El acceso a la vivienda es un derecho elemental que necesita tener un espacio físico donde asentarse, el Estado tiene que responder ante esta histórica carencia de manera urgente, trabajando en conjunto con las familias, escuchando sus demandas y protegiendo su salud e integridad.
Uno de los temas centrales de la agenda nacional es el proceso de ocupación de tierras en la localidad de Guernica, provincia de Buenos Aires. Esta situación ha puesto sobre la mesa viejas problemáticas de nuestra región. En Latinoamérica uno de los principales problemas urbanos es el déficit habitacional y la cantidad de sectores populares que viven en asentamientos, villas, pueblos jóvenes, ranchos, favelas, con falta de acceso a servicios básicos y en muchos casos en condiciones de hacinamiento.
La toma de tierras es un tema complejo, que implica por un lado una dimensión material, conocida por muchas y muchos: el suelo, la infraestructura, los equipamientos sociales y servicios públicos, la movilidad, las viviendas con sus respectivas instalaciones. Esta dimensión responde a la lógica de la necesidad: primero ocupo, luego urbanizo. Todo lo producido es para ser usado, para cubrir necesidades básicas, no para generar un valor económico. Por otro lado, la toma de tierras implica también una dimensión inmaterial de valoraciones simbólicas generada por la construcción colectiva. Intervienen distintos actores con diversos intereses y mayor o menor poder de incidencia en el territorio. Se ponen en juego una multiplicidad de derechos, entre los que se encuentran el del acceso al hábitat y la propiedad privada.
El único motivo para que las familias decidan ir a ocupar un terreno, instalar algunas chapas, cartones, maderas para refugiarse, sin acceso a ningún servicio básico y enfrentarse a condiciones de vida tan crudas es la necesidad. No existe otra razón. Las familias que ocupan terrenos lo hacen porque no tienen opciones, es eso o la calle y la calle no es un lugar para vivir.
María Cristina Cravino, en un artículo para "Café de las ciudades" [1] expone que “esta cuestión expresa un hiato entre los derechos reconocidos constitucionalmente y las respuestas del Estado. Por esta razón, como los Estados no pueden dar respuesta al problema toleran las ocupaciones porque de alguna forma resuelven lo que no pueden (o no están dispuestos a) ofrecer. De esta forma, las tomas de tierra son una válvula de escape al problema del acceso al suelo y a la vivienda”
Barrios Populares
Para poner en contexto, en Argentina se denomina barrio popular a un asentamiento conformado por 8 viviendas o más, donde la mitad de la población no posee la propiedad del suelo que habita y más de la mitad del barrio no tiene acceso regular a 2 servicios públicos básicos como mínimo. Los barrios populares son producto directo de la desigualdad capitalista y la imposibilidad que genera, para grandes sectores de la población, al acceso de la tierra.
En esta forma de vivir nace el hábitat popular como producto social y cultural. Este no es un objeto de cambio, no responde a las lógicas mercantilistas sino que, ante la necesidad habitacional que no puede ser satisfecha por el mercado ni por el Estado, las y los vecinos se organizan para resolver con sus propios medios una demanda urgente: techo para sus familias. De esta manera proceden a ocupar algún pedacito de tierra abandonado donde puedan levantar sus viviendas.
Los grandes medios quieren instalar la idea de que las tomas de tierras son equivalentes a narcotráfico y delito organizado. Mienten. Poco dicen de la falta de acceso al suelo que año a año afecta a miles y miles de personas. En contextos de crisis severa como los actuales esas tendencias se aceleran.
El último informe de la CEPAL ubica a nuestro país entre los tres con mayor desigualdad en la pandemia donde hubo una transferencia de la riqueza del 7% desde el sector más pobre al más rico. Son públicos los datos de que en Córdoba la desocupación actual llegó a casi 20% y la pobreza a un 40%, cifras que no se veían desde 2002. A nivel nacional la pobreza infantil llega al 56%. El discurso mediático sólo busca criminalizar un sector social y favorecer los negocios de los grandes grupos empresarios.
En Córdoba el RENABAP (Registro Nacional de Barrios Populares) registró 194 barrios populares en la provincia, de los cuales 124 se encuentran dentro del ejido municipal. El promedio de antigüedad de estos barrios es de 37 años, es decir, estamos hablando de una problemática estructural que tiene largo tiempo sin resolver y que aumentó entre un 11% y un 18% por década desde 1940.
Si bien no hay procesos similares al del Guernica en la actualidad, hace tan sólo dos años, los vecinos del barrio Esperanza en Juárez Celman fueron expulsados de sus casas por el gobierno provincial de Juan Schiaretti a través de topadoras e incendiando las viviendas. No podemos descartar que, con las cifras de desocupación y pobreza actuales esos procesos se den en un futuro cercano.
Toma en Juarez Celman. Foto de Archivo
Especulación inmobiliaria
Como podemos observar en los distintos mapas de análisis, la contracara de la situación que viven los barrios populares es la especulación inmobiliaria. Decenas de urbanizaciones cerradas se extienden ocupando territorio urbano y rural. Mientras los sectores populares luchan a duras penas por tener un pedazo de tierra y vivienda, a las clases más acomodadas las obras, la infraestructura, los servicios, los equipamientos, los espacios verdes, les llegan rápido.
Estos se desarrollan en muchos casos en tierras fiscales, producto de negocios entre los grupos empresarios de la provincia y los distintos gobiernos tanto municipales como provinciales.
Es el caso del barrio Manantiales, del grupo EDISUR, que se asienta sobre el inicio del arroyo de la cañada, que era un área de reserva natural donde no se podía edificar, lograron cambiar el uso de suelo a la categoría residencial.
En zona norte, también existen muchísimos barrios de este tipo que presionan todos los años para avanzar sobre la Reserva San Martín, como muy bien señalan sus vecinas y vecinos. Además, cientos de barrios privados que se extienden sobre el cordón de Sierras Chicas avanzando sobre el bosque nativo y destruyendo a su paso una enorme cantidad de especies. Atentan contra el patrimonio ambiental y paisajístico de la provincia, o incluso, como vemos actualmente provocan incendios para el desarrollo de sus emprendimientos especulativos.
Country Las Delicias. Noroeste de Córdoba Capital
Vista aérea de country San Isidro y asentamiento Nueva Esperanza en Villa Allende, Córdoba.
Entonces ¿qué sucede con el acceso a la tierra? Podemos observar solo con una foto aérea como los barrios countries tienen terrenos enormes, que ocupan una gran superficie de tierra para pocas personas, mientras los asentamientos populares ocupan un espacio mínimo, donde viven cientos de personas. No hay planes ni políticas públicas eficientes de acceso a la tierra acorde a los ingresos económicos de este sector.
El acceso a la vivienda es un derecho elemental que necesita tener un espacio físico donde asentarse, el Estado tiene que responder ante esta histórica carencia de manera urgente, trabajando en conjunto con las familias, escuchando sus demandas y protegiendo su salud e integridad.
Desde 2019 la ciudad de Córdoba cuenta con la primera banca de la izquierda en la Ciudad de Córdoba. Desde la banca, como también desde la campaña electoral, la concejala Laura Vilches ha expresado la necesidad de emprender una reforma urbana integral que comience por un plan de obras públicas, infraestructura y viviendas para las familias que se encuentran en emergencia habitacional y permita el acceso a la vivienda a quienes hoy tienen que destinar gran parte de sus ingresos en alquiler y someterse a la dictados de las inmobiliarias.
Este plan, que además permitiría la creación de miles de nuevos puestos de trabajo, debe ser solventado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y en base al no pago de la deuda provincial dolarizada, incorporar un política de regulación del precio de la tierra y la expropiación de terrenos y viviendas ociosas. A lo que debemos agregar el destino a la vivienda ociosa. Finalmente, para garantizar que estén al servicio de las grandes mayorías, de quienes realmente lo necesitan, lo deben gestionar trabajadores y trabajadoras y las organizaciones barriales populares.
