El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dio a conocer este miércoles los nuevos datos sobre desempleo.
Según la información oficial, la desocupación subió a sus peores valores en 16 años, al haberse elevado al 13,1 %. En números absolutos, son 2,3 millones de personas que buscan trabajo y no encuentran. El porcentaje en realidad sería mayor si no fuera porque, por la pandemia, mucha gente no salió a buscar empleo.
Esta información se suma a otros indicadores sociales que revisten mucha gravedad. De acuerdo a estimaciones del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, la pobreza en la Argentina habría llegado al 44,7 % de población en el segundo trimestre de 2020, mientras que la indigencia habría subido al 10,3%.
Más duro aún, Unicef Argentina proyecta que, a fines de 2020, el 62,9 % de los chicos del país será pobre.
En las últimas semanas, las tomas de terrenos por parte de familias sin techo en el Gran Buenos Aires y en distintos puntos del país puso al desnudo el dramatismo de la crisis social para millones, que se contrapone al negocio inmobiliario de unos pocos.
Mientras tanto, también el salario de los trabajadores ocupados se encuentra en deterioro, dado el congelamiento salarial que tiene lugar para la gran mayoría. Durante la pandemia, los salarios cayeron un 4,6 % frente a la inflación entre febrero y junio. Y se estima que el retroceso podría llegar al 10 % durante el 2020, luego de la pérdida de un 8,3 % del poder de compra en 2019
La culpa no es del virus
Como en cada crisis, hay ganadores y perdedores. Al principio de la pandemia, el presidente Alberto Fernández había planteado que para evitar que hubiera 100.000 muertos había que estar dispuestos a que aumentara un 10 % la pobreza.
Sin embargo, aquel planteo encerraba una trampa. El camino al deterioro social a niveles récord no es una consecuencia inevitable de la inesperada pandemia de coronavirus sino que surge de las decisiones tomadas. Decisiones tomadas en función de prioridades según las cuales se asignan los fondos, porque recursos hay.
En estos meses, mientras millones se hundían en esta situación, algunos de los poderosos de siempre continuaron ganando.
La derecha y los poderosos siempre tuvieron en claro que habría una disputa por quién pagaría la crisis y salieron a movilizarse para defender la propiedad privada de los grandes empresarios fraudulentos en Vicentín; hicieron banderazos permanentes de la mano de Juntos por el Cambio; estuvieron a la par de Sergio Berni y Sergio Massa para pedir mano dura y, por su parte, la Policía Bonaerense hizo un chantaje armado para conseguir un aumento que ningún trabajador consiguió.
El Gobierno fue cediendo y retrocediendo cada vez ante estos planteos, incluso a veces alentándolos por coincidir con los mismos. Por eso, en estos meses a los especuladores del capital financiero internacional se le pagaron más de 4000 millones de dólares de una deuda trucha; a los bancos, las privatizadas o los sojeros no se les afectó en nada sus intereses; el impuesto a las grandes fortunas, aún no votado, llega tarde, es escaso y no les toca un pelo a los grandes ganadores que vivieron de fiesta durante el macrismo. Pero además, esto continuará: el proyecto de Presupuesto 2021 ya anunció que habrá más ajuste y se empezaron las negociaciones con el FMI para seguir pagando una deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Incluso el IFE, a pesar de que ya de por sí era insuficiente, será eliminado.
Por eso, ante la crisis el PTS y el Frente de Izquierda plantearon otro camino para evitar el desastre, empezando por la necesidad de imponerle a las cúpulas de la CGT, la CTA, los sindicatos, centros de estudiantes y organizaciones sociales que salgan de la pasividad de sus cómodos sillones a luchar contra los despidos, las suspensiones, el deterioro del salario o el apoyo a la lucha por la vivienda, planteando también la necesidad de pelear por medidas sanitarias de emergencia como los tests masivos, la centralización del sistema de salud o los protocolos en los lugares de trabajo.
Frente a las tomas en Guernica y en otros lugares, es necesario en primer lugar rechazar la represión y pelear para que se declaren de utilidad pública los terrenos y sean expropiados por el Estado como parte de plan de urbanización y vivienda. Un plan que, controlado por delegados de quienes hoy están en la ocupación, empiece por atender las necesidades más urgentes.
Pero también desde el Congreso Nacional y con una gran campaña en todos lados, la izquierda planteó la necesidad de medidas de emergencia como un impuesto extraordinario a los grandes patrimonios, las altas rentas, la gran propiedad agraria y las viviendas ociosas de mayor valor, mucho más urgente y abarcativo que el del oficialismo, para obtener una recaudación de más de 15.000 millones de dólares afectando solamente al 0,04 % de la población, para atender la emergencia sanitaria, social y económica.
La profundización de la crisis, ante la caída de reservas del Banco Central y la amenaza de una nueva devaluación, pone además a la orden del día pelear por las medidas de fondo para evitar una crisis mayor para las grandes mayorías y terminar con el saqueo infinito del país: rechazar cualquier acuerdo con el FMI, que solo lleva a más ajuste, como anticipa el Presupuesto 2021; nacionalizar la banca, establecer el monopolio estatal del comercio exterior y expropiar bajo control de los trabajadores los recursos estratégicos del país, entre otras medidas.
Para eso, antes que nada, es necesario ganar las calles, no regalárselas a la derecha, en el camino de construir una gran fuerza social para pelear contra los ataques y desarrollar con el PTS y el Frente de Izquierda una gran fuerza política que pelee por ese programa de fondo.
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