Se trata de un libro de 77 páginas, con una gran cantidad de información e identificado con el logo de la Jefatura II de Inteligencia, órgano de Inteligencia del Estado Mayor, del que dependía por ejemplo el famoso y temible Batallón de Inteligencia 601 de Inteligencia.
Se encontraron, sin que mediara búsqueda, el pasado lunes en un placard dentro de la Secretaría de Planificación, una de las áreas en la que está dividida la AFI por la interventora Cristina Caamaño.
“El presente álbum tiene como finalidad servir para la detección, identificación y posterior neutralización de personal y material utilizado con fines subversivos”, indica sin vueltas una inscripción al inicio del libro.
Así lo dio a conocer la periodista Luciana Bertoia en Página|12, quien accedió a este documento, e indicó, por ejemplo, que la documentación se encuentra dividida entre mujeres y varones y a su vez en tres partes: la primera consta de fotos de los potenciales blancos, la segunda es el listado de nombres de las personas que estaban siendo buscadas por la dictadura y la tercera, un anexo de fotografías de elementos secuestrados en operativos realizados por los represores.
Figuran, entre los hombres, integrantes de la conducción de Montoneros como Roberto Perdía u Horacio Campiglia. También están, dentro de los blancos, el poeta Juan Gelman y el actor Norman Briski, o Eduardo Luis Duhalde, Rodolfo Mattarollo e Hipólito Solari Yrigoyen, abogados defensores de presos políticos. Fue una sorpresa la foto de Alberto Camps, cuyos hijos desconocían.
Entre las mujeres, algunas de las que se dieron a conocer son Sara Derotier de Cobacho, la actriz y escritora Lidia Massaferro, también están las fotos de Cristina y Gloria Bidegain, hijas del gobernador bonaerense Oscar Raúl Bidegain entre tantas otras.
Qué fue la Jefatura de Inteligencia II del Estado Mayor del Ejército
Era el mayor órgano de inteligencia de la dictadura. De la Jefatura II dependía el Batallón de Inteligencia 601, cuya Central de Reunión estaba conformada por los servicios de inteligencia de las distintas fuerzas armadas y de seguridad.
“Sin duda alguna, la Jefatura II venía a ser como la mano derecha de la Junta Militar”, señaló el juez Rafecas a Página12. En una entrevista publicada este lunes, relató también que “había una aceitada interacción entre esta Jefatura y (Jorge Rafael) Videla como comandante en jefe del Ejército. La Jefatura II tuvo un rol fundamental en el diseño o la arquitectura del plan de represión, en la medida en que, por un lado, era el área encargada de generar ‘los blancos’ u ‘objetivos’ en términos militares”.
Esto puede verse precisamente en los documentos encontrados, que confirman lo que se sabe hasta el momento de este órgano que era parte de la mayor jerarquía en la estructura represiva de la dictadura. Los “blancos” u “objetivos”, eran en su mayoría integrantes de organizaciones, activistas, estudiantes, obreros, intelectuales, que luego de haber sido infiltradas e “investigadas”, eran secuestrados y llevados a los centros de tortura y exterminio, donde eran interrogados bajo los métodos más brutales por, en muchos casos, el mismo personal de inteligencia.
Ninguno de los integrantes de la Jefatura II del Estado Mayor fue condenado ni llevada a juicio. El general Carlos Alberto Martínez fue procesado por el juez Rafecas por su desempeño como titular de la Jefatura II desde 1976 y hasta 1978.
En enero de ese año, Martínez pasó a comandar la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) a la que volvería en 1989, cuando fue nombrado como Director de la Escuela de Inteligencia por Juan Bautista Yofre. También bajo su mando había funcionado el Batallón 601.
Se encontró material de inteligencia durante un allanamiento en su vivienda y fue imputado, en diciembre de 2012, por delitos de lesa humanidad contra 1194 víctimas, ocurridos en jurisdicción del Primer Cuerpo de Ejército, que incluyó los centros clandestinos Banco, Atlético, Olimpo, Vesubio, Superintendencia de Coordinación Federal, Garaje Azopardo, Automotores Orletti, Sheraton, entre otros
Falleció antes de ser llevado a juicio. El cerebro de la inteligencia genocida estuvo durante 28 años de gobiernos constitucionales, sin siquiera un procesamiento.
Lo mismo ocurrió con otros generales y coroneles que se logró identificar. La biología con la ayuda de la demora en llevar adelante los juicios de lesa humanidad fue garante de la impunidad para quienes integraban las altas jerarquías de la inteligencia interna durante la dictadura.
“Pasan los gobiernos, pero la comunidad informativa sigue”
Esta frase no deja de resonar cada vez que se habla de espionaje, de inteligencia ilegal, de archivos de la dictadura. Fue pronunciada por Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA, en su testimonio durante el juicio a genocidas del centro clandestino de la Marina por el que pasaron alrededor de 5000 detenidos desaparecidos.
Como siempre recuerda la abogada y actual diputada porteña del
Frente de Izquierda Myriam Bregman, querellante en ese juicio, eso se lo dijo amenazante a Basterra un represor cuando es liberado de la ESMA en diciembre de 1983: “Bueno, te vas a tu casa, no te muevas de tu casa y no te hagas el pelotudo porque los Gobiernos pasan, pero la comunidad informativa siempre queda.”
El caso de Martínez, que pasó de la Jefatura II a la SIDE durante la dictadura, de ahí al Batallón 601 y después regresa a la SIDE durante el menemismo es demostración de ello.
Los archivos que se encontraron la semana pasada en la AFI, confeccionados por la unidad a cargo de Martínez entre 1976 y 1978 también lo ponen de manifiesto.
Los archivos están. Ahí, al alcance de la mano. Estaban en un placard, no cientos de metros bajo tierra. Fueron hallados sin ser buscados.
El reclamo de la apertura de los archivos de la dictadura es histórico entre los organismos de derechos humanos, los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.
En abril de 2019, junto a Roberto Santucho, Patricia Walsh, Alejandrina Barry y Andrea Robles, presentamos ante la AFI un pedido para que abran los archivos que hubiera en su poder sobre nuestros familiares. Lamentablemente, nos encontramos con casi nula información, y ya contábamos con la que nos entregaron.
El pacto de silencio entre los militares y todo el personal que fue parte del entramado de la dictadura cívico-militar-eclesiástico es de hierro. La política estatal de seguir manteniéndolos ocultos, salvo casos puntuales o hallazgos resonantes como el que motiva esta nota, es una enorme traba para, entre otras cosas, conocer el destino de nuestros desaparecidos, el de los 500 bebés apropiados, El acceso a la verdad depende de que una y otra vez sean los sobrevivientes y familiares los encargados de buscar y encontrar esa verdad.
Hasta ahora, desde la caída de la dictadura, todos los gobiernos se han negado su apertura, por las consecuencias políticas de esa “continuidad informativa”. El caso de Milani, por ejemplo, es evidente: al salir a la luz su historia se cuestionó al propio jefe del Ejército.
Durante todos los años de gobiernos kirchneristas, reivindicándose "de los derechos humanos", ¿esos libros estuvieron en ese mismo placard entre 2003 y 2015 en la SIDE, Secretaría de Inteligencia (SI) luego AFI? ¿Qué más sabe Stiusso, el capo en las sombras, Parrilli y el resto de los jefes de la Inteligencia? ¿Cuántos más hay? ¿Seguirán "apareciendo" fruto de la casualidad?
Es hora de que el Estado entregue los archivos. No se puede esperar más.
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