Lo que bien pudieran ser calificado como actos anticipados de campaña, resultó en la instalación de nuevas lámparas en el Boulevard Juan Pablo II, como parte del Programa “Juárez Iluminado”, que incluyó 7.3 kilómetros de cableado subterráneo, el cambio de 297 lámparas, 11 bases para arbotantes, 7 gabinetes de control, 23 arbotantes doble brazo, 284 ductos subterráneos y 3 mil 120 metros de cableado de aluminio, según se dio a conocer.
Como diría el Divo de Juárez “lo que se ve no se pregunta”, quienes vivimos en la misma frontera, sabemos que el “Juárez Iluminado” de Armando Cabada, tiene más tintes de precampaña electoral, que de un interés por resolver los problemas.
Ciudad Juárez se conoce por los feminicidios, así como por sus altos grados de descomposición social y violencia. Ni que decir, de las carencias en servicios públicos, la ausencia de derechos humanos y por supuesto, sus baches en avenidas y calles.
El alcalde está envuelto en escándalos de corrupción y violencia feminicida, incluso cursa una campaña de recolección de firmas en su contra, misma que, aunque lograra la revocación de mandato del municipio, ni los feminicidios, ni la violencia, ni mucho menos el uso de los recursos públicos, etiquetados para otros fines y utilizados con tintes electorales, se detendría.
Hemos pasado de administraciones priistas a panistas, a la inversa y ahora hasta independientes, y tanto los problemas del alumbrado público, como la violencia y feminicidios, no solo no cesan o se contienen, sino que se han agudizado, por no decir desbordado.
Según Cabada, “Juárez Iluminado” impactará alrededor de 200 colonias y sin generar ninguna deuda, solo con recursos “propios”. Suponiendo sin conceder, lo grave del asunto es que con las luminarias se discursa resolver el problema de la seguridad.
Se quiere olvidar que los asesinatos de Marisela Escobedo, en 2010 e Isabel Cabanillas en 2020, como decenas o cientos más, fueron perpetuados y/o realizado en lugares completamente públicos e iluminados como es el Palacio de Gobierno en la capital del estado, y andador turístico de la fronteriza ciudad Juárez.
“Se garantiza una mejor calidad de vida para los habitantes de Ciudad Juárez, quienes ahora pueden salir de sus casas durante la noche gracias a la seguridad que brindan las luminarias que han sido instaladas para alumbrar el frente de sus casas, así como las calles y parques de sus colonias”.
Tampoco podemos olvidar el año 2017, cuando se hizo público el contrato de alumbrado público “OP233-2016”, que costó arriba de 340 millones de pesos, por unas luminarias instaladas en 2016, mismas que siempre presentaron fallas, sin que a la fecha se haya exigido responsabilidad alguna al proveedor.
Se debe evitar que el descontento en contra de Armando Cabada, se canalice electoralmente y/o se pierda sin resolver los problemas de las clases trabajadoras, sus familias y sectores precarizados.
Deben surgir Comités de Usuarios y Trabajadores, sea por colonias y/o secciones barriales, organizados política y democráticamente luchando en contra de la privatización de los servicios públicos en la ciudad, apostándole a la organización de las y los trabajadores de los distintos sectores (Agua, Luz, Recolección de Basura, entre otros) para que, junto con las personas usuarias de las colonias y diferentes sectores, nos organicemos y luchemos por mejores servicios públicos y gratuitos.
No es que no haya solución para los problemas mencionados, es evidente que la administración de Armando Cabada, junto con las autoridades estatales y federales, no pueden o no quieren resolverlos.
Para ellos, las cosas así son, a lo que debemos oponer que los pésimos servicios públicos en la frontera Juárez, como en todo el país, no son problema de recursos o inviabilidad, como se repite constantemente, sino que devienen de cuestiones políticas específicas, relacionadas con las privatizaciones y reformas legislativas al respecto, cuando no por robo o descarada corrupción.
Las empresas que gestionan los servicios públicos rara vez respetan los derechos laborales de sus trabajadores, regularmente están bajo esquemas de subcontratación y/o son proclives a los despidos, así como de constantes rebajas salariales. Habitualmente cometen abusos e irregularidades, precarizando los servicios prestados y ejecutando políticas de corte neoliberal, haciendo negocio privado con dinero público. Sin mencionar, los pésimos resultados y servicios que regularmente ofrecen.
Hay que entender el tema de la administración municipal como una cuestión política y social relacionada con el modelo de ciudad a que se aspira y, por consiguiente, a la manera en cómo deseamos vivir.
Recordemos el golpe que significó la desaparición de Luz y Fuerza, bajo la administración del panista Felipe Caderón, principalmente en el centro del país, con la imposición/privatización de la CFE, para dejar sentadas las bases de las condiciones laborales en la privatización del servicio.
Para hacer frente a las desiguales y precarias condiciones que nos ofrece, no solo la administración municipal de Cabada, sino el sistema capitalista en general, debemos organizarnos; charlar del tema con las y los compañeros del trabajo, discutirlo en casa con la familia, platicar y comparar ejemplos en comités vecinales, de igual manera que resulta impostergable e indispensable la recuperación de los sindicatos como herramienta de lucha de las clases trabajadoras. Por lo que se hace necesario luchar por el control obrero y la remunicipalización de los servicios.
Hay que rivalizar en contra de una ciudad dividida entre ricos y pobres, ya que es evidente que los feminicidios, la violencia y, por supuesto, la carencia de servicios no pega por igual a las y los juarenses.
Es indispensable eliminar la visión empresarial de los servicios públicos, lo que significaría un avance y un ahorro inmediato para los bolsillos de las clases trabajadoras y sus familias.
El transporte público, el servicio de recolección de basura, el alumbrado público, el cuidado y mantenimiento de parques y áreas verdes, así como el servicio de agua potable y muchos más, deben ser estatizados y bajo el control de las y los trabajadores de las distintas ramas y servicios.
Hay que oponer a las visiones empresariales, los criterios de solidaridad, sostenibilidad, racionalización y centralización de los recursos y tareas, de igual forma que apostar por la centralización obrera y optimización de los recursos, con base en las necesidades y no de las ganancias, y por supuesto, tener siempre presente una relación más armoniosa con el medio ambiente.
Los servicios públicos como los mencionados y otros más, no solo son jurídicamente y administrativamente posibles, bajo el control obrero y la administración estatal, sino que su gestión mejoraría los servicios y sería un ahorro inmediato para las y los usuarios, así como permitiría garantizar los puestos de trabajo y derechos laborales, de quienes realicen y ofrezcan éstos y otros servicios, por lo que deberían ser garantizados/financiados por el Estado.
En otras palabras, las y los usuarios no debemos pagar por los servicios públicos, pues con nuestros impuestos y otros pagos, de cierta manera, ya han sido cubiertos. El problema, hay que decirlo, son las burocracias y las propias autoridades, quienes son responsables de la privatización y externalización de los servicios públicos.
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