A última hora del miércoles daba por concluida la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad en el que se han acordado por mayoría nuevas restricciones a las grandes ciudades con más contagios. Madrid, Catalunya, Galicia, Andalucía y Ceuta han rechazado el acuerdo.
La mayoría de las Comunidades Autónomas han apoyado el plan de Sanidad que se ha votado en la reunión del Consejo celebrado a última hora de este miércoles. A pesar de que cuenta con una mayoría, que permite formalmente sacar adelante las nuevas medidas, los votos negativos tienen un peso enorme en lo político, ya que se trata de las comunidades más importantes.
Madrid, Catalunya, Galicia, Andalucía y Ceuta han votado en contra, mientras Murcia se ha abstenido. Lo que más tensión genera es el rechazo de Madrid, que según se había informado había acordado 24 horas antes estas medidas con el Ejecutivo central. El ministro Illa ha comentado a la finalización del encuentro que “el acuerdo fue aceptado ayer por la Comunidad de Madrid. Nadie entiende su marcha atrás ahora”.
Desde las Comunidades Autónomas que gobierna el PP afirman que, al no haber habido unanimidad, el acuerdo no se puede implementar. Sin embargo, desde el Gobierno del PSOE-Podemos sostienen que con la simple mayoría de apoyos es posible implementar las medidas, como orden del Ministerio de Sanidad.
Según el comunicado oficial de la Consejería de Sanidad de Madrid, no podían aceptar las nuevas restricciones en la capital, poniendo en tela de juicio la base científica para este nuevo paquete de restricciones. El gobierno de Ayuso reclama que, además de los criterios actuales –más de 500 casos por 100.000 habitantes, un 10% de positivos por PCR y una ocupación de las UCI de más del 35%–, se tuvieran en cuenta aspectos como la “elasticidad” en las camas de hospitalización y puestos de UCI, así como la capacidad diagnóstica.
El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, aseguró en rueda de prensa que “el Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus”, y que no aceptarán las medidas, que afectarían a diez municipios de la comunidad, incluyendo la capital, porque “jurídicamente no es válida” al no haber sido tomada por consenso.
El siguiente episodio se verá una vez que estas medidas se publiquen en el Boletín Oficial. Al ser preguntado por la posibilidad de que hubiera comunidades que no acataran las medidas, el ministro Illa ha afirmado que no contempla esa opción.
Recordemos que la comunidad de Madrid cumple con todas las condiciones, con una incidencia acumulada de 784, una positividad del 20% y una ocupación en las UCI del 41%, por lo que está claro que la ciudad de Madrid sería afectada por las nuevas medidas.
La corta tregua entre Moncloa y Ayuso ha durado apenas 24 horas, un capítulo más en el tira y afloja entre ambos ejecutivos para culpabilizar al otro del desastre que se está viviendo actualmente, y lo que está por venir. Pero lo cierto es que, a pesar de las decisiones de Sanidad y el desmarque por parte del PP a última hora, ambas administraciones son igual de responsables.
Tanto en los momentos de mayor tensión de la pandemia en primavera como posteriormente en los últimos meses, se han negado a llevar a cabo ninguna medida a la altura de lo que era necesario, guiados por la presión del lobby turístico y empresarial que buscaba salvar en algún porcentaje la temporada de verano.
Por su parte, Alba Vergés, consejera catalana de Sanidad, ha aprovechado para volver a lanzar otro dardo a la comunidad de Madrid y a Ayuso: “una incidencia de 500 es un nivel escandaloso. Seguimos pidiendo responsabilidad de actuar por parte de quien tiene unas cifras como estas dentro de un contexto de gran ciudad y de movilidad respecto a otros territorios. El contexto es preocupante en Madrid y Madrid sigue sin voluntad de actuar”.
Sin embargo, si bien lo que ocurre en Barcelona por ahora no es comparable con la ciudad de Madrid, no hay nada para celebrar. Al 30 de septiembre, hay 1.201 grupos escolares en cuarentena por casos de coronavirus, es decir, 26.030 alumnos, con profesores y monitores trabajando en condiciones de extrema precariedad.
Tampoco puede respirar tranquila Girona, la tercera ciudad de Catalunya en población, que acumula 400 casos cada 100.000 habitantes, un 7% de casos positivos por PCR y un 29% de ocupación en la UCI.
Además, el personal sanitario MIR está en huelga en Catalunya en las dos últimas semanas, denunciando la precariedad y explotación que están sufriendo. Algo que se agrava por los recortes en sanidad en Catalunya que ascienden a 800 millones de euros en los últimos 10 años.
La realidad es que tampoco la Generalitat ha tomado ninguna resolución de fondo, a la altura de la crisis actual. Si no contamos, claro está, el negocio que le propició a las Mutuas con el pago de 43.000 euros por cada paciente ingresado en la UCI.
Un Programa de Emergencia para una salida obrera y popular a la crisis
Las medidas de última hora, improvisadas ante el creciente aumento de casos y el colapso del sistema sanitario, son un reflejo de que ningún gobierno ha actuado durante estos meses de forma decidida para frenar y controlar la pandemia.
Las medidas tomadas hasta la fecha se centran en la restricción de la movilidad individual, aunque al mismo tiempo para ir a trabajar se tenga que viajar hacinados en transporte público.
Todas estas medidas ponen el foco en la actuación individual mientras restan responsabilidad a la gestión política de la pandemia. ¿Por qué no usan los recursos de sanidad privada expropiando sin indemnización? ¿Por qué no contrata masivamente personal sanitario, de limpieza y educativo? ¿Por qué no se refuerza el transporte público? ¿Por qué no se realizan todos los test necesarios y se contrata rastreadores suficientes? ¿Por qué no se garantiza que no haya despidos ni desahucios?
Estas preguntas y muchas más sobre la gestión política del coronavirus ponen sobre la mesa la necesidad de un plan de emergencia para enfrentar la crisis sanitaria y social, a favor de los trabajadores, tiene que cuestionar las ganancias de los capitalistas. Porque esta crisis la pagan ellos o nosotros. | 
