El pasado jueves 17, el ministro de Relaciones Exteriores, Andres Allamand (RN), y la ministra de Medio Ambiente, Carolina Schmindt, participaron en una reunión realizada entre integrantes de las comisiones de RR.EE. y de ambiente, con el propósito de entregar los argumentos de parte del gobierno de Piñera para no adherirse al Acuerdo de Escazú (Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe).
Además, tanto Allamand como Schmindt recalcaron que este tratado internacional es ”un tratado que vulnera la legislación chilena y dota de incertidumbre al Estado y a intereses privados”, apuntando además que “mezcla temas de derechos humanos con medio ambiente”.
En base a estas excusas, es que también han manifestado la importancia de que la coalición de Chile Vamos defienda su postura antes de que se cumpla el plazo que tienen los gobiernos de cada país de Latinoamérica, que es hasta el 26 de septiembre.
El acuerdo de Escazú se origina luego de que se realizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el desarrollo sustentable en Brasil en el año 2012, y luego de que los gobiernos de 24 países de la región mostraban interés en negociar y ser parte de este tratado, siendo los gobiernos de Chile y Costa Rica los principales impulsores de que se lleve a cabo esta instancia.
El principal objetivo del acuerdo es “garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano al desarrollo sostenible.”
Sin embargo, en septiembre del 2018, se han registrado 15 de las 24 firmas, en las cuales no se cuenta con la firma de parte del gobierno de Piñera. Por su parte, Carolina Schmidt argumentaba en ese entonces que “es una decisión tomada a solicitud de la Cancillería mientras realizan los análisis de resolución de litigios que es un problema más importante. No queremos que se ponga en peligro la soberanía de nuestro país”.
Con estas justificaciones, el gobierno opta por defender a toda costa los intereses de las transnacionales imperialistas que se han apropiado de los recursos naturales a punta de balas.
Durante los gobiernos de la derecha y la ex nueva mayoría se han registrado multitudinarias manifestaciones sobre la protección del medio ambiente ante la acción de empresas privadas en los territorios. La última década ha estado marcada por una variedad de proyectos extractivistas encabezados por firmas extranjeras y nacionales, que han afectado duramente la calidad de vida de las comunidades en los sectores afectados, principalmente en el sur de Chile.
Sin embargo, los casos sobre la muerte de activistas como Macarena Valdés, Alejandro Castro, al igual que muchos casos, que han muerto en circunstancias sospechosas, son el rostro visible de que el Estado y su policía defienden los intereses de los grandes empresarios depredadores de los recursos naturales del país. | 
