Hoy se conmemora el día nacional de medioambiente en el país. "No es sequía, es saqueo", fue una de las consignas que se instalaron el 18 de octubre pasado para continuar denunciando a este Chile de 30 años de abusos.
Ad portas de las elecciones hacia la aprobación hacia una nueva constitución, no debemos olvidar que el proceso constituyente firmado a puertas cerradas entre partidos políticos el pasado 15 de noviembre -incluido sectores del Frente Amplio- posee ciertos límites y engaños. Uno de ellos es la Ley 21.200, la cual prohíbe tocar los tratados internacionales.
El problema de soberanía: renacionalización de los recursos naturales y control y gestión de trabajadores y comunidades
El artículo 135 de la ley 21.200 pone un límite importante para la protección de la biodiversidad y conflictos socioambientales. Sabemos que esta medida no es fortuita ya que Chile es uno de los países que posee más tratados de libre comercio en el mundo, mecanismo donde el extractivismo ha sido un festín a nombre de las multinacionales y transnacionales.
Esto, claramente afecta a que este proceso se dirija hacia una Asamblea Constituyente Libre Soberana, sino más bien a un acuerdo para asegurar las ganancias empresariales bajo la democracia "a medida de lo posible".
Un claro ejemplo es la minería, que en plena pandemia se mantuvo la producción e inclusive las ganancias se sostuvieron a costa de la salud de las y los trabajadores y comunidades. Todas estas grandes empresas apenas pagan impuestos con un mísero 5% de royalty.
También recordamos que Chile es el único país en el mundo que tiene sus aguas privatizadas. El Código de Aguas de 1981, impuesto bajo dictadura militar, separó los derechos de agua con los derechos de tierra considerando el agua como una mercancía más.
Para acabar con el saqueo empresarial y la corrupción de los recursos estratégicos, es necesaria la expropiación y estatización de los recursos naturales sin indemnización ni compensación alguna a las empresas mineras, energéticas y extractivistas bajo la gestión de los trabajadores y comunidades.
Sin embargo, este proceso constituyente no podrá resolver estas demandas y por esto es necesario retomar la movilización en perspectiva de una Huelga General para poner fin a todas las herencias de la dictadura bajo organismos de autoorganización de trabajadores y comunidades. Para levantar una voz de quienes peleamos por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, porque se vaya Piñera y que la crisis la paguen los grandes empresarios. | 
