2.000 millones de dólares para que el Estado pague los salarios y los empresarios recompongan las ganancias
El día de ayer Piñera anunció un nuevo Plan de Subsidios al empleo, en el marco del plan de reactivación de la economía “Paso a Paso, Chile se Recupera” que han impulsado desde La Moneda. Este nuevo plan de subsidios a las empresas, es decir, a sus dueños (no a los trabajadores) tendrá una duración de 6 meses y pretende invertir cerca de 2.000 millones de dólares.
Con esto Piñera señaló que pretende recuperar 1 millón de empleos y señaló que "en los últimos meses hemos perdido más de 1,8 millones de empleos, lo que equivale a todos los empleos que habíamos creado en los últimos diez años". Desde otros estudios plantea que la pérdida de empleo sería mayor.
El plan se trata de entregar millonarios recursos a los empresarios, como “incentivos” o premios para contratar gente. Son aportes para los empresarios, no para los trabajadores, y serían de dos tipos:
1) “Subsidio al regreso” para mantener contratados a trabajadores suspendidos mediante la Ley de Protección al Empleo. Se entregarán $160.000 por hasta 6 meses por cada trabajador que retorne a su puesto de trabajo tras haber estado suspendido y cuya remuneración sea hasta tres ingresos mínimos ($961.500).
2) “Subsidio a la contratación” para nuevos contratos, el Estado pagará al empresarios el 50% de la remuneración bruta mensual con un tope de hasta $250.000 por cada nuevo trabajador adicional contratado desde el 20 de julio. Se incrementa para los jóvenes entre 18 y 24 años, mujeres y personas con discapacidades, pues en estos casos se pagará al empleador el 60% de la remuneración bruta mensual con tope de hasta $270 mil pesos. Esto significa que las empresas ganarán más subsidio del Estado contratando a ese sector, que sabemos a la vez que son los peor pagos y más precarios donde los empresarios podrán sacar más ganancia aún.
En términos generales podrán acceder las empresas que hayan sufrido caídas en sus ventas de 20% o más, en el cuatrimestre abril- julio de este año, y las grandes empresas (de más de 200 trabajadores), no podrán repartir utilidades por sobre el porcentaje mínimo legal de 30%. A las empresas no se les exige nada respecto a sus trabajadores: ni mantener salarios, ni mantener condiciones sin degradar. Las empresas aprovecharán para descargar la crisis sobre los trabajadores, como ya lo están haciendo.
Con este plan el Estado pagará la mitad de los salarios a los trabajadores de las empresas privadas y el 60% de jóvenes o mujeres, para que le permita a los empresarios casi no pagar sueldos (solo la mitad o el 40%), y con eso, dejarse el resto y aumentar su tasa de ganancias. Negocio redondo: con la plata de todas y todos (pagada fundamentalmente con IVA, impuesto al consumo) irán millonarios recursos a las manos de las empresas. Éstas podrán recomponer sus utilidades, e incluso rebajar las condiciones de trabajo.
Peor que en el Código Laboral: más precarización y sueldos de hambre
Mientras el Estado pagará una gran cantidad de salarios y los empresarios podrán recomponer sus ganancias, para las y los trabajadores se degradarán brutalmente las condiciones de trabajo, y también los salarios.
Si ya con el Código Laboral y las leyes pinochetistas en material laboral la situación de la clase trabajadora es de precariedad (con diversas formas y contratos de segunda o tercera categoría como subcontratación, honorarios, contrata, obra o faena, etc.) y los sueldos son de hambre, ahora en adelante será peor. No solo aumentará la desigualdad social, sino la degradación de las condiciones de vida será deplorable.
Si no, veamos el caso de Walmart, cuyo “modelo” de rebaja salarial y polifuncionalidad parece ser el modelo de conjunto. Esta empresa multinacional quiso hacer firmar a los cajeros y cajeras un anexo de contrato de trabajo donde le quitan la asignación de caja y estímulo de ventas, y pasan a ser operador de tienda con poli o “multifuncionalidad” Es decir, perderían bonos rebajando el salario y tendrían una mayor carga laboral dentro de los supermercados. Frente a este ataque las y los trabajadores se movilizaron a nivel nacional en varias tiendas denunciando esta situación.
O será el “modelo Uber”, donde los “socios” no son considerados “asalariados” por parte de las empresas, para deshacerse de sus compromisos laborales. Una brutalidasd.
El modelo degradante será la regla de ahora en adelante en las empresas. Los empresarios aprovecharán de recomponer sus ganancias apelando a las ayudas del Estado y degradando a sus trabajadores. Total, si no quieren, hay millones buscando empleo en las calles que aceptarán peores condiciones y sueldos.
Y mientras hay 2.000 millones de dólares a las empresas, el gobierno propone subir míseros 6.000 pesos el sueldo mínimo para todo un año, una burla. Por otra parte, la extensión del uso del seguro de cesantía (a un sexto y séptimo pago) a quienes sigan suspendidos será con solo el 45% del sueldo promedio. Y el IFE de $100.000 por carga familiar, corre solo hasta octubre y con el 55% del beneficio nomás.
Por la defensa del trabajo y de la clase trabajadora
El escenario del Chile que viene será de mayor pobreza y miseria, creciente desigualdad, desempleo y precarización. Una nueva “cuestión social” en escenario de crisis. Aumentará también la informalidad, los campamentos, el empleo juvenil y femenino. Las empresas buscarán hacer competir a trabajadores por sueldos cada vez más bajos. A la competencia, hay que oponer la unión y solidaridad de la clase trabajadora, con un plan de lucha y de movilización. Basta de treguas y pasividad de la CUT y los sindicatos.
Por Trabajo para todas y todos, hay que exigir la derogación de la ley de suspensiones y la prohibición por ley de los despidos. Las empresas deben abrir los libros de contabilidad para que los trabajadores, a través de sus sindicatos o comités electos, revisen las cifras y vean cómo las empresas esconden sus ganancias.
Las empresas que despidan masivamente como Latam deben ser ocupadas por sus trabajadores y nacionalizadas para resguardar el empleo y sumar nuevos sectores. Por un Plan de construcción de viviendas dignas y de obras públicas, financiado con el impuesto permanente a las grandes fortunas para que se abren cientos de miles de nuevos puestos de trabajo. Hay que repartir las horas de trabajo entre desocupados, con salarios acorde a la canasta familiar.
Aumento inmediato del salario mínimo y las pensiones básicas a $500.000. Fin a todas al Código Laboral de la dictadura y las leyes laborales precarizadoras. Fin a subcontratación, honorarios y todo tipo de trabajos precarios (como las Tens que reclaman reconocimiento del Código Sanitario y dejar de ser “auxiliares”).
Por un ingreso de emergencia para todas y todos los desocupados en base a impuesto extraordinario a las grandes fortunas.
Junto a la lucha por el empleo, salarios, pensiones y condiciones de trabajo dignas, para conquistar pan, salud, educación, y nuestros derechos que venimos exigiendo desde la rebelión, hay que nacionalizar los recursos estratégicos y las riquezas naturales, poniendo fin al saqueo y monopolio de las multinacionales y algunos grandes grupos económicos. | 
