La Comisión Europea comienza a revelar lo que serán sus exigencias al Estado español a cambio de recibir los fondos no reembolsables de recuperación destinados a paliar las consecuencias del Covid-19. El cuento de hadas que nos había pintado el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos, en el sentido de que no habría ninguna condicionalidad, más allá de destinar los fondos de recuperación post-pandemia a los objetivos de desarrollo económico delimitados desde la Comisión, se ha desvanecido como lágrimas en la lluvia.
Ante el ultimátum de la UE que se deriva de la nueva condicionalidad, más bien parece que los ataques a los derechos económicos y sociales de la clase trabajadora se van a producir de manera inminente por el Gobierno “más progresistas de la historia”. Ahí está el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, moviéndose rápido para que el Pacto de Toledo avale una dura profundización de la reforma de las pensiones. Y más pronto que tarde, dada la necesidad urgente de recibir estos recursos de la UE a fondo perdido para paliar el enorme agujero de las finanzas públicas españolas -que alcanzará los dos dígitos según todas las previsiones-, se van a producir profundos recortes contra otros derechos sociales y laborales. Porque esa es la única manera de cumplir con las demandas de Bruselas.
Todo el dibujo de lo que serán las reformas estructurales exigidas desde la Comisión de la UE se han pergeñado en una nueva guía y en el borrador de reglamento que está terminando de perfilar. En estos documentos, recién aparecidos a finales de la semana pasada, se indica lo que se exigirá para recibir las ayudas no reembolsables. Entre otras, el cumplimiento de las recomendaciones de reformas que venían desde Bruselas y que, por ahora según el criterio de la Comisión, no se han cumplido. Es decir, se confirma que habrá que realizar de manera urgente las reformas estructurales que desde Bruselas se vienen demandando.
Ayudas a fondo perdido condicionadas a reformas estructurales
El Estado español recibiría según las previsiones hasta 43.480 millones de euros en subvenciones directas no reembolsables entre 2021 y 2022. Más otros 15.688 millones en 2023. Esto supone que sería el segundo país europeo por volumen de ayudas asignadas, dado que recibiría unos 60.000 millones en subvenciones a fondo perdido, solo por debajo de Italia que prevé recibir 65.456 millones de euros.
Estos fondos, y demostrar la finalidad del gasto era el único control que el Gobierno de Pedro Sánchez decía que iba a tener para disponer del dinero, tienen que ir destinados a fomentar las energías renovables, impulsar la eficiencia energética en edificios, desarrollar un transporte limpio y sostenible, la implementación de la tecnología digital desplegando el bando de ancha de internet y la nueva generación de móviles del 5G, o el fomento de la educación profesional. Es decir, lo que se conoce como el desarrollo de las energías verdes y la agenda digital.
Sin embargo, lo cierto es que como hemos señalado más arriba, ahora la Comisión Europea ha incidido en que también se deben cumplir las recomendaciones económicas que desde Bruselas se hacen cada año y, sobre todo, las relativas a 2019 y 2020.
Estas directrices, las de 2020, en el caso del Estado español pasaban por tomar las medidas necesarias para atajar la pandemia, salvaguardar el empleo y fortalecer el estado sanitario. Pero junto a esto, en 2019 Bruselas planteó otras cuestiones que tienen que ver con reformas estructurales que afectan directamente a derechos laborales y sociales de las y los trabajadores. Entre otros, la garantía de sostenibilidad del sistema de pensiones y facilitar e impulsar mucho más la contratación indefinida.
El procedimiento, además, parece que se complejiza y se hace más exigente. Ahora no solo hay que demostrar que se van cumpliendo los hitos establecidos y que las inversiones se van realizando, para ir liberando los fondos, sino que ahora: “los Estados miembros deberían examinar el paquete completo de recomendaciones específicas dirigidos a ellos por el Consejo, en particular bajo los ciclos de 2019 y 2020. A menos que la Comisión haya identificado en estas recomendaciones un “progreso sustancia o una implementación completa”, todas deben ser consideradas relevantes. Los Estados deberían proporcionar una explicación detallada de cómo se va a responder a las recomendaciones con las medidas propuestas”, se señala en la guía de la Comisión Europea.
Además, Bruselas ha establecido un sistema de “rating” o semáforos, muy exigente. Este sistema hará que haya que examinar hasta ocho puntos de los planes de inversiones y reformas (cambios exigidos por recomendaciones, la transición verde, la digitalización, etc.). A cada uno de ellos se les dará una calificación, A, B o C. Y para lograr ir liberando los fondos que se irán dando progresivamente, según se justifican, no hay que obtener ni una sola C y, en cualquier caso, más grados A que B. Todo un galimatías para tener contra las cuerdas, en este caso, al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, que tendrán que cumplir a rajatabla las condiciones y recortes de la Comisión Europea.
Nuevo ataque a las pensiones y nueva contrarreforma laboral
Dentro de estas reformas exigidas desde Bruselas, destaca de manera fundamental la exigencia de “preservar la sostenibilidad del sistema de pensiones” y “fortalecer el marco presupuestario”. Esto significa ni más ni menos que el Gobierno “progre” de coalición tendrá que realizar recortes en las pensiones que reduzcan el déficit de 22.000 millones de euros actualmente existente. De hecho, la comisión del Pacto de Toledo viene reuniéndose a puerta cerrada hace días, para dibujar el nuevo esquema de lo que será el futuro pacto de las pensiones y que es evidente, supondrá nuevos recortes en las pensiones.
De momento el ministro de Seguridad Social ha hablado de ampliar la edad real de jubilación, insinuando también de fondo medidas incluso para ampliarla por encima de los 67 años actuales. Todo pese a que la media de la UE en gasto de pensiones es un 12,4% y el Estado español actualmente tiene un gasto del 10,9% sobre su PIB. Asimismo, el supuesto déficit de las pensiones en realidad se debe al pago de “gastos impropios” que no son estrictamente pensiones por jubilación.
Las perspectivas no son muy favorables dado que la Comisión evalúa la actuación del Gobierno español respecto al cumplimiento de las reformas estructurales, como que no ha habido “ningún avance”. Además, también se hace alusión al marco presupuestario, lo cual parece querer decir que tampoco se deja de lado la necesidad de reducir lo antes posible la deuda y el déficit público.
Asimismo, para el fortalecimiento de la contratación indefinida, otra de las exigencias señaladas desde Bruselas, se dice que existen “avances muy limitados”. Esto supone, entre otras cosas, con casi toda seguridad desempolvar los proyectos de la denominada “Agenda Social” de los social liberales del PSOE que figuraba en su programa político, tales como la “mochila austriaca”, que implica un fondo que el propio trabajador se iría generando para pagarse su propio despido. Y, sin duda, la reducción de las modalidades contractuales existentes de cara a flexibilizar, facilitar y abaratar aún más los despidos al dejar los contratos indefinidos en letra muerta. Se convertirán la mayoría en indefinidos, eso es cierto, pero de facto serán siempre temporales al reducir las indemnizaciones por despido y/o ser sufragadas por el propio trabajador. Esto convertirá la precarización laboral y la explotación máxima de las y los trabajadores por los empresarios, aún más que en la actualidad, en el principio básico de las relaciones laborales.
Así, la presidenta de la Comisión Úrsula von der Leyen remachando la obligatoriedad de las reformas estructurales para acceder a los fondos, en una información dirigida a los medios de comunicación, señaló que más allá de las prioridades establecidas para la distribución de los recursos del fondo de 140.000 millones, energías verdes y agenda digital, hay que tener en cuenta las recomendaciones del Semestre Europeo. Lo que quiere decir que, aunque se produzca una relativa relajación en material fiscal, a cambio se solicitarán reformas estructurales de calado.
De este modo, el Gobierno PSOE-Unidas Podemos se verá impelido a llevar a cabo las reformas neoliberales exigidas por Bruselas en materias sociales tan sensibles como pensiones o reformas laborales.
Necesitamos un programa de emergencia
No podemos confiar en el Gobierno social liberal del PSOE y Unidas Podemos que viene adoptando para combatir la crisis del Covid-19 medidas de salvataje a las grandes empresas y entidades financieras por cientos de miles de millones de euros, que han abierto un boquete en las cuentas púbicas que tendremos que cerrar a costa de recortes y padecimientos de las clases populares en un futuro no muy lejano. Mientras ofrece solo migajas, como el Ingreso Mínimo Vital o los ERTE a las y los trabajadores que no son más que parches, como demuestran las denominadas “colas del hambre”. Siendo incapaces incluso de aplicar un impuesto extraordinario a las grandes fortunas de los capitalistas españoles que siguen incrementando su riqueza en plena pandemia.
Solamente levantando un programa de emergencia y rescate social en favor de la clase trabajadora y las clases populares. Basado en un calendario de movilizaciones en la calle, unificando los conflictos e impulsado sobre la base de la organización de asambleas en los barrios, centros de trabajo y centros de enseñanza que impulse la lucha hacia una huelga general, puede parar los ataques y plantear la vía hacia un gobierno de las trabajadoras y trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.
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