Resistiendo a las inclemencias de la lluvia, un grupo de 60 personas desalojadas del asentamiento Papa Francisco permanecía en el bulevar de la avenida Fernández de la Cruz, hostigado permanentemente por la Policía Metropolitana, mientras exigía una solución efectiva al problema de vivienda. Bajo la excusa del asesinato de la joven estudiante Melina López y el desarrollo de la actividad narcotraficante, más de 2000 efectivos de la Metropolitana, la Federal y la Gendarmería desalojaron brutalmente a 700 familias, instaladas desde febrero.

De los seis sin techo apresados, acusados de “usurpación, lesiones y resistencia a la autoridad”, aún permanece demorado Rubén Cerasolo, pues según el fiscal Carlos Rolero, “el detenido no puede fijar domicilio”. Increíble. El operativo conjunto entre el Gobierno de la Ciudad y el Gobierno nacional empleó topadoras que arrasaron las casillas, rememorando los anos de plomo de la dictadura genocida, y reprimió a los legisladores Pablo Ferreyra (Seamos Libres) y José Campagnoli (Nuevo Encuentro).
Si bien los habitantes del asentamiento aseguran que el asesino de Melina no era del barrio, el procurador general porteño Julio Conte Grand admitió que el problema de “inseguridad” fue un pretexto: “ya había varias órdenes de desalojo que por la resistencia de los habitantes del asentamiento y manifestaciones realizadas por grupos de izquierda finalmente no se terminaron haciendo. Se estaba esperando el momento oportuno… pero el operativo estaba dispuesto desde hace mucho tiempo atrás, ya que se había hecho un operativo de inteligencia”.
Indudablemente, el violento desalojo obedece a la criminalización de la pobreza para ejercer un férreo control del territorio en función de los intereses de los grupos inmobiliarios. ¿Acaso Macri y el kirchnerismo desarticularon algún barrio privado donde ocurrieron delitos?
En oposición a la construcción de viviendas populares, el PRO y el FPV entregaron 34 hectáreas del Parque Roca a una empresa privada del mismo modo que concedieron los terrenos aledaños al ferrocarril de Liniers, Caballito y Palermo a los “desarrolladores inmobiliarios” donde el grupo IRSA se propone construir un shopping.
La vice jefa de GCABA María Eugenia Vidal saludó la “recuperación del predio” señalando que detrás del asentamiento se escondía “una mafia organizada que se aprovechó de muchísima gente”, vendiendo lotes por hasta 25.000 pesos. Vidal omite que esa mafia está estrechamente vinculada al aparato de punteros del PRO, entre los que figura Marcelo Chancalay, quien está procesado a pesar de que continúa libre. Chancalay incrementó astronómicamente su patrimonio, figura como empleado del Gobierno de la Ciudad desde 2006 y además es funcionario de Desarrollo Social porteño, dependiente de la Subsecretaría de Fortalecimiento Familiar y Comunitario. Este personaje es socio gerente de Mach SRL, empresa dedicada a la construcción de obra pública con varios contratos celebrados con el Estado, entre ellos la Fundación Sueños Compartidos de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, según la Fiscalía General conducida por Martín Ocampo.
El secretario de Seguridad Sergio Berni hizo su parte agitando previamente una campaña xenófoba, estigmatizando a los inmigrantes como delincuentes que deberían ser deportados de forma expeditiva “fundamentalmente en la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires”. “La ley no nos permite deportar”, se lamentaba Berni alentando al ministro de Justicia y Seguridad macrista Guillermo Montenegro y al ministro de Justicia de Scioli, Ricardo Casal, quienes sugirieron una reforma reaccionaria de la Ley de Migraciones 25.871 mediante la introducción de un control estricto de la entrada de inmigrantes en los pasos de frontera y el retiro arbitrario de los permisos de residencia.
Producto de esa campaña, las familias paraguayas y bolivianas de asentamiento fueron acusadas de “narcotraficantes”.
Berni y Vidal ocultan las consecuencias del Operativo Cinturón Sur, donde 2500 efectivos de Gendarmería y Prefectura junto a 1000 efectivos de la Federal fueron reasignados a principios de 2011 a la zona sur de la ciudad, saturando las calles de Villa Lugano, Pompeya, Villa Soldati, Barracas y La Boca. Esas fuerzas represivas son las que hicieron posible la liberación del territorio para la instalación de narcos, que achacan a los pobres urbanos. Allí donde pisan las fuerzas de seguridad rige el gran delito como moneda de cambio.