El acuerdo es una herramienta defendida por activistas ambientales en la región para la participación y el acceso a la información y la justicia. En nuestro país la lucha ambiental sigue enfrentando el aval al saqueo y la destrucción por parte de multinacionales.
Con 240 votos a favor, Argentina se convirtió en la noche del jueves en el décimo país en ratificar el Acuerdo de Escazú. Las horas de ansiosa espera por parte del activismo ambiental en Argentina, transitadas en el marco de una sesión muy peculiar, tuvieron su recompensa con la sanción por amplia mayoría de la ratificación del tratado regional vinculante para “el acceso a la información, la participación pública y la Justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe”. Se necesita un país más para su entrada en vigor.
Se aprobó con votos del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, Nicolás del Caño del PTS - Frente de Izquierda y Consenso Federal, además de bloques provinciales. Pese a los límites del tratado, el diputado de la izquierda sumó su apoyo a este reclamo de las organizaciones socioambientales y convocó a la marcha por la Acción Global por el Clima de Congreso a Plaza de Mayo este viernes. Pero entre tanta “dulzura” con el planeta, Del Caño apuntó que tanto el oficialismo como la oposición siguen apostando al extractivismo, un “modelo de saqueo, contaminación y pobreza”.
Para el diputado del PTS-FIT, los distintos Gobiernos le siguen dando vía libre a prácticas como el fracking, la megaminería, la expansión del monocultivo y la fumigación por parte del agronegocio contaminante. También se refirió al “memorándum de entendimiento con China para instalar decenas de factorías porcinas contaminantes y con potencial pandémico”. Y recordó que este acuerdo, repudiado con movilizaciones de miles en todo el país, es impulsado desde Cancillería por Felipe Solá, que fue “quien introdujo en la Argentina la soja transgénica”.
Para Del Caño, la protección del ambiente no se puede hacer sin dar “una lucha contra los grandes monopolios capitalistas y los Gobiernos y las fuerzas políticas que gobiernan para ellos”. Reivindicó a la juventud que sale por miles en defensa del planeta a las calles de todo el mundo, como en la jornada de este viernes convocada por Fridays for Future, el movimiento de Greta Thunberg.
Greenwashing en el Congreso
Se adivinaba que los bloques mayoritarios del oficialismo y la oposición iban a apoyar el proyecto que contaba con media sanción del Senado, donde había sido votado por unanimidad a mediados de agosto. Juan Cabandié, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que tuvo una semana “intensa” con la presentación del deslucido Plan de Políticas Ambientales, consideró que "la ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”.
Máximo Kirchner, presidente del bloque del Frente de Todos, aseguró que el joven activismo ambiental “tiene las puertas abiertas para venir a discutir”, pero adelantó que “a veces nos pondremos de acuerdo y a veces no”. Por si no quedaban dudas, expresó que hay que tratar de entender que Argentina “tiene desafíos muy difíciles por delante y que necesitamos de todos y todas”. Los diputados Leonardo Grosso, Eduardo Valdés y Gabriela Cerruti también se despacharon con elogios a la juventud que lucha por el planeta.
"Estamos hablando del derecho a la información ambiental. Los grandes anunciadores de los medios de comunicación solo dejan ver las cuestiones ambientales cuando les conviene para golpear a un Gobierno que no les gusta”, agregó Kirchner. Quedó flotando en el aire todo aquello ligado a la megaminería, las megagranjas porcinas, el impulso a Vaca Muerta y los combustibles fósiles, el aval al monocultivo de soja, las quejas con respecto a las restricciones para fumigar con agrotóxicos y todos los ítems que impulsan, avalan o dejan correr donde gobiernan. Algo que los emparenta más con los negocios que defienden los opositores de Juntos por el Cambio que con las comunidades que los enfrentan.
🌎 @NicolasdelCano a favor de #EscazúAhora: "Oficialismo y oposición tienen una política muy clara que expresa la continuidad del extractivismo".
Desde la derecha también intentaron una suerte de greenwashing, tiñendo de verde sus gestiones extractivistas y promotoras del saqueo de las multinacionales, que tuvo un hito con la alianza sin grieta entre el kirchnerismo y el radicalismo para el intento de tirar abajo la ley 7722 que protege el agua de Mendoza. Maximiliano Ferraro, del espacio de la sojera Carrió, se llenó la boca con loas a la "poderosa herramienta". Brenda Austin, de la UCR, destacó que el Acuerdo de Escazú fue firmado por Argentina durante el Gobierno de Macri. Sí, el mismo que quitó las retenciones a las mineras casi como primer acto de gestión. El que lamentaba que no se pudiese fumigar pueblosa piacere. El que nombró al farmacéutico Sergio Bergman en la cartera ambiental, que gestionó despidos y no el combate de incendios.
Los bloques mayoritarios del Congreso ratificaron Escazú, una demanda de colectivos ambientalistas en Argentina y toda la región ante la emergencia climática y ecológica y la criminalización de quienes enfrentan al extractivismo y sus consecuencias sobre cuerpos y territorios. Pero el ropaje verde se deshace con el consenso de estos sectores a la hora de seguir profundizando el saqueo, la contaminación y la destrucción para garantizar negociados y el pago de la deuda fraudulenta con que se sigue sometiendo a la población.
El acuerdo ratificado ayer fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de aquel año en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Aunque son treinta y tres países en la región, solo fue firmado por veintidós: para entrar en vigencia se necesita que once de estos lo ratifiquen.