Hoy es el Día de lucha por el derecho al aborto y termina también la “Semana de la Prevención del embarazo no intencional en la adolescencia”. Datos que en medio de la pandemia, de la crisis sanitaria, y del postergado debate sobre el derecho al aborto, abren la necesidad de refexionar sobre este tema que hace a derechos tan elementales como el derecho a la salud, a la vida, y a decidir sobre ella.
En Argentina hay 10 partos de adolescentes cada 60 minutos: cada una hora, 10 jóvenes se convierten en “madres”. Y aunque los embarazos de niñas y jóvenes de 15 a 19 años comenzaron a mostrar una tendencia a decrecer, algo que es coherente por ejemplo con que se haya conquistado la ley de Educación Sexual Integral (2006) y la docencia haya conquistado aplicarla en muchos lugares (aunque también con limitaciones), o con que haya habido una enorme marea verde en las calles, que concientizó mucho más que las campañas del Estado… entre las niñas y pre-adolescentes, de 10 a 14 años, la tendencia es la contraria: los embarazos aumentan. Lo dicen diversos organismos nacionales e internacionales, porque no hay datos oficiales integrales.
Los motivos los contamos muchas veces: van desde cuestiones estructurales que impone este sistema, como la pobreza, la falta de acceso a la educación, a la salud, las escasas oportunidades para construir un proyecto de vida autónomo, a la alianza de las cúpulas clericales, los partidos mayoritarios y los gobiernos de turno para impedir el acceso a esos y otros derechos elementales, como la anticoncepción gratuita y el aborto legal.
El impacto que esto tiene a la hora de hablar del embarazo de niñas y adolescentes es enorme, y en Argentina, mientras Alberto Fernández promete que en algún momento concederá ese derecho, a la legalización del aborto, en provincias como Jujuy, Tucumán, Salta, Formosa, Chaco, hay jóvenes presas y niñas obligadas a parir contra su voluntad. Niñas, no madres, decimos desde las organizaciones de mujeres. Y por eso desde la agrupación de mujeres y disidencias Pan y Rosas decimos, además, que es urgente que el aborto sea ley.
Vamos a datos más concretos: en el país, el 70% de los embarazos adolescentes no son intencionales, no fueron buscados, no son deseados. Sucedieron durante una relación sexual sin protección, generalmente por falta de información o bien por imposición. Eso es lo que señala el informe que presentó esta semana la Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) junto a UNICEF, Amnistía Internacional Argentina, el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y varias organizaciones más.
Y aunque la legislación Argentina dice que todo embarazo que no es intencional atenta contra los derechos sexuales y reproductivos, y el Código Penal de 1921 contempla ésto como una causal para el aborto no punible, hay niñas que como decía son obligadas a parir, provincias donde la ESI no se aplica, o donde directamente se aplica la educación religiosa, y un pronóstico alarmante: según el Plan ENIA, el Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, entre 2017 y 2019, 1 de cada 4 de las mujeres que tuvo su primer hijo en esa etapa, de los 10 a los 14 años, es probable que tenga su segundo hijo antes de los 19 años.
Y eso sucede en Argentina, pero es una realidad que se extiende en América Latina, que es una de las regiones que más criminaliza el aborto. En el marco de la pandemia, por supuesto, la situación se agrava: según el Fondo de Población de las Naciones Unidas, cada 6 meses que se mantenga el aislamiento social obligatorio, se proyecta que habrá 7 millones más de embarazos no deseados en el mundo.
Las dificultades en el acceso a métodos anticonceptivos y la exposición a situaciones de violencia de género, de violaciones dentro del hogar, que también aumentaron en el marco de la pandemia, son dos de las cuestiones que lo explican.
Un informe de ONU Mujeres sobre el impacto del coronavirus en la violencia contra las mujeres en América Latina, dice que en Brasil las denuncias por violencia de género aumentaron un 50%. En Colombia, en los primeros días de cuarentena, aumentaron un 51%. En México, el aumento fue del 30% en las denuncias. En Argentina la cifra dio un salto enorme, reconocido por la propia Ministra de Mujer, Género y Diversidad.
Es lógico inferir en ese marco un aumento también de los embarazos no deseados. Y a eso hay que sumarle la criminalización y la clandestinidad. Por eso cuestionamos tanto las declaraciones de Alberto Fernández, que dice que está a favor de terminar con la penalización pero que no es un tema urgente en medio de la pandemia, o incluso que estresaría al sistema de salud.
Latinoamérica y el Caribe es la segunda región del mundo con mayor proporción de nacimientos de personas gestantes adolescentes, según datos de la ONU. Y las proyecciones de Naciones Unidas para inicios de 2020, es decir, antes de la pandemia, ya estimaban que casi 20 millones de mujeres no iban a conseguir acceder a métodos anticonceptivos.
Y mientras la tasa mundial de embarazo adolescente se estima en 46 nacimientos por cada 1.000 niñas, las tasas de embarazo adolescente en América Latina y el Caribe se estiman en 66.5 nacimientos por cada 1.000 niñas de entre 15 y 19 años. Son cifras que sólo superan a África subsahariana.
Pero como decía, hay otro dato alarmante: según Naciones Unidas, América Latina y el Caribe es además la única región del mundo donde la tendencia a los embarazos de niñas menores de 15 años es creciente (no decreciente). Hoy, las estimaciones dicen que esto podría volver a la situación de 27 años atrás, pasando del 11% a casi el 17% de niñas y adolescentes embarazadas sin haberlo deseado.
El proceso de gestación es una de las principales causas de muerte para las adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años, y por supuesto, las jóvenes, trabajadoras y pobres son las más expuestas a morir por complicaciones en el embarazo y el parto. A nivel global, el riesgo de muerte se duplica para las que tienen menos de 15. Y el otro de los motivos por los que mayoritariamente mueren las niñas y adolescentes gestantes es el aborto mal hecho.
De las 252 millones de jóvenes de entre 15 y 19 años que viven en lo que las NU llama “los países en desarrollo”, unos 38 millones son sexualmente activas, tienen relaciones y no quieren tener hijos al menos en los siguientes 2 años.
Cerca de 15 millones usan algún método anticonceptivo, pero las 23 millones restantes necesitan acceso y no lo tienen, es decir que están expuestas por el propio Estado a tener un embarazo no deseado, involuntario.
Según las estimaciones de Naciones Unidas, garantizar anticonceptivos para jóvenes de entre 15 a 19 años permitiría evitar anualmente unos 2 millones de nacimientos no planificados; más de 3 millones de abortos y 5.600 muertes de personas gestantes.
Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información clara, educación sexual integral, laica y científica; atención médica y métodos anticonceptivos gratuitos en todos las salas y centros de salud. Y también tienen que tener derecho al aborto legal. Por eso exigimos la aprobación del proyecto de la CNDA, cajoneado hace 15 años por el oficialismo y la oposición mayoritaria. Todos, a excepción del FITu.
El patriarcado funciona como uno de los mecanismos que oprime a las mujeres negando el ejercicio autónomo del placer y del deseo, imponiendo el mandato de la maternidad como destino. Algo clave para el funcionamiento de este sistema. Y esto es bendecido por la Iglesia que niega los derechos sexuales de mujeres y disidencias.
No es lo mismo hablar de salud sexual que de derechos reproductivos y anticoncepción. Y de eso es de lo que hay que hablar, y hacer, para prevenir el embarazo adolescente. Por eso, junto a la aprobación del proyecto, exigimos la separación de la iglesia y el Estado, en el camino de fortalecer nuestra lucha por todas nuestras libertades. Es una tarea de primer orden. El 28S estaremos en las calles, nuevamente, reclamando ese derecho.
