Desde este domingo el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) está empezando a publicar en medios de todo el mundo la información filtrada de la FinCEN, unidad de inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (Financial Crimes Enforcement Network). Al igual que con los Panamá y Paradise Papers los documentos confidenciales fueron entregados a los medios por una fuente que no es pública. La diferencia en este caso es que los datos corresponden a algunos de los bancos más grandes del planeta como el Deutsche Bank, el JP Morgan y el HSBC. En medio de la crisis económica internacional y a pocos meses de las elecciones presidenciales en EE.UU. las consecuencias podrían ser de suma relevancia.
La investigación trata de alertas emitidas por las instituciones financieras sobre operaciones que podrían estar relacionadas con delitos. Estos comunicados en su gran mayoría no habían sido investigados y los bancos se quedaron con comisiones de estas operaciones que en total superan los 2 billones de dólares entre 2011 y 2017. El número puede ser difícil de dimensionar, es más de seis veces la deuda externa Argentina. Del total, 1,3 billones corresponden a operaciones realizadas mediante el Deutsche Bank (el banco más grande de Alemania) y 510.000 millones a través de el JP Morgan (uno de los principales bancos de EE.UU.). El revuelo provocó que este lunes la acción de Deutsche Bank cayera alrededor del 8% en la bolsa de Fráncfort y las acciones de HBSC perdieran más del 5% en Hong Kong, llegando a su nivel más bajo de 1995.
Los archivos sacan a la luz secretos financieros de una colección de políticos, narcotraficantes y empresas enjuiciados o sospechados de delitos financieros. Partiendo de documentos emitidos por los grandes bancos y centralizados por un organismo dependiente del Gobierno de EE.UU., la información refleja intereses de sectores dominantes de países imperialistas. Por ejemplo, uno de los que quedó expuesto es el exjefe de campaña de Donald Trump, Paul Manafort, quien ya había sido condenado por fraude y evasión. En su caso, el JP Morgan Chase reportó movimientos de fondos entre Manafort y sociedades “pantalla” en septiembre de 2017; es decir, después de que fuera acusado por lavar dinero y tener vinculaciones con Ucrania y Rusia.
Los documentos también revelan operatorias de un ex ministro de energía de Kazajstán; de la multimillonaria angoleña Isabel dos Santos, a quien los fiscales angoleños han acusado de fraude y lavado de dinero por USD 1.100 millones; y del asesor presidencial de Ucrania, Andriy Klyuyev, sancionado por la Unión Europea por presuntamente saquear fondos estatales, entre otros. En Venezuela están siendo difundidas los reportes guardados en la FinCEN sobre el empresario colombiano Alex Saab, a quien el gobierno de EE.UU. acusa de ser testaferro del presidente Nicolás Maduro.
La FinCEN almacena millones de informes que entidades financieras de distinto tipo están obligadas por Ley a emitir, los archivos filtrados son sólo una ínfima porción. Sin embargo, los documentos alcanzan para ver como el bajo control y las libertades permiten que el lavado de dinero se realice con facilidad gracias a los bancos. Al menos el 20% de los informes contenían un cliente con una dirección en uno de los principales paraísos financieros del mundo, las Islas Vírgenes Británicas y en la mitad de los reportes, los bancos no habían completado el proceso de identificar a las partes intervinientes. Los bancos cumplen con la formalidad mínima de transferir la información (y en la mayoría de los casos varios meses después de efectuada la operación) y la FinCEN se limita a acumular los archivos, eso es todo. Con este tipo de mecanismos no es de sorprender que, pese a las promesas de los Gobiernos y los bancos por cambiar la situación, los paraísos fiscales no paren de crecer.
Argentina aparece citada en 237 de los 2.100 informes de los FinCEN Files, con operaciones por casi US$50.000 millones. Empresas y empresarios, sociedades, funcionarios y celebridades aparecen vinculados a operaciones sospechosas que serán difundidas en los próximos días. Ya fueron publicados los casos de la agroexportadora Vicentin que fue eje de la polémica por la intención de Alberto Fernández de rescatarla pese a los fraudes cometidos por sus dueños y el de Marcelo Tinelli acusado de evadir impuestos mediante un giro a Islas Vírgenes.
Años atrás Vicentin había estado bajo la lupa de las autoridades de Estados Unidos por movimientos bancarios realizados por su filial en Paraguay. Un reporte bancario de operación sospechosa detalló que Glencore -la gigante suiza investigada en varios casos de corrupción - envió, entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina por al menos 12 millones de dólares.
Estos recursos que evaden pagar impuestos tanto en Argentina como en el conjunto del globo, podrían ser utilizados para aumentar los fondos que los Estados destinan a partidas claves en la situación actual como salud, vivienda y asistencia social, cambiando de forma sustancial la vida de millones de familias. Según la última estimación de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el costo regional de la evasión y elusión fiscal alcanzó un 6,3% del producto interno bruto (PIB) en 2017, lo que equivale a US$335 mil millones. En 2016, la Argentina dejó de recaudar US$ 21.406 millones de dólares por maniobras de evasión impositiva, según un informe publicado de la organización Tax Justice Network (TJN).
Los grandes empresarios acumulan grandes ganancias, mientras la pobreza crece al paso de la crisis económica y sanitaria. Como si no les alcanzara con fortunas que cualquier trabajador no podría obtener trabajando muchas vidas, evaden impuestos con la ayuda de los bancos. Es necesario la aplicación de un impuesto extraordinario a todos ellos para dar respuesta a las necesidades urgentes de la mayoría de la población y la unificación de los bancos en una banca estatal para terminar con las maniobras financieras evasivas.
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