Desde que comenzó la pandemia, en el mes de marzo del corriente año, los trabajadores de ferias de la Ciudad se vieron obligados a cerrar sus puestos. Este tipo de trabajo, históricamente y en la actualidad no ha sido reconocido y hasta ha llegado a ser criminalizado, a pesar de formar parte del paisaje de la ciudad, enriqueciendo con sus aportes la oferta turística porteña.
Los feriantes, artesanos y manualistas se movilizaron para manifestar que necesitan ayuda económica y alimentaria, porque no pueden continuar sin su fuente de trabajo. También dijeron que se trata de una decisión política de parte de Larreta, ya que la apertura de los distintos negocios de la ciudad se permitió hace rato, pero a ellos no los incluyeron, siendo aproximadamente 3000 trabajadores.
Esta política no es nueva: antes y durante la pandemia, el Gobierno de la Ciudad mandó a reprimir a los vendedores ambulantes que incluso son perseguidos, detenidos y les confiscan la mercadería. Esta actitud se observa especialmente dirigida hacia los trabajadores inmigrantes con un ensañamiento particular contra los senegaleses.
Gracias a la lucha de los trabajadores feriantes, en el mes de junio, el titular del Juzgado N° 2 en lo Contencioso Administrativo y Tributario, Andrés Gallardo, ordenó al Gobierno de la Ciudad que se le otorgue a cada uno la suma de $10.000 hasta la finalización del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Si bien el fallo es a favor de los trabajadores, también es totalmente insuficiente. Reclaman reabrir los puestos y de esta manera poder trabajar con protocolos claros como se lo permitieron a bares y restaurantes, incluso dándoles una ayuda económica.
La situación desesperante de estos trabajadores no es contemplada por las políticas de Larreta, quién no solo, no les permite trabajar sino que, tampoco ofrece soluciones para que puedan obtener un ingreso. Como se puede ver, la presión empresarial es prioridad para el Gobierno frente a las necesidades de las y los trabajadores. |
