Este sábado por la tarde se movilizaron más de un centenar de mujeres, la mayoría adolescentes, por las calles del centro de la ciudad de Famaillá, para visibilizar los abusos, los femicidios y exigir justicia, señalando la responsabilidad del Estado. El femicidio de Alejandra Martínez, de 38 años, ocurrido el viernes subió la bronca de las mujeres y la familia de la víctima, ya que el accionar violento del femicida había sido denunciado varias veces por ella a la Policía.
El Estado y el Gobierno provincial son responsables de la larga cadena de situaciones de violencia de género que terminan muchas veces en femicidios. Entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2020 se cometieron 143 femicidios en Argentina, es decir que una mujer fue asesinada cada 29 horas en el país durante la cuarentena. Cifras alarmantes que exigen medidas a la altura de las circunstancias.
El municipio de Famaillá está dirigido por el intendente José Orellana del Frente de Todos, quien había sido denunciado en noviembre de 2016 por una trabajadora del Congreso cuando fue diputado nacional y está procesado por este hecho. Las mujeres que salieron a las calles este sábado denunciaron que no hay ningún tipo de respuestas del municipio en cuanto a medidas de emergencia que actúen como preventivo a los femicidios.
En Tucumán durante abril, tras 500 días de atraso, Manzur promulgó la Ley de Emergencia en Violencia de Género 8.981, el punto b) de esta ley implica implementar "espacios físicos transitorios de asistencia y contención a las víctimas", sobre todo en aquellos casos "en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a su integridad física y psicológica", como también el punto e) "establece un cupo mínimo en los sorteos de viviendas del Ipvdu para víctimas en situación de riesgo que cuenten con una medida de restricción en contra del agresor", hasta el día de hoy el gobierno provincial no le destinó ni un peso a esta ley durante casi los tres años que lleva vigente.
Por eso hoy llegamos a esta situación, donde Tucumán es una de las provincias con más casos de femicidios del país y las mujeres que se encuentran en situación de violencia no tienen ni un solo refugio a dónde acudir con sus hijos para resguardarse.
En el Congreso el PTS-FIT, presentó en los últimos años consecutivos un proyecto de ley de Emergencia, que proponen medidas de emergencia como construcción de refugios, licencias pagas, traslados, subsidios económicos, equipos interdisciplinarios, y el acceso a la vivienda. Pero el gobierno nacional de Alberto Fernández tiene sus prioridades en el destino de presupuesto sólo a los subsidios millonarios a las empresas y al pago de la deuda fraudulenta.
En el marco en que se volvió a postergar el tratamiento del derecho al aborto legal por parte de Alberto Fernández como una consesión más a la Iglesia y la derecha reaccionaria, la tarea del movimiento de mujeres vuelve a ser estar en las calles y en la primera fila, como las mujeres sin techo que pelean por un pedazo de tierra, el personal de salud, maestras, entre tantas otras mujeres trabajadoras, que se ponen en primera línea durante la cuarentena para organizarse por sus reclamos. La única forma de enfrentar la violencia machista y del Estado es alentando la movilización de las mujeres, jóvenes, trabajadores, ocupados y desocupados, en las calles. |
