La acción judicial es en contra del presidente Sebastián Piñera, del ministro del Interior, Víctor Pérez; el general director de Carabineros, Mario Rozas; y de todos quienes resulten responsables, sea en calidad de autores, cómplices y/o encubridores, tanto en comisión activa como por omisión. Esta es una entre otras 2 querellas interpuestas contra Carabineros por su intento de asesinato al joven.
En este caso, se solicita que el ministro del Interior y al general director de Carabineros, sean citados a declarar y que se entreguen todos los detalles de el dispositivo desplegado el día viernes 2 de octubre.
Asimismo, se pide que se oficie a la Clínica Santa María para que entregue ficha clínica, diagnostico, DAU, exámenes, TAC y todos los antecedentes que de éstos deriven y se ordene al Servicio Médico Legal realizar la pericia referente a secuelas de lesiones graves en la víctima e informe en cuanto las consecuencias directas ya sea física o psíquica de que ella deriva.
Esta acción judicial se suma a la querella interpuesta por el diputado Tomás Hirsch (Partido Humanista), como también a la realizada por la Defensoría de la Niñez.
La respuesta del gobierno criminal de Piñera, por su parte, ha sido clara en respaldar el actuar criminal de Carabineros, e incluso sectores de la derecha y ultraderecha han amenazado públicamente a la fiscal que decretó prisión preventiva para el responsable directo del intento de asesinato.
A pesar de todas las acciones judiciales que se han presentado contra Carabineros por los asesinatos, mutilaciones, montajes, detenciones arbitrarias y torturas, la impunidad de esta institución sigue siendo perpetuada por el gobierno y la falsa "oposición", que han permitido endurecer la represión y el blindaje judicial a los crímenes policiales.
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