Compartimos columna del profesor de Historia de la zona sur de Santiago Dagoberto Vásquez, en torno a los orígenes del gremialismo y de la institucionalidad chilena, hoy cuestionada por un amplio movimiento que aún reivindica las banderas de octubre a casi un año de la revuelta popular.
Por Dagoberto Vásquez Maturana
Profesor de Historia Liceo Portal de La Cisterna
Para entender el origen de nuestra actual institucionalidad debemos remontarnos a no solo a los primeros inicios de la dictadura militar, sino que también al origen del movimiento gremialista de la Universidad católica de Chile en los años 60s.
El movimiento gremialista en la década de 1960, es un movimiento que se levanta como anti reforma de la Universidad Católica, ve al movimiento por la reforma de esa casa de estudio como la ruptura de la sociedad cristiana y conservadora que hasta ese momento defendía la derecha chilena, era para estos jóvenes gremialistas como un paso más para la concreción de la “revolución socialista, anti cristiana y atea”. Posterior mente el movimiento gremialista se levantó como un referente anti gobierno de la Unidad Popular entre 1970 y 1973. Los gremialista liderados por Jaime Guzmán, enarbolan la bandera de una nueva derecha en Chile, la derecha moderna, la derecha que nace desde el gremialismo que configura un proyecto propio y una actuación políticamente en función de imponer este nuevo proyecto, imponer un nuevo estilo político, un estilo confrontacional, de movilización de bases sociales, de lenguaje virulento y tono grave. Todo lo contrario a la antigua derecha chilena, defensiva y reaccionaria a los cambios. La postura en esta “nueva derecha”, derivan de los cambios estructurales que se intentaban crear para tener un Chile diferente y más igualitario, como lo fueron expropiación de latifundios por parte del gobierno demócrata cristiano y continuado con la reforma agraria de la Unidad Popular, las intervenciones de empresas e industrias durante el gobierno de la UP, que mostraban que el área social de la economía era un camino posible de desarrollo y el nacimiento de un empresariado que comienza a proponer la reformulación de su relación con el Estado desde perspectivas neoliberales, a mediados de los años 50. En definitiva, es la búsqueda de la derecha por una autoridad presidencial fuerte, que se levante como defensa del capitalismo, de la propiedad privada, de la protección de privilegios imperantes en la oligarquía chilena desde los inicios de la república y de un estado que sea garante del predominio del libre mercado.
Con la llegada de la dictadura, los gremialistas conducidos por Guzmán, y con la participación de este en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, con la constante llegada de los Chicago Boys-gremialistas a las instancias de conducción económica del país, también con la participación de estos representantes de la “nueva derecha” en las organizaciones sociales intervenidas (particularmente juveniles y estudiantiles), con un gobierno dictatorial que reprimía y silenciaba a la oposición, los gremialistas que posteriormente se aglutinan en el partido Unión Demócrata Independiente se transforman en el partido único, organización política propia de los regímenes totalitarios y fundacionales, preparados para concretar una nueva institucionalidad de acuerdo a sus intereses y postulados.
Los militares una vez instalados en el poder buscaran desde el inicio de la dictadura, crear una institucionalidad acorde a los objetivos que se estaban trazando y al mismo tiempo los gremialistas dirigidos por Jaime Guzmán buscaran concretar el proyecto de sociedad neoliberal, conservadora y protectora de los intereses y capitales privados. Bajo el escenario de la llegada del nuevo gobierno dictatorial, la Junta Militar se atribuye la potestad constituyente, cesando, en los hechos, la vigencia de la Constitución de 1925 y el sistema institucional que esa constitución tenia. La primera es la Comisión de Estudios para nueva Constitución Política, llamada también Comisión Ortúzar, se formó el 24 de septiembre de 1973. Fue una comisión de exclusiva confianza de la Junta de Gobierno, fue presidida por Enrique Ortúzar Escobar y estuvo integrada por Jaime Guzmán Errázuriz, Sergio Diez Urzúa, Jorge Ovalle Quiroz, Enrique Evans de la Cuadra, Gustavo Lorca Rojas, Alejandro Silva Bascuñán, Alicia Romo Román.
Entre marzo y mayo de 1977, abandonaron la Comisión por tener diferencias con el gobierno los señores Silva, Evans y Ovalle, siendo reemplazados por Luz Bulnes, Raúl Bertelsen, Juan de Dios Carmona y Rafael Eyzaguirre.
La Comisión de Estudios se reunió entre el 24 de septiembre de 1973 y el 5 de octubre de 1978, completando 417 sesiones de trabajo. Como resultado de las mismas, creo para Pinochet un anteproyecto constitucional compuesto por 123 disposiciones permanentes y 11 transitorias. Luego de eso, la Comisión se disolvió.
Una segunda instancia la constituye el Consejo de Estado, órgano consultivo del Dictador en asuntos de gobierno y que estaba integrado por los ex Presidentes de la República por derecho propio y otras personas designadas por Pinochet, entre sus integrantes encuentran: Jorge Alessandri Rodríguez (que actuaba como presidente del Consejo) y Gabriel González Videla. Además, Carlos Cáceres, Juan de Dios Carmona, Juan Antonio Coloma (Dirigente Estudiantil Designado por la Dictadura), Juvenal Hernández, Vicente Huerta, Renato García, Diego Barros, Pedro Ibáñez, Oscar Izurieta, Hernán Figueroa, Mercedes Ezquerra, Héctor Humeres, Julio Philippi, William Thayer, Guillermo Medina, Enrique Bahamonde y Enrique Urrutia Manzano, entre otros miembros civiles y militares que fueron rotando, todos integrantes de la elite oligárquica de Chile. Dicho Consejo elaboró un nuevo proyecto constitucional, alternativo al de la Comisión Ortúzar, entre el 14 de noviembre de 1978 y el 1 de julio de 1980, a partir de un total de 57 sesiones de trabajo. El 8 de julio de 1980, el Consejo entregó su proyecto a la Junta Militar y al Dictador.
La Nueva constitución se plebiscitó al estilo de las dictaduras, sin registros electorales, las personas podían votar en cualquier mesa e incluso repetir su votación ya que no existían registros, sin propaganda para la opción adversa, con persecución a opositores, con estado de sitio y una constante propaganda que calificaban de antipatriotas y enemigos peligrosos a aquellos que no estuviesen de acuerdo con el régimen.
La constitución de 1980 impuesta por la dictadura a sangre, fuego, hierro y muerte se constituye en la base jurídica de la institucionalidad chilena, esa institucionalidad pensada por Jaime Guzmán, los gremialistas y la “nueva derecha”. La constitución del estado subsidiario, el de la educación subvencionada o privada, la institucionalidad que permite el lucro y la acumulación de la riqueza sin control y entrega a los trabajadores a la sobrevivencia dentro del modelo económico, el Chile de los trabajadores explotados en largas jornadas laborales y el de la felicidad del consumo alienante.
Esta institucionalidad hoy está en jaque frente a un plebiscito el próximo 25 de octubre de 2020, los ciudadanos podrán votar por continuar por esta constitución elaborada por unos pocos y bajo una siniestra dictadura o votar por cambiarla. La mayoría optara por cambiar y elaborar una nueva ley marco para el país, pero lo fundamental es no abandonar las movilizaciones, no olvidar que la presión social y política nos permitirá llegar a una Asamblea Constituyente donde la voz de la mayoría popular permita construir una nueva constitución política para Chile que configure un nuevo estado social y político.
