La clase trabajadora hace frente a los diversos ataques que viene sufriendo por parte de las patronales a lo largo y ancho del Estado así como a la precarizacíon y los bajos salarios que les imponen los gobiernos, tanto el central (PSOE-Podemos) como los autonómicos. La bronca es tal, que una de las centrales obreras, CGT, ha debido convocar a una huelga en Madrid para fines de mes, aunque sin garantizar su contundencia. Acá reflejamos tres de los más importantes conflictos que están teniendo lugar ahora mismo. Invitamos a seguirlos con más detalle (y otros como el de las y los trabajadores precarizados y el de las monitoras de comedores) en Izquierda Diario Estado español.
Cataluña: Médicos Internos Residentes retoman la huelga ante las concesiones ridículas del Govern y la patronal
Arranca con fuerza una segunda semana de jornadas de huelga de los MIR que durará hasta el viernes. El primer día de esta segunda jornada de protestas ha tenido un seguimiento del 90%. Mientras tanto el Departamento de Salud y las patronales siguen sin dar respuesta a sus reclamaciones.
El Departament de Salud y las patronales pretenden callar las movilizaciones con concesiones ridículas como es el aumento de un 6% del salario. Tal y como los propios MIR denuncian esto tan solo supondría 1,5 euros más al día. Con sarcasmo lo han comparado con el que podría ser el precio de un café para aguantar las guardias maratonianas que realizan.
Todo ello es una auténtica tomadura de pelo a la cual los MIR no han cedido. Es más, la nueva jornada de huelga se ha desarrollado con el mismo éxito que las de la semana anterior. Tal y como ha afirmado el sindicato de Médicos de Cataluña, un 90% de los médicos internos residentes (MIR) de los centros de atención primaria y de la red de hospitales públicos de Cataluña han secundado la huelga. Y las concentraciones de protesta han reunido más de 400 residentes ante la dirección general de relaciones laborales de la Generalitat en Barcelona. La convocatoria de huelga se mantiene hasta el viernes con más concentraciones diarias.
El colectivo sanitario reclama mejoras formativas, laborales y salariales muy básicas.
Por un lado reivindican un aumento salarial de la jornada ordinaria, teniendo en cuenta que en la actualidad los MIR tan solo cobran entre 900 y 1100 euros por una jornada de 40 horas.
Un sueldo mísero que los obliga a tener que aguantar largas horas de guardias para poder compensar. Es habitual llegar a trabajar entre 60 y 70 horas semanales, o más, sin descansos, algo que no solo repercute en sus condiciones laborales, sino que también hace imposible poder atender de manera adecuada a los pacientes. Es por eso que exigen que la jornada ordinaria sea de 35 horas, y que se respeten los descansos de 12 horas ininterrumpidas después de la jornada, así como las 36 horas continuadas de descanso semanal.
También reclaman que al menos un 15% de la jornada ordinaria se destine a la formación, y que haya una supervisión apropiada de su trabajo. Hay que recordar que los médicos internos residentes son profesionales en formación y que en teoría no tendrían que hacer tareas esenciales y estructurales. No obstante, la práctica es bien diferente, y después de años de recortes al sector sanitario acaban realizando estas tareas con unas condiciones muy precarias.
Unas condiciones que empeoraron durante el momento más álgido de la pandemia, en el cual los MIR estuvieron trabajando en la primera línea.
La situación de los MIR no es fortuita ni se inicia por la pandemia, sino que es fruto de años de brutales recortes y privatizaciones que impusieron los gobiernos del PSOE y del PP desde Madrid, y los diferentes gobiernos de la Generalitat, tanto de CIU como del Tripartito, que dejaron una Sanidad Pública completamente deteriorada con todas las terribles consecuencias que esto ha comportado durante la pandemia.
Acciona (subcontratista de Nissan) despide a toda la plantilla con indemnizaciones mínimas
Este viernes Acciona comunicaba la decisión de la propia empresa de hacer efectivo el despido masivo de la plantilla que mantiene en la planta de Nissan en la Zona franca. Y lo hace bajo las peores condiciones posibles, con la indemnización mínima de 20 días por año trabajado.
Desde el Comité de Empresa de Acciona manifiestan que rehúsan totalmente los despidos y hacen un llamamiento a seguir apoyando a las protestas a las que convocan para oponerse a esta medida y defender sus puestos de trabajo.
La decisión, no obstante, llega después de meses de protestas contra la amenaza de despidos después del anuncio de cierre de Nissan. El acuerdo entre la firma japonesa y el Comité de Empresa de Nissan formado por CCOO, UGT, Sigen-USOC y CGT que prevé el atraso del cierre de las plantas en un año, indemnizaciones de 60 días y la busca de posibles inversores pera mantener los puestos de trabajo, solo por los trabajadores directos de la multinacional, ha facilitado este desenlace.
Un acuerdo que no solo no asegura el futuro de la planta, sino que además, deja por fuera a los más de 500 trabajadores de Acciona, ahora en procesos de despido, y las demás plantillas de subcontratos con sus planes de reestructuración. Mes de 25.000 familias en total en la calle, y en una situación de luchar separados que debilita muchísimo la fuerza para revertir este brutal ataque.
Todo esto, no tiene nada de sorprendente viniendo de sindicatos como CCOO y UGT. No obstante, es necesario tener en cuenta el rol que ha desarrollado también la dirección de CGT-Nissan durando todo el conflicto, siguiendo de pe a pa la estrategia de las burocracias sindicales de los mayoritarios. Tampoco el resto de secciones de las empresas afectadas, el sindicato del metal de la CGT y la CGT Cataluña, han dado una alternativa a la política de división impuesta entre trabajadores de la planta de Nissan y las subcontratas.
Desde la CGT, junto con las direcciones de CCOO y UGT, remiten estos días un comunicado, todo después del anuncio de despidos de los trabajadores de Acciona, en el que informan que el objetivo es "la defensa de los puestos de trabajo" de las subcontratas. ¿Pero cómo puede garantizarse esto? si ni siquiera está asegurado el mantenimiento de los puestos de trabajo de la plantilla fija de Nissan en un acuerdo que solo favorece a la patronal.
Por más que desde este sindicato señalen que ahora la prioridad es el futuro laboral de las subcontratas, la dirección de CGT no ha expresado en ningún momento un plan alternativo que se oponga en el acuerdo firmado por el mismo Comité de empresa de Nissan y que rompa la paz social impuesta por este a todas las subcontratas y la matriz.
Por su parte otros trabajadores de Acciona han presentado con el Colectivo Ronda una demanda por cesión ilegal de trabajadores. Una acción legal por la internalización de la plantilla de Acciona como trabajadores de Nissan y que podría suponer una traba importante en las intenciones de la empresa japonesa.
El Comité de Empresa no apoya está legítima reivindicación y acusan al Ronda de luchar por el mal menor y conseguir mejores indemnizaciones. Es muy posible, pero la alternativa de las direcciones sindicales no es otra que buscar también mejores indemnizaciones dividiendo la plantilla entre fijos y subcontratados y sin tomar ninguna medida de lucha o legal que pueda cuestionar el mismo acuerdo.
La acción legal es en sí misma progresiva, combatir la división entre trabajadores fijos y de las subcontratas. A pesar de que, limitarse a ser parte del acuerdo firmado en agosto tampoco es una solución de fondo. Puesto que, en última instancia, no asegura el futuro laboral de la planta y los puestos de trabajo.
Frente a la posición que ha mantenido la dirección de CGT, siguiendo la política de las demás direcciones sindicales, por mucho que discursivamente defiendan los puestos de trabajo, resulta necesario avanzar al superar las políticas burocráticas y unificar todas las luchas entre fijos y subcontratados desde abajo.
Hoy, más que nunca, hay que impulsar un plan alternativo que pueda exigir la nacionalización de las fábricas de Nissan sin pago y bajo control de sus trabajadores. Esta sería la única salida de conjunto a los cerca de 30.000 trabajadores y trabajadoras afectadas por el cierre de Nissan acordada para finales de 2021.
Galicia: trabajadores de Alcoa en huelga indefinida por sus puestos de trabajo
Alcoa se niega a vender la factoría y pretende despedir a más de 500 trabajadores, algo que no ha ocurrido aun gracias a la resistencia de sus trabajadores y trabajadoras.
El 28 de Mayo la empresa anunció un ERE (Expediente de Regulación de Empleo). Después de meses de medidas de lucha de todo tipo, desde huelgas, cortes de carreteras, manifestaciones, y de sucesivas amenazas de despido que fueron pospuestas gracias a la lucha, ahora la Xunta de Galicia y el gobierno central se comprometen a forzar la venta a Liberty House. No está claro cuándo ni cómo, y si esto va a suceder.
La huelga
La huelga se decidió en asamblea, después de que se produjeron bloqueos de los accesos de la fábrica por parte de los trabajadores, en protesta por la decisión de Alcoa de no vender la factoría al grupo Liberty House, ni a la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales). En la fábrica hay alrededor de 1.100 trabajadores, alrededor de 500 en la producción de alúmina y unos 600 en la producción de aluminio primario, donde la empresa pretende realizar un despido colectivo a 534. Meses después lo único que ofrece la patronal es un ERTE, algo que el comité de empresa y la plantilla no está dispuesta a aceptar.
Más de 2.000 trabajadores, entre directos y empresas auxiliares, comenzaron el domingo 4 de Octubre la huelga indefinida a las 6 de la mañana. Las plantas de aluminio y de alúmina continúan operando con los servicios mínimos que fueron pactados inicialmente entre el comité y la dirección por 48 horas. Alrededor de cien empleados, aproximadamente el 50 % de la plantilla, siguen realizando en cada turno las prestaciones esenciales para que las cubas sigan funcionando.
Decenas de trabajadores y familiares se concentraron ese mediodía en el campamento montado en el exterior de la factoría de Cervo, activo las 24 horas, donde se controla que sólo entren suministros. «No se produce nada que no sea para refundir, la producción está parada», explicaba el presidente del comité, José Antonio Zan (CC.OO.). Se permite, sin embargo, la salida de productos esenciales para farmacias y depuradoras.
La negociación entre Alcoa, el comité de empresa, la Xunta y el Gobierno central
El 13 de octubre expira el plazo que tiene Alcoa para comunicar lo qué va a hacer en relación con el ERE. Para Xosé Paleo (CIG) y Diego Ballesteros (UGT) solo hay dos opciones. La primera sería que Alcoa aceptase finalmente vender la planta al Gobierno central a través de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) para después ser posiblemente la filial británica Liberty House, perteneciente al grupo GFG Alliance, que mostró interés por la fábrica y ofreció un proyecto de 1.000 millones de euros para modernizar la fábrica que incluye las energías renovables. La segunda sería que el Estado interviniese, nacionalizase o expropiase la planta durante un tiempo determinado, en caso de que Alcoa no acceda a la venta, para ser luego igualmente vendida a Liberty u otra empresa interesada.
Gobierno central y Xunta de Galicia defienden ahora la necesidad de acudir a la vía judicial para parar el despido colectivo y garantizar la continuidad de la producción de aluminio primario en San Cibrao. Se produjeron varias reuniones en este sentido, la más importante el martes 6 de Octubre por la tarde donde las administraciones recalcan su compromiso, pero donde no se concretan los detalles de la operación, ni cuándo se va a actuar.
Es destacable como el secretario general del Ministerio de Industria, Raúl Blanco, mientras mantenía un encuentro con el conselleiro Francisco Conde y con representantes sindicales de Alcoa, llegó a afirmar que incluso “se le pedirá a Alcoa que devuelva todas las ayudas públicas recibidas en caso de que existan evidencias de algún tipo de incumplimiento” en materia laboral o medioambiental. Sorprende esta afirmación después de décadas de subvenciones públicas durante gobiernos tanto del PP como del PSOE. No parece que ahora vaya a ser distinto. Todo indica que la nacionalización de la fábrica de San Cibrao, si se produce va a ser con un gran coste para el Estado, y será un excelente negocio para la nueva empresa propietaria.
Nacionalización sin indemnización bajo control obrero
Alcoa compró la empresa pública Inespal en 1998 por tan sólo 383 millones de euros, que entonces contaba con 4.674 trabajadores y diez fábricas, de las que sólo quedan hoy abiertas tres: A Coruña, Avilés y San Cibrao, siendo Alcoa solo es propietaria de la última. No puso un solo euro de los 400 millones que habían prometido invertir en la modernización de las instalaciones y entre 1998 y 2011 tuvo unos beneficios de 1.500 millones de euros. Entre 2008 y 2018 se ahorraron 1.000 millones de euros en beneficios fiscales, pagaron la energía a 4 céntimos por kilovatio/hora, frente a los 9 de la industria o los 23 que pagamos los trabajadores.
Además, debemos recordar que Parter Capital Group no cumplió su promesa al comprar las factorías de Avilés y A Coruña el año pasado: transformar a estos centros en líderes en la producción de acero secundario para la automoción y la aviación y mantener todos los puestos de trabajo como mínimo hasta julio de 2021. Apenas un mes después de adquirir los centros, empezó a negociar la venta de estos centros al Grupo Industrial Riesgo, que no pretende más que desmantelar la producción paulatinamente y sacar el mayor beneficio en el menor tiempo posible.
Por eso los trabajadores no pueden depositar sus confianzas en las falsas promesas en empresas privadas. La historia en este sentido siempre se repite, con consecuencias nefastas para los trabajadores del sector, y para el conjunto de la clase trabajadora, que tenemos que pagar las pérdidas que siempre asume el Estado. Por eso, ahora más que nunca, es necesario pelear por la nacionalización sin indemnización de la fábrica y puesta de la producción bajo la gestión de sus trabajadores. Esta es la única forma de que se garantiza la inversión necesaria para modernizar la fábrica y hacerla menos contaminante, a la vez que se mantienen o se aumentan los puestos de trabajo. La única forma de que decenas de miles de personas que viven la comarca de A Mariña, y dependen indirectamente de este sector, no sean condenados a la miseria. | 
