Lo único que había trascendido de forma explícita de estos protocolos era que antes de proceder a reprimir fuerzas especiales se comunicarían con los manifestantes, pero esto contrasta con lo que se ve en la calle, una policía con más elementos represivos, con nuevos carros y equipamientos, con comisarías dedicadas, con bonos especiales y una impunidad descarada, donde los medios de prensa y la declaraciones del gobierno hablan de “confusos incidentes”, mientras que en cámaras los hechos hablan por sí mismos.
Pero esto no se trata de un caso aislado, sino que consiste en un aspecto estructural de las fuerzas represivas. Así lo vivimos en la revuelta con violaciones, mutilados, torturados y muertos en manos de la fuerza policial, con lo que se ganan el odio por parte de gran parte de la población, sin dudas tras de ellos está la responsabilidad del gobierno que manda a reprimir, pero esto no quita responsabilidad a una institución que está concebida para estos fines.
Es así como el ministro del Interior Víctor Pérez llamó a no anticipar juicios y descartó pedir la renuncia del general director de Carabineros Mario Rozas, con esto quieren decirles a las familias que sus hijos en plaza dignidad pueden ser golpeados y hasta asesinados, y que esto no tendrá más repercusión que una investigación, como si fuese un caso aislado y no el resultado lógico del despliegue represivo de una institución y de una política de estado frente a las manifestaciones.
Hasta ahora la oposición parlamentaria, prácticamente en su totalidad, se ha pronunciado en contra de estos hechos represivos, pero más allá de las declaraciones y de amenazas, como acusaciones constitucionales o la amenaza de no votar el presupuesto o los llamados a reformar carabineros, que son cosas de la que ya hemos escuchado durante la revuelta, frente a hechos de igual Calibre, no hay una real disposición a ponerle punto final a la represión policial.
Es que un enfrentamiento serio contra un organismo tan represivo cómo es la policía lleva un debate de fondo o se termina realmente con esta disolviéndola o seguimos viviendo adaptado a un sistema policial que asesina mutila tortura viola y encarcela a los más pobres, a quienes protestan a quienes luchan por sus derechos, como son los cientos de presos políticos de la revuelta, que aún están detenidos.
Estos hechos represivos no sólo ocurren en Chile, sino como hemos visto en las distintas movilizaciones en Estados Unidos, se trata de un problema generalizado, es que los organismos represivos del Estado tienen un deber de resguardar la gran propiedad privada, de defender los intereses de los empresarios, de sostener la paz social en base al uso de la violencia. |
