La medida de asistencia que promovía el funcionario, pero de la que nada se sabía acerca de su monto, a quiénes alcanzaría o cuántos recursos serían destinados para ella, fue descartada como una posibilidad. Así lo reconoció el propio ministro, quien planteó que a pesar de que “hoy las condiciones fiscales no den, se irá en esa dirección”.
Una definición que no es más que pura incertidumbre para millones de personas y familias que vieron fuertemente golpeados sus ingresos en medio de la crisis y la pandemia. Un reconocimiento de donde seguirá poniendo las prioridades el gobierno en medio del aumento de la pobreza que afecta a casi la mitad de la población argentina y que Unicef alerta que podría llegar al 68 % de los niños para fin de año.
El “sinceramiento” del ministro se da en momentos en que se debate el presupuesto de 2021 en el Congreso. En el proyecto presentado por el oficialismo se prevé un fuerte recorte en términos reales a la asistencia social y a nada menos que a la salud. Además se da por descontado que para el año entrante no habrá más Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), el cual consiste en un insuficiente monto de $ 10.000 por familia y alcanza a 9 millones de personas. Aún se desconoce si se extenderá al mes de septiembre.
El presupuesto presentado por el ministro de economía Martín Guzmán representa un recorte del 12 % en asistencia social, principalmente por el fin del IFE, y del 10 % en un área clave como salud. Los servicios de deuda ahí calculados implican cuatro veces lo adjudicado a Vivienda y Urbanismo, en medio de la crisis habitacional que emerge con las tomas de tierras.
A pesar de ser el IFE y el potencial Ingreso Universal de Base políticas totalmente insuficientes para paliar la pobreza estructural en el país que sufren millones de familias, desde el gobierno se deja ver una vez más donde prioriza destinar los recursos. Desde que comenzó el mandato, el oficialismo decidió pagar 4.500 millones de dólares de deuda a los grandes especuladores internacionales, mientras continuó la fuga de capitales por casi 2.000 millones de dólares.
En paralelo el gobierno se encuentra negociando con el FMI, el cual impondrá mayores condiciones de ajuste, donde el presupuesto presentado es una "muestra" de que cumplirán con lo que se les pida. El impuesto a las grandes fortunas sigue aún sin tratarse, a pesar de llegar tarde y ser insuficiente, dejando intactas las ganancias de grandes ganadores de siempre como los bancos y las privatizadas de los servicios.
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