsiones de suculentas ganancias, ya han conseguido quedar exentas de posibles demandas por daños no previstos e incluso que sean los Estados quienes indemnicen con dinero público si se presentan estos casos.
Dejan muy claro al servicio de quienes gobiernan más allá de su color político. Y que su plan sigue siendo, que la crisis social, sanitaria y económica la pague la clase trabajadora y los sectores populares poniendo por delante las ganancias de los grandes capitalistas. En una necesidad romper la paz social impuesta por las direcciones de las centrales sindicales mayoritarias. Hay que articular las fuerzas de la clase trabajadora y un programa independiente de todas las variantes políticas del régimen para impedirlo en las calles. | 
