Son 4000 docentes los que integran al personal civil de las Fuerzas Armadas y se encuentran por fuera de la negociación colectiva de sus pares. No son considerados docentes y cobran salarios inferiores que no alcanzan la canasta básica alimentaria. ¿Quiénes somos y qué reclamos tenemos?
Hoy, como los 7 de Octubre de cada año, se conmemora el día “Día del Personal Civil de las Fuerzas Armadas”. Los docentes de las Fuerzas Armadas son poco más de 4 mil en todo el país, y trabajan tanto en liceos como en secundarias, jardines y primarias dependientes del Ministerio de Defensa, al depender a este ministerio, y no al Ministerio de Educación, somos reconocidos como “personal civil de las Fuerzas Armadas”, por lo que sus paritarias son discutidas en el ámbito del convenio colectivo de trabajo de los empleados públicos con la representación UPCN, PeCiFA y ATE.
Luego del acuerdo paritario de un 7% hasta diciembre firmado la semana pasada entre el gobierno nacional y los sindicatos (el cual ATE firmó en oposición), los docentes de las Fuerzas Armadas revivimos nuestra invisibilización. No estamos contemplados en la discusión paritaria del Ministerio de Educación, por lo que cobramos un salario que, dependiendo de la zona del país, puede oscilar entre un 50% y un 120% menos que nuestros colegas de otras escuelas de carácter público o privado que discuten sus paritarias regularmente.
Con una perspectiva inflacionaria cercana al 40% para este año, los salarios extremadamente bajos no son lo único que nos preocupa, sino que también tenemos un índice de precariedad laboral que alcanza el 80%, dependiendo del instituto. Esto implica que la mayor parte del plantel docente nos encontramos trabajando como “suplente de cargo vacante” durante muchísimos años sin posibilidad de titularizar. Esto, aunque la ley marco del empleo público nacional señala un plazo para la titularización y paso a planta del trabajador, hay profesores de distintos niveles que ejercen como docentes de cargo vacante hace 20 años.
Cada año los suplentes debemos renovar nuestras horas, como si fuera un contrato temporal cuyo “servicio” concluye a fines de marzo y debemos convivir con la incertidumbre de no saber si cada año tendremos menos horas asignadas o siquiera trabajo.
A diferencia de otros sectores del sistema de empleo público nacional, no cobramos presentismo y nuestro su salario se mide en “horas cátedra” o “módulos”, como el resto de los docentes del sistema educativo. Esto implica que la situación de los docentes de las FFAA hasta vulnera el cumplimiento del artículo 14bis (a igual trabajo igual remuneración). Los directores, todos militares, hacen oídos sordos a los pedidos o sostienen con silencio cómplice: ejercen el poder con designaciones a dedo y utilizan nuestra precariedad laboral como estrategia de coerción para evitar que protestemos.
No parece casual que hace unas semanas, el director nacional de Formación del Ministerio, Sergio Eissa, consultado por el Diario La Nación sobre resolución 255/2020 que propone un Plan Liceo 2030 para el cual se realizarán antes del 30 de junio de 2021 jornadas pedagógicas en cada liceo, con la participación de las autoridades, docentes, padres y representantes gremiales, nos advirtiera: "Trataremos de evitar que las jornadas pedagógicas se conviertan en asambleas" (La Nación, 25/09/2020).
Mientras el gobierno nacional realizó el blanqueo del salario de los militares y accedió a pagar los juicios pendientes de oficiales retirados, situación que costará alrededor de $70 mil millones anuales, los docentes, cuyo problema salarial nos solucionaría con montos incluso menores, nos seguimos viendo obligado a la espera. El ministerio de Defensa encabezado actualmente por Agustín Rossi, como antes lo fuera Oscar Aguad durante el macrismo, ha ignorado los diversos reclamos o ha tomado la posición de tomar medidas dilatorias a través de reuniones que no concluyen en ninguna medida concreta, lo que demuestra a las claras la falta de voluntad política ejecutivo y su gabinete.
Ante esta situación, se hace imprescindible la necesidad de organizarnos plenarios abiertos verdaderamente democráticos (sin distinción de afiliación) para discutir y llevar adelante un plan de lucha escalonado y no acciones aisladas.
