Lord John Maynard Keynes, el economista de cabecera del progresismo mundial y muy querido por varios referentes del Frente de Todos, afirmaba que la clase trabajadora sufría algo así como “ilusión monetaria”. Esto significa que su conducta está determinada, en mayor medida, por el salario nominal: es decir, por el dinero que se recibe cada mes por trabajar. Y, en menor medida, influía la percepción del salario real: es decir, la capacidad de compra de mercaderías y servicios que tiene el salario. En su Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero, una obra del año 1936, Keynes afirmaba que “puede suceder que, dentro de ciertos límites, lo que los obreros reclaman sea un mínimo de salario nominal y no de salario real”. Así, concluía que “si bien los trabajadores suelen resistirse a una reducción de su salario nominal, no acostumbran abandonar el trabajo cuando suben los precios de las mercancías para asalariados”.

Keynes buscaba una alquimia económica para salvar a un capitalismo en profunda crisis durante la década de 1930. Y su Teoría general..., una suerte de obra inicial de la economía heterodoxa, constituía una profunda crítica a la teoría ortodoxa que pregonaba que la reactivación económica debía ser precedida por una caída de salarios nominales. En el convulsionado panorama social de aquella década de crisis, guerras y revoluciones, el economista británico buscaba avanzar por las líneas de menor resistencia de la clase trabajadora para lograr los mismos resultados: por cada punto que la inflación le gana al incremento de salarios los capitalistas como clase embolsan una parte mayor de la torta de la riqueza social que se produce cada año. Una riqueza que, claro está, se produce íntegramente por el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores.

El recuerdo de Keynes viene a cuento en tanto que un método de engaño semejante al que el economista británico pergeñaba contra la clase obrera podría aplicarse al ajuste del presupuesto público sobre las remuneraciones estatales. A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 430 del año 2000, Fernando de la Rúa, decidió recortar 12 % los salarios nominales de los empleados del Sector Público Nacional. La inflación de aquel año no llegó al 1 %, por lo cual, el poder de compra retrocedió 13 %. Por Decreto 896/2001, el Gobierno de la Alianza volvió a establecer recortes en función de alcanzar el “déficit cero” pregonado por Domingo Cavallo. El salario estatal sufrió un nuevo golpe con la devaluación del año 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde: ese año la inflación fue de 41 % sin que se registrara paritaria en el sector público. Todos esos recortes quedaron marcados en la memoria histórica.

En la última década, el poder de compra del salario estatal experimentó un retroceso continuo, pero lento hasta 2015. Con el Gobierno de Cambiemos se aceleró la caída. Y la tendencia no se revierte, sino que se prolonga, con la actual gestión del Frente de Todos: en diciembre próximo el salario podría comprar entre un 42 % y un 50 % menos que lo que compraba en junio de 2015. El deterioro actual parece escandalizar menos que el derrumbe que sufrió los primeros años del nuevo siglo. No obstante, está adquiriendo dimensiones similares. El único que mantiene la conducta es el criador de caballos, Andrés Rodríguez Larrea, mandamás de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN): nunca se opuso ni a la caída del salario nominal ni a la caída del salario real. Alberto Fernández habrá pensado: a caballo regalado no se le miran los dientes.

Aplicando la teoría: los sueldos estatales

El día martes 29/9 tuvo lugar la reunión paritaria del Convenio del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), el más extendido entre los estatales dependientes del Poder Ejecutivo Nacional: de casi 200 mil estatales nacionales, unos 70 mil están regidos por el SINEP [1]. Luego de la suspensión de dos revisiones establecidas en la paritaria 2019 (una para noviembre del año pasado, correspondiente al macrismo, y otra para marzo de este año), como así también de la suspensión desde mayo de la paritaria 2020, en acuerdo con UPCN, el Gobierno de Alberto Fernández otorgó un 7 % de aumento. Para diciembre se fijó un nuevo encuentro en vistas de continuar la discusión. Si bien el año paritario no es equivalente al año calendario (utilizado como referencia para la inflación), cuando se vuelvan a encontrar las partes es probable que la inflación se ubique en 38 % [2], según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que realiza el Banco Central.

Andrés Rodríguez Larrea, estampó, una vez más, la firma para consagrar la pérdida del poder de compra del salario estatal. Originalmente, el Gobierno había ofrecido 15 % en cuotas. El 7 % “logrado” por el esfuerzo del titular de UPCN (eso sí, en una sola vez) desató el sarcasmo y la bronca entre los empleados estatales. Más oficialista que cualquier oficialismo desde Carlos Menem hasta Mauricio Macri, al miembro de la Sociedad Rural no le tembló el pulso: Rodríguez Larrea, además de criador de caballos, es domador de paritarias. La Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía graficó la miseria del aumento: para las categorías F y E, representa $ 40 diarios (un alfajor Jorgito); para la D, $ 55 (un sachet de leche); para la C, $ 60 (un chocolate Milka); para la B, $ 90 (un sándwich de miga); y para la A, $ 130 (una chocolatada Cindor).

Una década perdida

El SINEP comenzó en el año 2009 [3]. Desde entonces, excepto en el primer año de vigencia, los salarios de ese convenio se deterioraron progresivamente por el efecto de la inflación. Primero retrocedieron lento, pero con el macrismo se aceleró fuerte la caída: entre diciembre de 2015 y diciembre de 2019 el retroceso fue del 38 %. Luis Campos coordina el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma. Consultado por Ideas de Izquierda sobre en qué nivel podría terminar el poder de compra hacia fin de año y sobre las comparaciones históricas de la caída, explicó que “Si tomás el año calendario (enero - diciembre) el peor año fue el 2018 en el que diciembre presentaba una caída interanual del 19%. Este año […] la caída interanual en diciembre para quienes quedaron excluidos de los $ 4.000 de principios de año va a ser del 15,8 %. Para quienes recibieron los $ 4.000 el retroceso porcentual va a ser sustancialmente menor”. En este último caso, el retroceso puede llegar a ser del 4 %. No obstante, cree que, independientemente de las comparaciones históricas, “lo más relevante es que se sigue profundizando un proceso de ajuste impactante en las remuneraciones de los trabajadores y trabajadoras del sector público nacional”.

La unidad retributiva es la base de referencia de toda la grilla salarial del SINEP. A partir de comparar su evolución en relación a la inflación se puede observar el desempeño de su capacidad de compra. En diciembre de 2020 [4], su capacidad de compra podría ser de la mitad que en junio de 2015, considerando los pronósticos de inflación del REM. Esta es la realidad que aplica a quienes no recibieron bonos durante 2020. Luis Campos amplió la mirada: “si me remonto a diciembre de 2011 la caída en una década asciende al 53,1%”, describió en relación a lo que podría observarse a fin del corriente año. Y concluyó que “me cuesta mucho encontrar palabras para calificar un proceso en el que el salario real de un trabajador se redujo a la mitad”.

El coordinador del Observatorio del Derecho Social facilitó a Ideas de Izquierda la evolución del salario real de una categoría D0 para tener una referencia de los salarios que recibieron el bono que a principio de año otorgó el Gobierno de Alberto Fernández a través del Decreto 56/2020: “la situación no mejora sustancialmente en el caso de los trabajadores que sí cobraron los $ 4.000. En ese caso la caída en comparación con diciembre de 2015 a fin de año será de un 39% y en comparación con 2011 llegará al 46,4%”, explicó Luis Campos. En relación al discurso del gobierno sobre el “regreso del Estado”, Campos concluyó que “es difícil pensar un Estado presente o cualquier recuperación de la capacidad estatal para intervenir en cualquier área (económica, sanitaria, educativa, social, laboral, etcétera) si las personas que tienen que llevar adelante dicha intervención están expuestas a semejante caída del poder adquisitivo de sus ingresos”.

La administración pública nacional es un ejemplo de precarización laboral. Según un informe de la extinguida Secretaría de Modernización [5], entre el personal civil, en diciembre de 2018, existía un 37 % de planta temporaria y contratada. A esto habría que añadir las empleadas y empleados que trabajan tercerizados en tareas de limpieza y mantenimiento, que por lo general no entran en las estadísticas de los puestos de trabajo estatales. En este contexto, muchos sectores que no están bajo el convenio sufrieron una caída del poder adquisitivo del salario más profunda: es lo que ocurre con miles de monotributistas que no se les aplicó, o se le aplicó parcialmente, las paritarias de los últimos años.

Un palacio lleno de pobres

En 2017, la Junta Interna de ATE del Ministerio de Economía, explicaba que el Palacio de Hacienda (así se denomina comúnmente a la sede de Economía) era un palacio lleno de pobres: un tercio de las trabajadoras y trabajadores tenían salarios que no cubrían la canasta de pobreza. La situación se agudizó: en la actualidad, esa Junta Interna estima que el 45 % de los asalariados no cubren la canasta de pobreza. Se trata de una realidad extendida en todos los organismos públicos.

Según Indec, la canasta de pobreza en agosto de este año tuvo un valor de $ 45.478 para un hogar de cuatro integrantes. Un dato relevante es que esta canasta no incorpora el pago de un alquiler: supone que los hogares son propietarios de la vivienda en la que viven, una situación que está lejos de la realidad. Excepto la letra más alta (A), el resto de las categorías del SINEP [6], no cubren la canasta de pobreza. El salario de la categoría F ($ 21.347 de bolsillo) alcanza para vivir 14 días y cubre el 47 % de la canasta de pobreza. En las categorías C y D, que concentran la mayoría de las empleadas y empleados, el salario alcanza para vivir 20 días (66 % de cobertura) y 17 días (58 % de cobertura), respectivamente.

Desde hace varios años, la Junta Interna de ATE Indec estima una “canasta de consumos mínimos”, la cual surge como una propuesta metodológica innovadora en el organismo estadístico, pero todavía no se estima oficialmente. En ATE Indec explican que las “Canastas de Consumos Mínimos no implican un modelo de lo que sería una canasta óptima, deseable, y que la misma no puede surgir de un análisis estadístico, sino de una discusión social más global acerca de los objetivos y valores a que se aspira”. También señalan que dicha canasta tiene que ser utilizada como referencia para la discusión salarial. En el mes de agosto, estimaron su costo en $ 72.707.

Considerando esta canasta, baja la cantidad de días que se pueden vivir y la cobertura. Las letras C pueden vivir 12 días (cobertura del 41 %) y las letras D pueden vivir 11 días (cobertura del 36 %). Con la situación de carestía de la vida que se refleja en estos números, en varios organismos públicos se extiende el reclamo para que ninguna trabajadora y ningún trabajador esté debajo de la canasta de pobreza y se aspira a que la canasta de consumos mínimos sea parte de la discusión salarial. También se expresa la crítica, no solo a UPCN, sino con las conducciones de ATE Nacional y Capital, que en su apoyo al Gobierno, fueron espectadoras, sin convocar a medidas de fuerza, de la paritaria 2020 [7].

El libreto a la hoguera

Joseph Stiglitz, el mentor del ministro de Economía, Martín Guzmán, es uno de los economistas más reconocidos entre los neokeynesianos, los que aggiornaron a Keynes. Guzmán conoce bien que Keynes pregonaba la utilización del gasto público como palanca para empujar la economía hacia la plena utilización de su capacidad productiva. Ese mandamiento es discutible, tanto en la teoría como en la práctica, debido a que el motor, la palanca, que mueve los “espíritus animales” empresarios es la perspectiva de obtener ganancias: de ahí, la necesidad de recortar el poder de compra de los salarios, como bien lo entendía el perspicaz economista británico.

Limitado por la crisis, los acuerdos con los lobos de Wall Street y la negociación que se viene con el FMI, el gasto público se encuentra restringido por la necesidad de liberar recursos en el mediano plazo para garantizar los futuros pagos de la deuda. De ese presente griego que dejó Macri sobre las espaldas de todos. Y que el Gobierno de Alberto Fernández asumió sin beneficio de inventario, sin investigar una coma del fraudulento bono a cien años que emitió el exministro, el “Messi” de las finanzas, Luis Caputo, o del préstamo más grande de la historia del FMI, un crédito non sancto que financió la campaña presidencial de Macri y una gigantesca fuga de capitales a paraísos fiscales. A pesar de que la negociación de Guzmán pateó pagos con acreedores privados hacia adelante, en el Presupuesto 2021 los desembolsos de la deuda para el año próximo consumirán el 8 % del total del gasto público. Ese número, abultado en sí mismo, no incluye los pagos comprometidos con el FMI y el Club de París: en el Presupuesto se indica que se van a postergar. El manual del FMI no permite extender los plazos de pagos sin reformas estructurales regresivas en lo previsional, laboral y tributario. ¿Es lo que insinúa el Presupuesto? El futuro dará la respuesta.

Más allá de las disquisiciones teóricas, la ilusión monetaria de Lord Keynes arroja luz sobre cómo avanza el ajuste en el Presupuesto 2021 que defienden los funcionarios del Ministerio de Economía en el Congreso. Para el año próximo, el gasto público primario (sin considerar la deuda) se prevé que retrocederá 9,5 % en términos reales, es decir, descontado el efecto inflación. El gobierno, además, parece aferrarse a un milagro: que el Covid-19 desaparezca de la faz de la tierra. O al menos eso se deduce del ajuste en salud que alcanza el 9,4 %, también en términos reales. Con una pobreza que se acerca al 50 % de la población, según los últimos datos del Indec, el presupuesto prevé eliminar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Más en general, en seguridad social, que comprende jubilaciones y asignaciones como la AUH, el recorte será de 14,3 % en términos reales. Allí, en la seguridad social, que explica el 66 % del gasto público total, está el corazón del ajuste. Los jubilados perdieron un 8 % en relación a lo que les correspondía cobrar este año. En 2021, la pérdida parece ser que va camino a profundizarse. Hay otras partidas que recuperarán terreno, como educación, pero “gracias” al ajuste en curso este año. Otro tanto ocurre con ciencia y técnica que mejorará su presupuesto, pero estará 37 % por debajo que el de 2015, según denuncian científicos del Conicet. También aumentan en términos reales las partidas para vivienda y urbanismo. Pero todos estos rubros quedan opacados en su participación en el total del gasto frente al 8 % que insumirá deuda, incluso con el “ahorro” que consiguió Guzmán: educación no llega al 6 % del total, salud no llega al 5 %, vivienda y urbanismo no llega al 2 % y ciencia y técnica apenas se ubica por encima del 1 % del total presupuestado.

En estas condiciones, el gasto público, en lugar de dudosa palanca del crecimiento, es un freno de mano que actuará por años. Según los pronósticos del Presupuesto, si todo sale bien, la economía alcanzará en 2023 el mismo nivel que tenía en 2012. El régimen capitalista, atrasa, al menos, una década. Corresponde a la clase trabajadora dar la lucha por un cambio de rumbo para una reorganización económica sobre nuevas bases que establezca el desconocimiento soberano (no pago) del fraude de la deuda, que rompa con el sometimiento con el FMI, que expropie a la banca privada para conformar una banca nacional única bajo gestión de trabajadores y que establezca el monopolio estatal del comercio exterior para poner fin a la especulación de un puñado de agroexportadores, en su mayoría multinacionales, que monopolizan la mayoría de los dólares de la economía. De lo que se trata es de poner en el centro de la organización económica la atención urgente de las necesidades sociales.