Por la mañana los choferes cortaron la Ruta 40 para exigir el pago de salarios de Septiembre. Los trabajadores se encuentran en estado de alerta y movilización permanente. Convocan mañana a las 10 horas en la puerta del sindicato.
Los choferes tomaron una nueva medida de fuerza realizando un corte de ruta al ingreso de Bariloche. Es la sexta jornada de paro de transporte urbano de pasajeros, participaron la Unión Tranviarios Automotor (UTA) Bariloche y choferes de la empresa Mi Bus. En el mismo momento en que se realizaba la protesta de los choferes en la entrada norte de la ciudad, el Secretario General de la UTA Bariloche Marcelo Larlori, de licencia desde el inicio de la cuarentena, fue sorprendido en el Banco Nación del centro de Bariloche. Mientras las cuentas de los trabajadores de Mi Bus están en rojo por los retrasos e incumplimientos de la empresa, la burocracia parece no tener esos apuros económicos. Tampoco en resolver la situación de los 242 trabajadores amenazados, una vez más, de perder su fuente e trabajo.
El miércoles pasado trabajadores y usuarios concentraron en Onelli y Moreno en defensa del Transporte Urbano de Pasajeros, luego marcharon al Centro Cívico.
El municipio garantizaría la impunidad de este desfalco a la ciudad rescindiendo el contrato con Mi Bus de manera que la empresa se retiraría sin responder por los $23 millones en subsidios mensuales que recibió de Nación y los casi 8 de provincia. Este dinero, qué sale de los bolsillos trabajadores, es para garantizar un servicio que la empresa prestó de manera deficiente y súper explotando a sus trabajadores.
En la movilización el pasado miércoles, consultamos a Cesar Alonso sobre la posibilidad de estatización del servicio: “La estatización es lo mejor que le podría pasar a la ciudad, a la gente le serviría y con los subsidios podríamos expandirnos y brindar un mejor servicio para el pueblo. La justicia tiene que investigar las denuncias presentadas por la Multisectorial, es dinero de la ciudad y de todos los contribuyentes.”
Hoy más que nunca trabajadores del transporte y usuarios debemos pelear por el embargo inmediato de los bienes de Amancay SRL, la estatización como bien público de carácter esencial y la puesta en funcionamiento del servicio bajo control de los y las trabajadoras del transporte. Es la única forma de acabar con este negociado infame a costa de las necesidades populares y asegurar un servicio de calidad y condiciones de trabajo dignas. Si el Estado tiene dinero para financiar a estás patronales, que lo ponga al servicio del pueblo trabajador en una empresa pública con gestión obrera y control de usuarios.
