El déficit habitacional, las villas y asentamientos, conviven con el aumento del negocio inmobiliario y la especulación. Según declaraciones de Gastón Fossati, titular de ARBA durante el Gobierno de Vidal, en la provincia de Buenos Aires existen cerca de 1000 countries y casi 600 de ellos figuran como terrenos baldíos y no pagan los impuestos que deberían.
Pero si de negocios hablamos: ¿te preguntaste quiénes son los que reclaman el desalojo de los terrenos de Guernica?
El grupo inversor Bellaco S.A. es uno de los principales denunciantes y tiene unas 360 hectáreas donde ya comenzó la construcción de un lujoso complejo de barrios privados y un nuevo predio para el selecto club San Cirano de rugby. La nueva sede tendrá 7 canchas de rugby, 3 canchas sintéticas de hockey, una de fútbol, 3 de tenis, piscina, vestuarios, estacionamiento, confitería y restaurante. Mientras que el Country contará con cuatro barrios e incluirá 30 canchas de tenis, 6 de fútbol, gimnasio, spa, tres lagunas artificiales para deportes náuticos, más los club house deportivo y social. También tendrá un sector comercial y está prevista una segunda etapa con una oferta de condominios con vista a las tres lagunas, que ocuparán una superficie de 40 hectáreas.
A pesar de la millonaria inversión prevista para el emprendimiento, existe una particularidad: la firma Bellaco S.A. dejó de pagar el impuesto inmobiliario desde 2018 y acumula una deuda con ARBA de casi un millón de pesos. Por si fuera poco, hace más de un año dejó de pagar el seguro y la obra social de sus empleados.
Nidia Edith Desplats, presidenta de la firma Liorsel S.A. es otra de las denunciantes, aunque sus tierras no están ocupadas. Es titular de un amplio terreno de 350 hectáreas que conforman la finca El Trébol, lindante con los terrenos de El Bellaco. La denuncia fue radicada por su hijo Guido Giana, exgerente financiero del PAMI durante la gestión de Cambiemos y actual concejal por el PRO en Presidente Perón .
Estos son los negocios inmobiliarios que defienden la intendenta Blanca Cantero, junto al juez Matias Rizzo y el fiscal Condomí Alcorta. Mientras tanto 2.500 familias y 3.000 niñes pelean por su derecho a la vivienda aguantando el frío, el hambre y el hostigamiento policial. |
