En Mendoza hace un tiempo que las personas con discapacidad y sus familias, se vienen organizando con un pedido muy concreto: la renovación de los titulares de la Defensoría de Discapacidad Provincial
En Mendoza hace un tiempo que las personas con discapacidad y sus familias, se vienen organizando con un pedido muy concreto: la renovación de los titulares de la Defensoría de Discapacidad Provincial
Esto se debe a que el gobierno radical, a través de sus senadores y diputados en la Legislatura, ha estado trabando la posibilidad de que se aplique la ley 8345 de Defensoría de Personas con Discapacidad de la Provincia de Mendoza. Esta ley plantea una serie de pasos que se deben cumplir para elegir al Defendor o Defensora. Y al mismo tiempo sostiene que el cargo tiene una duración de 4 años.
En este momento, y a casi dos años de haberse vencido el mandato de Juan Carlos González, él sigue a cargo de la defensoría. A pesar de que se hayan cumplido todos los pasos correspondientes para la elección de nuevas autoridades. Incluyendo el concurso de antecedentes, que según la ley debe ser llevado adelante por las comisiones de Desarrollo Social de cada cámara legislativa, y que ubicó a González tercero en el órden de méritos.
Como la ley de la defesoría estipula que se necesitan dos tercios de los legisladores reunidos en Asamblea Legislativa y el radicalismo se niega a votar a alguien que no sea de su riñón, Gonzalez lleva 2 años ejerciendo un cargo, o usurpándolo, con el mandato vencido. Este apoyo al actual defensor de discapacidad, se debe solamente a su militancia radical. Ya que desde las propias organizaciones de personas con discapacidad y sus familiares, lo que sostienen es que la defensoría no hace más que cajonear denuncias, o negar que exista incumplimiento de derechos.
Esta ley, la 8345 del 2011, creó una Defensoría de Personas con Discapacidad “independiente y con autonomía funcional” que “ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad.”
Pero al parecer, al gobierno actual no le alcanzó con poner un militante radical y dejarlo ahí indefinidamente, aún a sabiendas de que no estaba cumpliendo el rol para el que está en la defensoría, sino que necesitan modificar esta ley.
Hace unos meses, en el senado de la provincia, se presentó un proyecto de modificación de la ley de defensoría que espera su tratamiento en la cámara alta. Ese proyecto, presentado por el senador Marcelo Rubio (UCR) y firmado también por los senadores Pablo Priore (PRO), Ernesto Mancinelli (Libres del Sur), Marcelo Diumenjo (UCR), Héctor Bonarrico (MAS FE) y Fernando Allín (Partido Socialista), busca terminar con la independencia que se espera de un defensor o defensora de discapacidad.
Una de las principales modificaciones que propone este proyecto, es ignorar algunos de los pasos importantes establecidos en la ley para la elección del Defensor o Defensora. En lugar de que el titular de la defensoría tenga que ser votado por 2/3 de la asamblea legislativa, de aprobarse el proyecto de ley solo sería votado por mayoría simple en el Senado provincial.
Pero una de las modificaciones más preocupantes del proyecto de ley radical, es que se anularía el concurso de antecedentes. De esta forma, todo el proceso, que en la ley vigente incluye la posibilidad de que quienes estén interesados se postulen a la Defensoría, que se establezca un órden de méritos, la posibilidad de la participación ciudadana de aquellos y aquellas que estén interesados, entre varias cosas más; sería reemplazado por la simple designación del Poder Ejecutivo. Esto se haría desde ya sin ningún tipo de valoración de antecedentes, salvo los que tengan que ver con la fidelidad al gobierno de turno.
De esta forma, tirarían por tierra la independencia del organismo, lo cual es gravísimo, teniendo en cuenta que su principal función es el control de los incumplientos del Estado y de las instituciones privadas respecto de los derechos de las personas con discapacidad. Es decir, el defensor o defensora que elija el gobernador, es el mismo que tiene que controlar al Estado. Una cuestión que todos sabemos como va a terminar.
El objetivo de esta nueva modificación de la Ley de la Defensoría es justamente ejercer el control sobre un organismo cuya tarea es controlar las políticas de Estado y el cumplimiento, por parte del mismo, de los derechos de las personas con discapacidad. Un Estado, como el mendocino, que sin importar el gobierno de turno ha vulnerado estos derechos, busca ahora, a través de los senadores de Cambia Mendoza, poder ser juez y parte, para mantener su política de decidia contra este colectivo, sin control alguno.
Otro punto importante es que esta defensoría fue producto de la lucha de las personas con discapacidad y sus familias por el reconocimiento de sus derechos, y por lo tanto, y como lo plantea la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, no debería ser modificada sin el consentiemiento de quienes realmente viven esta problemática. Y por supuesto, no se convocó a las personas con discapacidad, ni a ninguna de sus organizaciones ante la propuesta de modificación.
Por eso, es que desde el colectivo vienen levantando la consigan de “Nada de nosotros, sin nosotros”. Las organizaciones deben formar parte de los espacios de decisión sobre las luchas que vienen llevando hace años. El gobierno provincial retrocede en los derechos conquistados acallando a estos colectivos.
Pero no son los únicos colectivos a los que el gobierno de Rodolfo Suárez busca acallar. Una ley similar, que pone la cabeza en manos del gobierno provincial, se votó respecto de la Comisión Contra la Tortura de Mendoza. Una ley que lleva, como quieren hacer con la Defensoría, a que no exista ningún tipo de control (en este caso de los Derechos Humanos que viola el propio gobierno en sus cárceles y demás lugares de encierro) por parte de organismos independientes.
¿Porqué se necesita una defensoría independiente?
No es un secreto para nadie que los derechos de las personas con discapacidad han sido ampliamente vulnerados, desde hace muchos años. Pero esta situación se mantiene y por supuesto empeora durante la pandemia. El colectivo de personas con discapacidad es uno de los más vulnerables y vulnerados en sus derechos, principalmente por los Estados Provincial y Nacional.
La vulneración de derechos para este colectivo es moneda corriente, recordemos sino, que en 2017, la gestión anterior había dado de baja miles de pensiones por invalidez ante la sospecha de manejos “corruptos” en su adjudicación, y modificó los requisitos para percibirlas. La quita, finalmente, se detuvo a partir de una medida cautelar presentada a los pocos meses, confirmada por la Cámara de la Seguridad Social. También se resolvió quitar la obligatoriedad del certificado medico digital. Según los nuevos funcionarios del área, ese documento constituyó una barrera que frenó el pago de unas 225.260 pensiones, entre las que unas 69.900 personas, de acuerdo a los cálculos oficiales, fallecieron a la espera de que avance el trámite.
Incluso en la provincia, durante el gobierno de Cornejo, se aplicaron las mismas políticas de ajuste que en la nación. Incluso se redujo la cantidad de personas con discapacidad trabajando en el Estado, producto del despido de personas insertadas laboralmente que el gobierno de Cornejo jubiló por incapacidad laboral. En cuanto al acceso a la salud, la no entrega de medicamentos por parte del programa federal Incluir Salud, dejó a muchas personas sin audífonos o sin garantizar los tratamientos.
Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos en el tiempo para ver cómo, el propio Estado y sus instituciones vulneran los derechos de este colectivo y no generan las políticas públicas necesarias para dar respuesta a sus necesidades.
Al comienzo de esta pandemia, los derechos de las personas con discapacidad (y de quienes trabajamos con ellas) fueron noticia, cuando a 20 días de dictarse el aislamiento social obligatorio la Superintendencia de Salud (que depende del Ministerio de Salud de la Nación) planteó que se recortarían varias de las prestaciones que este colectivo necesita, por no considerar el trabajo virtual como una posibilidad. Esto no sólo puso en riesgo el trabajo de miles de trabajadoras y trabajadores que día a día trabajamos en distintos aspectos de esta problemática (como en la salud y sus terapias, o como en la educación como es mi caso); sino que atentó directamente contra la continuidad terapéutica de las personas con discapacidad.
Y fue justamente por la organización y protesta de los prestadores, que trabajamos con personas con discapacidad y de los propios usuarios y sus familias, que tuvieron que dar marcha atrás con una resolución, que por supuesto vulneraba los derechos de las personas con discapacidad, y comenzar a reconocer la importancia de la continuidad terapéutica con modalidad virtual.
Pero no fue el único problema que las personas con discapacidad tuvieron que enfrentar en esta pandemia, desde marzo no han recibido ningún beneficio y por supuesto es uno de los sectores en los que más golpea la realidad. De hecho, las pensiones no contributivas por discapacidad, en nuestro país rondan los $12500 y no reciben el IFE, ya que no es compatible con sus paupérrimas pensiones. Otra de las exigencias, junto con que se incorpore a las personas con discapacidad en el IFE, que vienen levantando las organizaciones y las familias, es que se incorpore a las personas con discapacidad al programa de Tarjeta Alimentaria.
Estas demandas del colectivo, son fundamentales, porque para el gobierno nacional (ni para el provincial) han sido una prioridad las personas con discapacidad.
De hecho, las personas con discapacidad empezaron la cuarentena sin que el Estado cumpliera con lo que les corresponde. Por ley, el Estado debe garantizar un cupo del 4% en la administración pública a personas con discapacidad, pero aun así, desde la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad señalan que este piso está muy lejos de completarse, ya que actualmente solo alcanza el 1% .
De hecho, un informe del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la UNSAM y la ONDA, realizado con el objetivo de “revelar la experiencia de las personas con discapacidad durante la pandemia”, indica respecto al cupo laboral para personas con discapacidad, que “la realidad es que no llega al 1% en el sector público y en el privado representa tan sólo el 0,5%”.
Este informe que contó con la participación de más de 400 personas con discapacidad, nos arroja otros datos interesantes para pensar cuales son sus situaciones de vida durante la pandemia, El 77% de las personas entrevistadas, necesita apoyo o asistencia para la vida diaria. De estos, solo un 29% pudo continuar con su apoyo durante la cuarentena.
Sobre los que requieren tratamientos de salud, un 43% de los encuestados aludió a que no pudo continuarlo durante el aislamiento. De quienes estudian (47%), el 74% garantizó la continuidad de sus estudios durante la cuarentena en forma virtual. Y el 25% tuvo que interrumpir sus estudios.
La encuesta reveló, además, que el 73% de las personas con discapacidad encuestadas, no estaba trabajando, incluso antes de la pandemia. De los que sí trabajaban, sólo el 56% pudo continuar bajo modalidad online.
Todas estas cosas muestran la necesidad de que existan instituciones independientes del poder político de turno, que controlen al Estado, que tanto a nivel nacional como provincial es el principal responsable de no dar cumplimiento a los derechos de este colectivo.
Históricamente, las personas con discapacidad han visto sus derechos vulnerados, independientemente del signo político de los sucesivos gobiernos. Gobiernen peronistas o radicales, la situación de las personas con discapacidad no ha variado sustencialmente, como hemos visto. Por eso es fundamental la organización independiente del colectivo de personas con discapacidad y una defensoría que responda a los intereses de las personas y no a los del gobierno de turno.
Y sólo con la organización, como lo ha venido demostrando este colectivo a lo largo de la historia, es que se puede pelear contra un gobierno, como el de Rodolfo Suárez, que está más preocupado por anular los mecanismos de control logrados con la lucha de las organzaciones, que por las condiciones de vida, el derecho al empleo, a la salud y a la educación de las personas con discapacidad.
