El Consejo Indigenista Misionero (Cimi), autor del estudio que destaca el aumento de los ataques en 2019, dibuja un escenario sombrío para los pueblos originarios, cada vez más cercados por incendios criminales y la "ofensiva" de madereros, garimpeiros, colonos y cazadores furtivos en busca de sus riquezas.
La organización denunció la omisión del Estado en la protección de los indígenas y la existencia de un proyecto para poner sus territorios a disposición de empresarios del agronegocio, la minería y el sector maderero.
"El mayor agresor de los pueblos indígenas y de los bosques es, infelizmente, el propio Gobierno brasileño", dijo en un encuentro virtual Roque Paloschi, presidente del Cimi.
Invasiones ilegales
El reporte señaló que el año pasado se registró un incremento notable en 16 de las 19 categorías de violencia analizadas.
"Desde 2003 nunca tuvimos un aumento tan grande de la violencia y los ataques contra los pueblos indígenas y sus tierras", manifestó la antropóloga Lucía Helena Rangel, coordinadora del informe.
El último año han sido asesinados algunos de sus líderes, entre ellos Paulo Paulino Guajajara, miembro de los llamados "guardianes del bosque"
Las invasiones ilegales a tierras indígenas se dispararon el año pasado un 134,9 % frente a 2018, al pasar de 109 a 256 casos que afectaron a 143 pueblos, en 23 de los 27 estados brasileños, especialmente en aquellos localizados en la Amazonía, según el Cimi.
La región más golpeada fue Amazonas, estado fronterizo con Colombia, Perú y Venezuela, y el que alberga el mayor número de indígenas de Brasil (168.700), con 56 incursiones, varias en el Vale do Javari, la región que concentra más indígenas no contactados del mundo.
También es dramática la situación en la reserva de Arariboia, de la etnia Guajajara, en el estado de Maranhao, donde el último año han sido asesinados algunos de sus líderes, entre ellos Paulo Paulino Guajajara, miembro de los llamados "guardianes del bosque".
El informe, de 216 páginas y elaborado a partir de testimonios, datos oficiales y documentos de otras instituciones de la sociedad civil, señala que algunos invasores "mencionaban el nombre del presidente" Bolsonaro para justificar "sus acciones criminales".
Ese crecimiento de las invasiones en 2019 también está relacionado con la "expresiva disminución de las acciones de fiscalización" de los órganos oficiales medioambientales, cuyos presupuestos fueron recortados bajo la Administración Bolsonaro, quien defiende la explotación de los recursos naturales de la Amazonía.
Piden intervención de la CIDH
Ante esta situación, que se repite en varios países, distintos líderes de comunidades indígenas de la Amazonía solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que "llame la atención" a los gobiernos de Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Brasil ante los asesinatos, amenazas y violaciones de derechos humanos que afrontan en sus territorios.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) y la organización civil Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) informaron a la agencia Efe que los representantes indígenas solicitaron a la CIDH "que interceda" para que los gobiernos de los países amazónicos "tomen medidas efectivas de protección".
La Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA), que representa a los pueblos indígenas de los nueve países de la cuenca amazónica, lanzó este llamado de alerta durante el 177 período de sesiones de la CIDH, que se celebra de manera virtual desde este lunes.
También se incrementan los asesinatos en Perú
En ese contexto, el vicepresidente de Aidesep, Richard Rubio, alertó que desde abril pasado hasta el último 11 de septiembre han sido asesinados cinco defensores de derechos humanos en Perú.
Entre estas víctimas, detalló, figuran cuatro representantes indígenas, a los que identificó como Arbildo Meléndez, Benjamín Ríos, Gonzalo Pío Flores y Lorenzo Wampagkit, todos de comunidades ubicadas en la Amazonía peruana.
Rubio indicó que a estos crímenes se deben sumar "las amenazas a las comunidades por presuntos agentes ilegales" que ingresan a sus territorios.
La especialista de DAR Jackeline Borjas también señaló que los asesinatos "evidencian la ausencia histórica de los Estados" en la protección de las comunidades indígenas.
Agregó que más de seis meses después del inicio de la pandemia de la COVID-19 en Perú, el sexto país con más casos en el mundo, "aún persiste la inacción estatal que evidencia una discriminación y desatención deliberada y reiterada", así como la falta de prioridad a las "medidas de prevención y atención urgente en favor de los defensores y defensoras indígenas". | 
