Con uñas y dientes Virginia Reginato se quiere aferrar aún más tiempo al sillón alcaldicio de la Ciudad Jardín. No le bastan los más de $17.000 millones de déficit objetados por la contraloría el año 2017 ni tampoco los más de $5 mil millones asignados en horas extras a funcionarios municipales aparte de los $7 mil millones asignados para pago de honorarios y programas comunitarios que solo fueron realidad en facturas y papeles ya que nunca llegaron a concretarse.
La corrupción del municipio viñamarino es otro ejemplo más de el descalabro económico que, por ejemplo, dejó sumergido en la miseria al municipio de Valparaíso por parte del ex Alcalde Jorge Castro. Ambos ediles pertenecientes a uno de los partidos más pútridos y corruptos de la derecha chilena: la UDI.
Reginato se instaló en la alcaldía de Viña del Mar ya hace 16 años y pretende a través de un recurso judicial dirigido contra Raúl García, presidente del Servicio Electoral y la presidenta de su misma colectividad política Jacqueline van Rysselberghe con el fin de dejar sin efecto la nueva ley aprobada este año que regula y limita la reelección de autoridades.
El historial de corrupción de la derecha chilena en los distintos cargos que ha asumido en la alcaldía de Viña del Mar, no es menor. Hablamos de miles de millones de pesos que le ha costado no solo a la billetera fiscal en los programas enfocados en el desarrollo social de la ciudad, sino que también le ha costado a los miles de pobladores de la periferia de la ciudad.
Recordemos que las cifras oficiales que se manejan dejan a la ciudad de Viña del Mar con un índice de precariedad de vivienda y una soterrada crisis habitacional que se reflejan en las más de 7 mil viviendas en situación de campamento, situando a la ciudad en el primer lugar con esta problemática a nivel país.
A comienzos del 2019, la Coordinadora Viña en Alerta junto a dirigentes vecinales estamparon una querella en el Juzgado de Garantía de Viña del Mar, en contra de quienes resulten responsables en los delitos de: Fraude al fisco, malversación de fondos públicos, negociaciones incompatibles y falsificación de instrumento público.
Desde ese momento el municipio ha gastado millonarias cifras en abogados para defender lo indefendible, dilatar y extender los juicios de modo de no enfrentar a la justicia e ir limpiando una imagen desgastada. | 
