Fotografía: ID.es Adrián Ruiz
El pasado 27 de septiembre la plantilla de Alumalsa en asamblea votó movilizaciones para el 5 y el 8 de octubre a las 11h desde el Pabellón Príncipe Felipe. Hoy la primera de las manifestaciones contra los despidos en Alumalsa ha recorrido el centro de Zaragoza, iniciando una lucha con “el objetivo de asegurar todos los puestos de trabajo y garantizar los derechos de todas las personas que trabajan en la empresa”.
La respuesta de la empresa ha sido cancelar el ERTE que afectaba al 30% de la plantilla para la semana siguiente, algo que según el Comité de Empresa “hacen para sabotear las protestas y que menos gente pueda venir a las manifestaciones”. Esta decisión aparece como “demasiada casualidad” para el Comité, que advierte que “quieren echar a 230 personas a la calle porque no hay carga de trabajo suficiente y de repente no sobra nadie”.
Las protestas han sido convocadas en asamblea y están apoyadas por el comité de empresa -formado por los sindicatos SITA, CCOO, OSTA y UGT-, y por la sección sindical de la CNT. Todos estos sindicatos participan de la mesa de negociación del ERE, el cual se reunirá los martes y jueves, con una fecha límite inicial fijada el 28 de octubre, de carácter prorrogable.
Alumalsa fue adquirida por la automovilística canadiense Linamar a finales de 2019, cuya dirección ha implantado una serie de ataques a lo largo de este año. Por una parte, los 200 contratos temporales de la planta fueron finalizando, haciendo desaparecer a una parte de la plantilla. Por otra, los trabajadores en lucha denuncian “tres modificaciones sustanciales colectivas de las condiciones de trabajo, que han afectado respectivamente al sistema de trabajo del cuarto turno, a la cuantía de las pagas extra de quienes disfrutan permisos de paternidad, y a la de quienes disfrutan permisos de maternidad”.
En la historia de los conflictos laborales en la siderurgia, Alumalsa es un nombre asociado a las luchas del metal en Zaragoza en los 80 y 90. Tanto por la huelga de 21 días que llevó a cabo la plantilla en 1983, como por su oposición a la introducción de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) que habían sido legalizadas por el PSOE en 1995. Este rechazo a la precariedad laboral se ha mantenido en episodios como la huelga de 12 días que llevaron adelante sus casi 500 trabajadores en 2015, consiguiendo mejoras salariales y de horarios.
No es la primera gran destrucción de empleo en el sector del metal este año, destacando los cierres de Nissan y Alcoa. Mientras quieren hacernos pagar los costes de la crisis es necesario levantar una amplia lucha para defender los puestos de trabajo, ocupar las plantas y exigir su nacionalización sin indemnización bajo control obrero.
Casos como el de Alumalsa nos muestran la necesidad de la nacionalización de toda empresa que cierre o despida, y para atajar el problema del paro, el reparto de las horas de trabajo, para reducir la jornada laboral, sin reducción de sueldo, luchando para que la diferencia salga del beneficio empresarial. | 
