Desde el 18 de agosto organizaciones de trabajadores públicos celebraban el proyecto de ley que les confiere tutela laboral, un triunfo luego de años de controversias judiciales sobre la materia. Este proyecto les permitiría recurrir a la justicia en caso en donde se ven afectados derechos fundamentales de los trabajadores como la libertad de expresión.
El proyecto en lo concreto incorporaría a las relaciones laborales del sector público un procedimiento de tutela laboral consagrado en el artículo 485 del código del trabajo. Además, establece el beneficio a todos los trabajadores de la administración pública, incluido el Congreso Nacional, el Poder Judicial, el servicio electoral, Contraloría, etc.
Al implicar un beneficio y resguardo para tantos trabajadores, 350 mil, es que el Gobierno decidió vetar el día 16 de septiembre el proyecto para ingresarle una serie de modificaciones. El veto del ejecutivo propone que la Contraloría se haga cargo de la tutela laboral de los trabajadores, en vez del Estado. Además, busca establecer que los funcionarios de Fuerzas Armadas y de Orden no puedan invocar la tutela laboral.
Fuertes reacciones tuvo esta medida del ejecutivo que viene a dilatar el legítimo resguardo de los derechos fundamentales de los trabajadores del Estado, que hasta ahora han vivido en absoluta indefensión judicial ante los abusos de las autoridades políticas de turno, como consigna la declaración de la ANEF.
Lo que es cierto es que detrás del veto está la búsqueda empecinada del gobierno por atacar los derechos de los trabajadores, que desde la pandemia se han aprovechado para pasar leyes -y que el congreso ha aprobado-, que van en desmedro directo de las condiciones de trabajo, como la ley de “empleo seguro”. El veto permitiría la continuación de una práctica habitual en el sector público, el despido injustificado y arbitrario que se realiza una vez que se cambia un gobierno de turno.
Las condiciones laborales, en un país que se destaca por garantizar pocos derechos a sus trabajadores, van a ir en importante desmedro ahora que el gobierno y los empresarios buscan cargar sobre los trabajadores todos los costos de la crisis. En este escenario, pelear por derechos mínimos se hace más necesario aún, sin embargo, las peleas en lo legislativo sabemos cómo terminan, en pactos entre la derecha y la oposición, arreglando un poco los proyectos para que no afecten tanto a los trabajadores, cuando sabemos que en la realidad eso ha significado despidos, suspensiones y miseria en plena pandemia.
La lucha por cada uno de los derechos laborales debe darse por sobre todo desde las organizaciones de trabajadores, para demostrar la fuerza que se tiene y para que ,así, la ANEF y las distintas asociaciones del sector público y también privado propongan un paro nacional, como ocurrió en Noviembre de 2019, que le permita a la clase trabajadora luchar contra los despidos, la precarización de la vida y para que los costos de la crisis no la sigan pagando los mismos de siempre, los pobres. Por Pan, Salud y Trabajo es que los trabajadores se deben unir para pelear hoy por sus condiciones laborales y de vida.
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