Durante la pandemia las ocupaciones en el conurbano se intensificaron. Cientos de tomas de tierras tuvieron lugar en Quilmes, La Matanza, José C. Paz, Moreno, Florencio Varela, San Martín, Merlo, San Fernando, entre otros municipios. La mayoría de ellas resultaron repelidas sin violencia por la rápida intervención de las autoridades, mientras otras fueron reprimidas con saña.
Según el ministerio de Seguridad provincial, a día de hoy existen seis tomas grandes judicializadas, cuya resolución debe tramitarse en los próximos días: dos predios en La Plata, dos en La Matanza, uno en Moreno, y la más emblemática de Presidente Perón, más conocida como “Guernica”.
Estaba previsto para hoy un desalojo de la toma y finalmente se pospuso unos días. Para conversar sobre el trasfondo de este conflicto nos comunicamos con Mario Santucho, que coordinó la investigación “El conflicto por la tierra en Guernica”, publicada este domingo en la Revista Crisis, por el Equipo de Investigación Política (EdIPo).
Sobre el conflicto de toma de tierras en Guernica, Santucho cuenta que la intención fue “tratar de darle voz y potenciar el reclamo de estos sectores”, pero sin dejar afuera “a otro sector, a quiénes son los supuestos propietarios legítimos que el juez, el gobierno, los medios de comunicación, ponen como dueños indiscutidos”.
“Aparecen como víctimas, pero yo creo que hay que politizar la discusión”, dice Santucho, y destaca que “en la investigación lo que vimos es que son cinco sujetos que reclaman el terreno: dos empresas muy grandes y tres propietarios más chicos”.
Además, detalla que “dos de los sectores de la toma son reclamados por personas vinculadas al poder político del municipio”, cuya intendenta Blanca Cantero “es esposa de Carlos Acuña, dirigente del triunvirato de la CGT”. “El problema pasó a mayores cuando la toma se extendió a una parcela única que tiene como propietaria a la familia Pérez Pesado de La Plata, con negocios inmobiliarios y financieros, y El Bellaco S.A., una de sus empresas”, que tiene 360 hectáreas en las que “empezó a construir, en un sector, la traza del barrio para un country, aunque su proyecto es desarrollar cuatro barrios más, con clubes de golf, rugby, lagos, hockey”.
“Hay también una señora, cuyo hijo es concejal del PRO, que también está en la causa pidiendo el desalojo, aunque en su territorio no hay ocupantes”, cuenta Santucho, y enfatiza que “seguimos tratando de investigar todavía, porque hay que ver cómo llegan estas empresas al territorio”.
Además, Santucho cuenta que “el fiscal, cuyo apellido es Juan Cruz Condomí Alcorta, tiene un historial. Fue nombrado por María del Carmen Calvo, muy ligada a los negocios del peronismo en la provincia, y parece ser también un fiscal muy ligado al duhaldista Luis Geneaux, que hoy es presidente de la Corte Suprema de la provincia”. “En el informe contamos por ejemplo que tuvo que ver con el ocultamiento de la información sobre la cantidad de muertos en las inundaciones de La Plata, con el hostigamiento a los trabajadores del Astillero Río Santiago, y ayer cuando llevamos el informe a Guernica nos contaban que también estuvo implicado en el encubrimiento de la desaparición y posible femicidio de una joven”.
Finalmente, Santucho advierte que “lo que está en juego acá, además de la trama política, es el tema de la tierra en la provincia de Buenos Aires”. “Es un caso testigo de cómo se enfrentan dos modelos de urbanización, de poblar el territorio: cómo los sectores populares acceden a derechos básicos como la vivienda, que se va a profundizar en el marco de la pandemia, y por otro lado este avance, esta especulación inmobiliaria, que en las últimas semanas se ha intensificado”. “La pregunta es qué va a hacer el Estado ante esto, que se va a profundizar, porque hay un sector que no se cuestiona, y si no se agujerea este consenso la lógica represiva se va a profundizar” |
