La toma de tierra como una solución al problema de vivienda desde lo informal
Hace unas semanas escuchamos disparos que venían desde una zona de Guaymallén cercana al barrio Lihué. Eran los disparos de la policía que desplegó un megaoperativo, con helicópteros incluídos, para desalojar un intento de tomas de tierras.
Esta tremenda situación no es más que una manifestación de la crisis económica, profundizada a su vez por la crisis sanitaria, que se está haciendo sentir. Y en cada gran crisis suele haber una oleada de tomas de tierra, debido al crecimiento de la pobreza y el aumento del costo de la vida que vuelve imposible afrontar un alquiler. Cualquiera que pague un alquiler conoce el impacto que tiene sobre los ingresos, pero veamos números. En Mendoza, un alquiler promedio de una casa o departamento con una habitación es de $14900, lo que es igual al ingreso medio de la población mendocina. Es decir, la mitad de la población tiene ingresos iguales o menores a un alquiler.
Además hay que tener en cuenta que durante la cuarentena se vieron fuertemente reducidos los empleos del sector del comercio informal, lo cual agrava la situación de precariedad de los ingresos familiares de dicho sector. Son los que no pudieron pagar más el alquiler o ya estaban en situación de calle. Al menos la mitad de las trabajadoras y trabajadores naufragan mayormente entre la precariedad y la informalidad. Allí se encuentra una intersección entre precariedad laboral y habitacional: además de la desocupación, en las tomas predominan informales, changarines, feriantes, trabajadoras domésticas. También mujeres que huyen de la violencia de género junto a sus hijas e hijos en los brazos.
Otro aspecto importante que lleva a las personas a organizarse y acceder a la tierra de manera informal, es el hacinamiento, que en la provincia afecta al 7,3% de los hogares, y la precariedad y falta de viviendas (DEIE, 2017). Según el Censo Nacional de 2010 en el Gran Mendoza, el déficit habitacional representaba el 9,6%, es decir, 21.548 viviendas faltantes y 4.449 viviendas que no cuentan con las condiciones mínimas para un hábitat digno. Mientras miles de familias no tienen techo, existen casas vacías. Según el último censo, en la ciudad de Mendoza de 51.482 viviendas particulares 14.442 se encuentran deshabitadas. Si se tiene en cuenta que en la capital hay un déficit de vivienda de 33.356 hogares, casi la mitad se solucionaría sólo con las viviendas deshabitadas [1].
En Mendoza para el año 2019 el 10,5% de hogares contaba con tenencia informal de la vivienda. Dicha informalidad suele ir asociada a situaciones de precariedad en el acceso a los servicios. En un relevamiento de 2016 se identificaron 205 barrios populares en la provincia, donde viven 11772 familias, siendo la quinta provincia con mayor cantidad en el país. Pensemos que en medio de una pandemia donde el gobierno pide #QuedateEnCasa y lavate las manos, hay cientos de familias que no cuentan con los servicios básicos ni el espacio necesario para mantener las condiciones sanitarias mínimas. Un 31,2% de las viviendas tiene problemas en el suministro de agua por baja presión, turbidez, cortes recurrentes, etc.
La política nacional y provincial de preservación de la propiedad privada
El gobierno de Mendoza, muy en sintonía con las fuertes declaraciones de Sergio Berni, busca defender a rajatabla la propiedad privada y reprimir a quien avance sobre ella. Por otro lado, y en sintonía con Massa, el diputado Jorge Difonso, del bloque Frente Renovador- Unidad Popular (interbloque Cambia Mendoza), presentó un proyecto que es un intento de criminalizar un problema social.
El proyecto que obtuvo media sanción en la cámara baja “establece penalidades para toda aquella persona que usurpe tierras en nuestra provincia”. Es decir, quienes se encuentren condenadas por “usurpación” (art. 181 y 182 del Código Penal) no podrán recibir “planes sociales, subsidios de cualquier tipo, o programas de vivienda emanados del Instituto Provincial de la Vivienda” ni “subsidios de cualquier tipo y/o beneficios a entidades comerciales, productiva o prestadoras de servicios”. De esta manera, frente a una situación de crisis económica y habitacional muy grave, la “solución” del gobierno es criminalizar y sumarle penalidades a quienes acceden al suelo de manera informal.
Este proyecto presenta varios problemas. Hace responsable a las personas de su propio padecimiento. Sin embargo, desde la dictadura militar y durante todos los gobiernos, los sectores populares fueron expulsados del mercado del suelo formal, tanto de tierras como de vivienda y alquileres. Las exigencias imposibles de un contrato y los altos costos de la vivienda resultan restrictivos para gran parte de la población que no tiene otra alternativa que acceder al mercado informal. Por eso no son tomas sino es la recuperación de tierras por los sectores populares.
Los planes de vivienda y créditos resultan insuficientes y sólo son un parche a un problema que se profundiza aún más en momentos de crisis. El déficit sigue siendo ampliamente mayor a las escasas soluciones habitacionales que se proponen. Además, la provincia de Mendoza, junto a Tucumán, son las únicas provincias que no reconoce ninguno de los siguientes principios de acceso al suelo urbano y rural: Función social de la propiedad, Derecho a la vivienda, Derecho a la tierra, Expresiones contra la especulación, ni Suelo como recurso productivo.
Con este proyecto que criminaliza a las familias el gobierno busca ocultar que hay un derecho fundamental que no está garantizando. La Constitución Nacional proclama que el acceso a la vivienda es un derecho en su artículo 14 bis: “El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter integral e irrenunciable. En especial, la ley establecerá: (…) el acceso a una vivienda digna”.
Se habla del derecho a la propiedad privada, pero también existe el derecho a la vivienda y al hábitat digno. Este último ha sido sistemáticamente vulnerado en los sectores populares. Y sabemos que se prioriza uno sobre otro. Y como decía Marx en El capital que ’entre derechos iguales lo que decide es la fuerza’. Por eso es fundamental organizarnos, sumar fuerzas y defender el derecho a la vivienda digna en Mendoza, pero también en Guernica (BsAs) y en cualquier lugar donde hayan personas sin techo, mientras existan techos sin personas.
La informalidad de los ricos Vs la informalidad de los sectores populares
El conflicto por las tomas de tierras vuelve a poner en el centro de la escena la disputa por el acceso al espacio urbano. Las ciudad capitalista que excluye a trabajadores/as del acceso a trabajos dignos, o en el mejor de los casos los/as somete a la precarización laboral y a condiciones de explotación, es donde se expresan las profundas desigualdades y se agudiza la segregación social.
Los sectores populares recurren a la lógica de la informalidad recuperando tierras que se encuentran subutilizadas, en muchos casos bajo la lógica de especulación inmobiliarias, para así visualizar su necesidad de acceso a un derecho humano básico como lo es la vivienda digna. Los asentamientos informales suelen constituirse a partir de tomas organizadas de principalmente tierras fiscales, aunque en algunos casos como en Guernica se desarrollan sobre tierras privadas. Las villas tienden a localizarse: cercanas a las fuentes de ingresos urbanos (en Mendoza podemos pensar en el pedemonte), aledaños a basurales, terrenos contiguos a otros asentamientos existentes, espacios cercanos a cursos de agua, espacios construidos abandonados en el centro de la ciudad (viejas estaciones de ferrocarriles, bodegas abandonadas, etc), o grandes espacios libres que quedan al lado de obras viales.
Las tomas de tierras por parte de los sectores populares no son las únicas formas de apropiación y construcción del espacio urbano llevadas a cabo desde la informalidad. Existen informalidades practicadas desde los sectores más ricos de la sociedad bajo una lógica especulativa y de acumulación de capital. Hablamos de desarrolladores inmobiliarios y propietarios de tierras, que también se apropian de terrenos aprovechando en desuso y que no han sido urbanizados. La gran diferencia entre la lógica de construcción territorial de los sectores populares y desarrolladores inmobiliarios es que en el primer caso están guiados/as por la necesidad de supervivencia ,y en el segundo caso los mueve la necesidad de acumular rentas diferenciales.
Fundamentalmente los aparatos represivos del Estado no son desplegados de igual forma para ambos tipos, a los sectores populares se los criminaliza en los medios, se los reprimen con armas, helicópteros, se los judicializa, se los trata como bandidos/as usurpadores/as de la propiedad privada. Esto muestra que la informalidad territorial está atravesada también por la informalidad política, económica, legal que opera desigualmente en los distintos sectores sociales, y comprueba que quien tiene mayor capital para desarrollar lobby de corte empresarial es quien practica una informalidad legítima.
Este conflicto es una muestra más de la lucha por el derecho a la Ciudad, que como plantea David Harvey “los financieros y promotores pueden reclamarlo y tienen todo el derecho a hacerlo; pero también pueden hacerlo sin los techo y sin papeles. Inevitablemente tenemos que afrontar la cuestión de qué derechos deben prevalecer”. Creemos que es fundamental la lucha social de forma organizada para que el Estado de una pronta respuesta a las demandas, no reprimiendo, no estigmatizando, sino permitiendo el acceso a una vivienda y un trabajo digno, permitiendo también el derecho a la centralidad urbana. |
