En el marco de la investigación realizada por la Controlaría contra 7 altos mandos de Carabineros por su responsabilidad en la represión y violaciones a los derechos humanos realizada por la policía durante la rebelión de octubre del año pasado, dos generales de la institución, Jean Camus Dávila, director de logística y Ricardo Yáñez Reveco, director Nacional de Orden y Seguridad declararon desconocer un informe realizado por la propia institución que daba cuenta de que el “armamento no letal” podría ocasionar la pérdida de órganos.
En 2012 para la compra de municiones “antidisturbios”, Carabineros encargó un informe a Vivian Bustos: “Disparos con escopetas antidisturbios con empleo de cartuchería de goma y sus efectos en la superficie del cuerpo humano". En dicho reporte la funcionaria del Servicio Médico Legal y asesora de Labocar llegó a la conclusión que "El uso de la munición de la escopeta antimotín debería solo generar dolor (...), no que se genere un daño irreparable, la pérdida de la funcionalidad del órgano".
Estas declaraciones vienen a ratificar el rol de Carabineros y las fuerzas especiales en particular, como fuerza de orden al servicio de los empresarios y poderosos para reprimir el más mínimo reclamo y la criminalización de la protesta.
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