A pesar de las “dudas”, “discusiones” y “análisis” entre los funcionarios del Gobierno nacional para determinar si los casi 8,9 millones de desocupados y trabajadores informales recibirán por cuarta vez la suma de $ 5.000 mensuales en el contexto de la aguda crisis social, el IFE no está contemplado en el Presupuesto 2021 (tal como afirmó el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de este lunes). En el mismo se prevee además un recorte mínimo del 12 % en partidas sociales, mientras se estipula un pago de intereses de deuda al FMI de U$S 1.339 millones.
Las señales del Gobierno de Alberto Fernández en relación a un no pago del IFE en el mes de octubre se dan a poco tiempo de que el INDEC informara una pobreza que ascendió al 40,9 % % durante el segundo semestre del año, junto a una desocupación que afecta al 13 % de la población económicamente activa pero que según voces oficialistas como Claudio Lozano (director del Banco Nación), es en verdad del 29% si se contabilizan a los que no pudieron buscar trabajo debido al contexto de la pandemia.
Este lunes Nicolás Del Caño interpeló al ministro Arroyo, quien en la misma línea que Moroni confirmaba la no contemplación del ingreso de emergencia en el presupuesto del año que viene. El diputado por el Frente de Izquierda Unidad le cuestionó como justificaría el gobierno la eliminación de esa asistencia, de por sí insuficiente, en medio de una profunda catástrofe social abierta, a lo que el funcionario respondió con la posible creación de nuevos programas para la juventud y el reforzamiento del programa Potenciar Trabajo.
Algo similar a lo sostenido hoy por el ministro Moroni, quien afirmó que “se analiza” cuál será “la herramienta más idónea” para asistir, y dejó abierta la posibilidad a vincular los planes sociales con programas de empleo, lo cual se da por descontado que serán de tipo precario y sin los derechos laborales correspondientes.
Lo que el gobierno no pone en discusión ni evalúa es el recorte del gasto público en su objetivo de reducir el déficit fiscal, “tareas” que son requeridas por el Fondo Monetario Internacional para conceder un programa de postergación de pagos de la deuda contraída por Argentina durante los años del macrismo, y que el propio organismo reconoció que fue utilizada para financiar la campaña electoral de Juntos por el Cambio.
En lo que va del 2020, el gobierno lleva destinados U$S 5.000 millones. Esto representa por ejemplo cincuenta veces más lo que fue destinado a vivienda y urbanismo, una de las problemáticas que emergieron con la crisis a través de las tomas, como consecuencia de las millones de personas desocupadas y con bajos ingresos que no pudieron continuar pagando un alquiler, una necesidad sumamente básica que el monto del IFE se encuentra a años luz de cubrir. | 
