El 28 de septiembre de 1871, Brasil sancionaba la ley de Libertad de Vientres, que consideraba personas libres a los hijos e hijas de las esclavas. En 1990, el V Encuentro Feminista Latinoamericano eligió esa fecha como el Día de la Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América latina y el Caribe, también conocido como Día de Acción Global por el acceso al Aborto Legal y Seguro.
Los únicos países de la región donde la interrupción voluntaria del embarazo no está penalizada son Cuba, Puerto Rico, Guyana y Uruguay. Está prohibido en todas las situaciones en República Dominicana, Haití, Surinam, Honduras, El Salvador y Nicaragua (algunos, como este último, desmontaron legislaciones para soldar sus alianzas con el clero). En el resto del continente, el aborto está criminalizado con algunas excepciones. Este mapa resulta en una virtual ciudadanía de segunda categoría para la mitad de la población y, sobre todo, en riesgos para la salud y la vida de la mayoría de las mujeres.
En un contexto de movilización contra la opresión y por el impacto de la marea verde argentina de 2018, el derecho al aborto se instaló entre los principales reclamos del feminismo y los movimientos de mujeres. Forma parte de agendas políticas tan diferentes como República Dominicana, Brasil, México o Argentina, que son hoy cuatro puntos calientes de debate en la región.
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