Juan Carlos Campo dio hoy una de las noticias de portada. En su intervención en el Congreso en respuesta a una pregunta realizada por Laura Borràs, el ministro dio a conocer que la semana que viene comenzaría las tramitaciones sobre las peticiones de indulto a las presas y los presos independentistas catalanes. Campo respondía así a las acusaciones que le lanzó la portavoz de JxCat sobre la judicialización de la política y a la interpelación que hacía al Gobierno sobre sus medidas “ante la deriva de la Justicia”.
Horas después, el ministro ha reconocido en los medios que lo que señaló en su intervención es “la iniciación de un proceso obligado legalmente” mientras que la revisión de los delitos de sedición y rebelión son “un compromiso del Gobierno”.
Jaume Asens, presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos y socios del PSOE en el Gobierno, ha declarado que es posible que la reforma del Código Penal sea una realidad antes que los indultos, por lo que sostuvo que los presos políticos podrían recuperar su libertad antes por esa vía. Y se esmeró en presentar la tramitación de los indultos como un cambio de línea del Gobierno, señalando que “este paso tiene que interpretarse en una serie de pasos destinados a permitir desencallar y desbloquear un conflicto que desestabiliza la gobernabilidad y exige tender puentes donde antes había trincheras”.
Los procedimientos de indulto son personalizados y pueden durar un periodo de entre 6 y 10 meses en los que entre otras cosas, se incluirá una consulta al Tribunal Supremo como tribunal sentenciador y a la Fiscalía, así como los ya anunciados recursos en contra de la derecha. Un camino nada fácil.
Borras, ha reconocido que las declaraciones del ministro la han cogido por sorpresa. Y a la vez que señaló que “sería una buena noticia”, matizó que el hecho de que se hayan comenzado a tramitar los indultos no significa que se los vayan a conceder. Por otro lado, sostuvo que la amnistía es la mejor fórmula en referencia a los presos, exiliados y los “más de 2.850 represaliados” para una verdadera solución del conflicto político.
La portavoz Marta Vilalta, por ERC, negó que la tramitación de las peticiones de indultos sea un “gesto” del Gobierno, sino que se trata de un trámite que marca la ley como reconoció el propio ministro sobre las peticiones de indultos hechas por terceros y, al igual que Borrás y en la misma línea que las declaraciones de Omnium Cultural y la ANC, reivindicó que la solución al conflicto catalán pasa por la “amnistía” y la autodeterminación.
Más allá de los titulares y de lo sorpresivo del anuncio que ocupó las portadas de todos los diarios, lo que representaría la línea del Gobierno como parte de una estrategia de desescalada es la reforma del Código Penal que pretende tener antes de fin de año.
Pero no se puede ocultar el sol con la mano, las presas y los presos políticos catalanes llevan más de dos años en prisión y han soportado un juicio farsa que quedará en la historia. Las postales de la represión policial y judicial quedarán en la memoria de muchos y aún hay casi 3.000 represaliados que los indultos planteados ni mencionan.
Sobre la reforma del código penal, en el que vienen “trabajando hace meses”, Campo ha señalado la necesidad de que las tipificaciones penales se ajusten “de una manera mucho más moderna y actualizada”. Sin embargo, el camino de la reforma del Código Penal no parece menos sinuoso y difícil que el de los indultos.
Sin duda, ambos generarán reacciones en el “bunker” y la “caverna” del régimen. El PP y VOX ya han anunciado que si se conceden los indultos recurrirán a la justicia al igual que ante la reforma del código penal. Mientras, los ultraderechistas de VOX acusan al “Gobierno social-comunista” de permitir “la consumación del golpe de Estado que se perpetró en Cataluña en 2017”.
Más allá de los golpes de efecto mediáticos, el gobierno busca aflojar la tensión con Catalunya y quizás buscar un acercamiento con ERC, Bildu y el PNV de cara a la tramitación de los presupuestos. Suma puntos también la posibilidad de que en Catalunya acabe habiendo un gobierno alternativo al de Torra, con ERC y los Comunes junto a la abstención del PSC o incluso participando dentro del mismo.
Pero de conjunto, más allá de las hipótesis de los realineamientos de cara a la búsqueda de “la gobernabilidad” en temas de corto plazo como los presupuestos o un gobierno en Catalunya, Moncloa busca más a largo plazo la desactivación y el desvío definitivo del enorme movimiento democrático en Catalunya a favor de ejercer el derecho de autodeterminación y conquistar una república independiente.
Una desactivación que no hubiera sido posible sin el peso de la represión, de la aplicación del 155 y de la persecución judicial de la que el PSOE fue parte activa junto al PP y el bunker del 78; sobre lo cual Podemos ha sido cómplice tanto por su “equidistancia” como por ser flanco izquierdo del gobierno de Sánchez.
El derecho a la autodeterminación es aún negado a cal y canto incluso por los “progresistas”, en defensa de un régimen carcelario de pueblos que encumbra a una monarquía corrupta e impune, todo al servicio de una elite económica parasitaria. | 
