La diputada del FIT Unidad se pronunció al conocerse el procesamiento dictado por el juez Alejo Ramos Padilla contra el espía Pablo Pinamonti, por el espionaje de la AFI en el Gran Buenos Aires contra numerosos sectores políticos opositores al macrismo, entre ellos el PTS en el Frente de Izquierda. Un nuevo eslabón del espionaje estatal.
En el día de ayer, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, procesó a un alto cuadro de la Agencia Federal de Inteligencia, Pablo Pinamonti por acciones prohibidas en el marco de la Ley de Inteligencia y por abuso de autoridad. También citó a declaración indagatoria y prohibió la salida del país, a los dos máximos mandos de la AFI durante el macrismo: Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y a otras siete personas.
En una extensa resolución, Ramos Padilla dio cuenta del accionar de la AFI en la provincia de Buenos Aires, en el lapso transcurrido entre la asunción de Mauricio Macri, y las elecciones legislativas de 2017, mediante el denominado “Proyecto AMBA” dirigido por el ahora procesado Pablo Pinamonti. Lo comparó, haciendo un amplio repaso histórico del espionaje estatal a lo largo de las décadas, con el modo integral de espiar de la temible DIPPBA (Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires) que actuó en la dictadura y desmontada recién en 1998.
A las ya tradicionales bases de la AFI en Bahía Blanca, La Plata y Mar del Plata (esta última también fue denunciada en la semana por espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan) desde el inicio del gobierno macrista se sumaron las bases de Haedo, Quilmes, Pilar, San Martín, La Matanza y Ezeiza. Esta última estaba a cargo de Ricardo Bogoliuk, ya procesado y detenido como miembro de la banda del falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio. Ahora se suma el procesamiento de Pinamonti, como parte de ese plan llamado “Proyecto AMBA”.
Este nuevo escándalo se suma a la denuncia que en junio efectuó la interventora de AFI, Cristina Camaño, que entregó a la justicia federal fichas halladas en esa Agencia de Inteligencia, de personas y organizaciones espiadas en el marco de eventos de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y el G-20, realizados en diciembre de 2017 y noviembre de 2018, respectivamente.
En dicha causa judicial, que tramita ante el Juzgado Federal n°11 de la Capital Federal, nos hemos constituído como querellantes junto a Myriam Bregman por el espionaje llevado a cabo contra integrantes del PTS.
Como muchas veces denunciamos, con estos casos se comprueba que la inteligencia del Estado tiene múltiples aristas o fines. Es utilizada para preparar carpetazos con el objetivo de perseguir o disciplinar a opositores, jueces, o hasta empresarios no alineados con el poder de turno.
Pero un componente central es el objetivo de criminalizar organizaciones o protestas determinadas. Algunas veces para reprimir las manifestaciones, como se comprobó en las multitudinarias movilizaciones que reclamaban el esclarecimiento del caso de Santiago Maldonado. Somos también denunciantes del espionaje en el marco de ese caso
En las mencionadas marchas contra el G20, por ejemplo también fue detenido el dirigente nacionales del PTS Guillermo Ermili, con una carátula ya armada previamente mediante esas carpetas de AFI que en junio de este año entregó Cristina Camaño a la justicia federal: “Atentado a los poderes constitucionales”, tal como se titulaba la “investigación” que esa agencia de inteligencia efectuaba sobre organizaciones opositoras. ¿Los elementos para sostenerla? La posesión de teléfonos y handys para comunicarse y organizar la manifestación, que teóricamente podían interferir la frecuencia de las comunicaciones estatales. El propio juez Bonadío se vio obligado a archivar la causa tiempo después dado su carácter absurdo.
Tampoco podemos pasar por alto otra tarea de los servicios de inteligencia, sean de la AFI o de las fuerzas de seguridad, que es infiltrarse en manifestaciones para provocar situaciones que habiliten la represión y detenciones, como vimos también en las movilizaciones por Santiago Maldonado, o antes en la Panamericana mediante los espías y gendarmes enviados por Sergio Berni para romper una protesta de trabajadores despedidos de Lear. Otro caso emblemático de infiltración a organizaciones y periodistas, es el de Américo Balbuena, del Cuerpo de Informaciones de la Federal. Impulsamos esa causa durante años y hoy se encuentra a las puertas del juicio oral.
Otro rol en el que se destacan los órganos de inteligencia del Estado, es la de reunir información de distintos militantes o dirigentes de organizaciones políticas o sociales, para armar causas en el futuro, como demostramos desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos cuando denunciamos el Proyecto X de Gendarmería Nacional. El procesamiento del juez Ramos Padilla en el día de ayer, da cuenta que la AFI del macrismo se manejó del mismo modo.
