Desde las 11 h en la plaza de la Legislatura, organizaciones de mujeres, de la diversidad sexual y de derechos humanos realizaron una pañuelazo en el marco del día de lucha por la legalización del aborto en América Latina y el Caribe.
La acción en la provincia fue parte de una serie de actividades a lo ancho y largo del país con movilizaciones, pañuelazos e intervención en las redes sociales.
Desde el Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades y de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, junto a organizaciones como la Coca Gallardo, Pan y Rosas, Las Rojas, Juntas y a la Izquierda y el Plenario de Trabajadoras se exigió la aprobación del proyecto de la Campaña que cientos de miles de mujeres y sectores LGBT pelearon en las calles en el 2018. Como parte de la marea verde y naranja que también exige la separación de las Iglesias del Estado.
La pelea por nuestros derechos no se frenó
Desde la llegada de la pandemia al país y la provincia las muertes por aborto clandestino no pararon. Tampoco la violencia machista, y los femicidios y transfemicidios como su último eslabón.
Mientras nos dicen "quedate en casa" se puso más en evidencia que miles son las mujeres que conviven con su agresor pero no tienen una vivienda ni un trabajo estable para poder mudarse
Desde marzo, miles de niñas y niños han sido privados del dictado de Educación Sexual Integral, aduciendo que por la virtualidad había que priorizar otros saberes. Y la Legislatura provincial sigue negando el derecho a que las niñas sigan siendo niñas y no madres, con la no adhesión al nuevo protocolo nacional de aborto no punible (ILE).
En los primeros meses del aislamiento social por el covid-19 en Salta aumentó la desocupación llegando a casi el 14% y se perdieron 56 mil puestos de trabajo. Además, miles son los que sobreviven con miserables 5 mil pesos mensuales que da el IFE.
Con un sistema de salud colapsado, la Legislatura y el Gobierno de Gustavo Sáenz siguen negando testeos masivos y el pase a planta de las y los trabajadores de la salud, con las enfermeras a la cabeza.
Pero esta no es una excepción, una realidad solo provincial. Ocurre mientras en Argentina el Gobierno de Alberto Fernández sigue pagando los intereses de la deuda y en el Congreso siguen sin aprobar un impuesto a las grandes fortunas, rentas y bancos que permitiría construir viviendas y refugios para mujeres víctimas de violencia, hospitales, garantizar derechos para las y los trabajadores y un IFE de $30 mil para desocupados y precarizados.
Es esencial
El proyecto de la Campaña por el derechos al aborto legal, seguro y gratuito se presentó por octava vez en el Congreso y si no se trata en estos meses va a perder vigencia. Por eso, las movilizaciones y pañuelazos muestran que nuestros derechos son esenciales y no podemos esperar más.
En este contexto de crisis sociosanitaria y económica, y con todos los recaudos sanitarios, las mujeres y disidencias mostramos una vez más, como el 8 M o el 3 J, que las calles no son de los dinosaurios antiderechos. Que el derecho al aborto legal es un tema de salud pública y que estar en contra no es estar a favor de la vida si no a favor de la muerte de las mujeres y personas gestantes en la clandestinidad.
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