Con un discurso sobre "deconstrucción", Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, géneros y Diversidad, presentaron el acuerdo con cuatro provincias para la implementación del programa. El subsidio destinado a las víctimas no llega a cubrir lo necesario para no caer debajo de la línea de indigencia.
Alberto Fernández y la ministra de Mujeres, géneros y Diversidad, presentaron el acuerdo con las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco y Río Negro para la implementación del programa Acompañar, con el objetivo de asistir económicamente a víctimas de violencia de género. Había sido anunciado en junio y el decreto presidencial que le da origen se emitió el 8 de septiembre.
El plan Acompañar fue anunciado por la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, como una “asistencia económica desde el Gobierno nacional a todas las personas que se encuentran en situaciones de violencia por motivos de género”. La inversión es de $4.500 millones, aunque en el mes de junio se había hablado de $18.000 millones.
Consiste en una asistencia económica equivalente a un salario mínimo vital y móvil durante 6 meses que va a ser pagado vía ANSES y es compatible con el acceso a la AUH, UE, IFE, monotributo social.
$16.875 es lo que se destinaría a mujeres y personas víctimas de violencia de género, que, en palabras del presidente "están condicionadas económicamente a vivir en una familia mantenidas por hombres que son quienes son la que las someten".
Más allá de los discursos que incorporaron un lenguaje propio de las demandas del movimiento de mujeres y diversidades, el subsidio es de apenas un tercio de la Canasta Básica Total, lo que una familia tipo necesita para no ser pobre.
Por otro lado, el presupuesto “sarasa” anunciado para el 2021, destina unos $550.560,5 millones, el 1,5 % del PBI en pago de intereses de deuda; mientras que la caja del ANSES, de seguridad social y asignaciones, sufrirá un recorte del 14,3 % y se quita el Ingreso Familiar de Emergencia. Esto sumado a los permanentes aumentos de inversión en las fuerzas policiales, muestran que las prioridades del Gobierno están en otro lado: rendir cuentas a los buitres de la deuda odiosa y fortalecer el aparato de represión social.
Discursos de deconstrucción y la realidad de la cifras de violencia
La violencia de género, que hace años enfrenta la acción de un enorme movimiento de mujeres y diversidades en Argentina y en el mundo, recrudeció durante la cuarentena y con la crisis económica, contexto en que la pobreza golpea al 44,7 % de la población.
Según el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven” son 135 los femicidios registrados en lo que va la cuarentena y en el 75 % de los casos relevados, el femicidio ocurrió en la vivienda de la víctima o del agresor. "Ello puede corresponder no sólo a la situación de aislamiento, sino también a la imposibilidad de abandonar en cuarentena el hogar en donde es violentada por la falta de recursos económicos y la inestabilidad laboral como consecuencia de la pandemia".
Alberto Fernández se apoyó en la Ley Micaela, de capacitación obligatoria en violencia de género para los tres poderes del Estado y apuntó al Poder Judicial diciendo que "si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse que tienen algunos, entonces estamos en un problema".
A su vez, reivindicó a su "amigo Coqui", gobernador del Chacho, como impulsor de dicha ley, quien, a pesar de su discurso sobre "la sociedad patriarcal", es un activo militante contra el derecho al aborto legal seguro y gratuito y su policía viene de perpetrar abusos sexuales a mujeres Qom y permanentemente hostiga y reprime a las comunidades en pos de garantizar la propiedad de los terratenientes.
Patriarcal y capitalista es el Estado Argentino
Detrás de este nuevo lenguaje de género con que el peronismo comenzó hablar para conquistar las genuinas aspiraciones de un importante movimiento social y político, el Estado argentino sigue siendo el principal garante de la más amplia desigualdad social y de géneros que perpetra este violento orden capitalista y patriarcal.
El Estado continúa condenado a la muerte en la clandestinidad del aborto a miles de mujeres, varones trans y personas gestantes. Alberto Fernández prometió en marzo que se iba a tratar el proyecto de la interrupción legal del embarazo, incluso anunció un proyecto alternativo que aún no se conoce. Pero el movimiento de mujeres y diversidades ya tiene el suyo propio y este 28S habrá una nueva movilización por la aprobación del proyecto de la Campaña Nacional, en día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe.
Por otro lado, la crisis económica y social que golpea al pueblo trabajador y donde los más ricos vienen ganando 25 veces más que los más pobres, está poniendo a las mujeres en pie de lucha por su subsistencia y la de su familia e hijos.
Foto: Matías B - Enfoque Rojo
Tal es el caso de las mujeres en la toma de Guernica que, habiendo quedado desempleadas en la cuarentena y sin posibilidad de pagar un alquiler, desde el barro de un predio abandonado, luchan por levantar una ciudad, con viviendas, escuelas y hospitales. Muchas han sufrido violencia de género y acoso de sus patrones y hoy viven el permanente hostigamiento de la policía de la intendenta Blanca Cantero y la amenaza de un desalojo por parte del Estado para 1, 2 y 5 de octubre.
Rodear de solidaridad a las familias de Guernica y construir una alianza entre el movimiento de mujeres y diversidades, entre los trabajadores y los sectores populares, exigiendo a las Centrales Sindicales y Centros de Estudiantes que se pongan a la cabeza de estos reclamos, es el camino más sólido para enfrentar las violentas consecuencias de la crisis que el capitalismo patriarcal viene descargando con ayuda del Estado.
