Este martes, Sebastian Piñera anunció no firmar el Acuerdo de Escazú, acuerdo que fue impulsado por Chile y Costa Rica en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en el año 2012.
Sin embargo, esta decisión fue trazada en septiembre del 2018, cuando Carolina Schmidt, ministra de Medioambiente, anunció que Chile postergaba la firma del tratado.
El Acuerdo de Escazú es un acuerdo internacional que busca mejorar el acceso de información ambiental donde cualquier persona puede solicitarla, acceso a la justicia y participación pública en la toma de decisiones medioambientales en los países de América Latina y de El Caribe. Por lo que la decisión del Gobierno fue ampliamente criticada por organizaciones medioambientales como Greenpeace y organismos internacionales como la CEPAL.
El argumento de fondo de La Moneda para rechazar este acuerdo, es la incertidumbre que genera en la justicia y la exposición del país en los tribunales por la aplicación directa de sus normas y el carácter ambiguo de las mismas. Así lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores, Andrés Allamand (RN) quien afirmó que: “inconveniente la suscripción del Acuerdo de Escazú atendida la ambigüedad y amplitud de sus términos, su eventual autoejecutabilidad y la obligatoriedad de sus normas que prevalecerían por sobre la legislación medioambiental interna, todo lo cual generará una creciente judicialización de los procedimientos ambientales y planteará un cuadro global de grave incertidumbre jurídica”.
Lo cierto es que Chile presenta 117 conflictos medioambientales que perjudican a un 32% del territorio indígena y a un 27% de la población con nivel de pobreza, según el último registro del Mapa de Conflictos Socioambientales del INDH. Por lo que el Acuerdo de Escazú podría visibilizar las graves vulneraciones a los derechos humanos en materia medioambiental, pero se encontraría imposibilitado para resolver los conflictos socioambientales debido a que las grandes empresas extractivistas se encuentran controladas por capitales extranjeros y latifundistas. Más aún, cuando el TPP-11 aún se encuentra en pausa para ser ratificado en el Congreso.
El problema de Soberanía
Mientras el proceso constituyente avanza en miras hacia este 25 de octubre, la ley 21.200 prohíbe tocar los tratados internacionales. Esto, claramente afecta a que este proceso se dirija hacia una Asamblea Constituyente Libre Soberana, sino más bien a un acuerdo para asegurar las ganancias empresariales bajo la democracia "a medida de lo posible".
Es por esto, que la protección hacia el medioambiente y la preservación de los recursos estratégicos debe ser discutido a fondo. Hay que terminar con el saqueo ambiental, nacionalizando los recursos naturales bajo control de los trabajadores y comunidades para poner las ganancias en función de las necesidades sociales.
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