Fue este miércoles, en la Cámara de Diputados. Nicolás del Caño y Romina del Plá denunciaron el proyecto que garantiza los negociados de las grandes multinacionales del sector. Peronismo y macrismo votaron a favor.
“No nos extraña que los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición de Juntos por el Cambio apoyen esta ley. Son los que se opusieron al tratamiento del proyecto que presentamos para centralizar todo el sistema de salud, incluyendo los laboratorios”.
En la noche de este miércoles, así denunciaba Nicolás del Caño la norma que se estaba a punto de votar. Presentada pomposamente como “declaración de interés público de la investigación, el desarrollo, la fabricación y la adquisición de las vacunas contra el covid-19”, su objetivo fundamental es garantizar los negociados de los grandes laboratorios internacionales.
La norma es verdaderamente escandalosa, se la mire por donde se la mire. Entre otras cosas garantiza la prórroga de jurisdicción a favor de los tribunales arbitrales y judiciales con sede en el extranjero. Es decir, tal como ocurre con los acreedores internacionales, si se decidiera lleva a juicio a un laboratorio debería hacerse dónde este lo decidiera. “Para que nos entendamos -ilustró Del Caño-, si uno de los laboratorios incumple entregando la mitad de las dosis que prometió, eso va a haber que reclamarlo en los juzgados de Nueva York, Londres o Berlín”.
El proyecto -presentado por el oficialista Pablo Yedlin- habilita además a que se celebren contratos con los laboratorios que prevean “condiciones de indemnidad patrimonial respecto de indemnizaciones y otras reclamaciones pecuniarias” por parte de los grandes laboratorios. Dicho en criollo, el Estado nacional deberá asumir el costo de las mismas.
La norma habilita además “cláusulas o acuerdos de confidencialidad acordes al mercado internacional de las vacunas” y exime del “pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen, incluido el Impuesto al Valor Agregado”.
El Frente de Izquierda Unidad denunció abiertamente los beneficios que estaban otorgando a esos grandes grupos internacionales en aras de garantizar la provisión de la vacuna contra el coronavirus.
Del Caño -que enumeró las ganancias de los grandes laboratorios en 2019- recordó que “son los responsables, junto con los Gobiernos, de haber arrancado prácticamente en cero con la vacuna, porque desfinanciaron todos los proyectos que había para investigar virus de estas características. Toda la inversión la volcaron en enfermedades rentables”.
Por su parte, Romina del Plá señaló “necesitamos de manera urgente una vacuna contra el coronavirus. Al mismo tiempo que necesitamos centralizar el sistema de salud, proveer de todos los testeos que hacen falta, de todos los equipos de protección personal, volcar todos los recursos para enfrentar y derrotar esta pandemia. Gran parte de esas medidas no se han llevado adelante porque se han privilegiados los negocios privados de la salud”.
La contracara de los discursos de la izquierda la marcaron peronistas y macristas. Ambos espacios avalaron el proyecto. Como ya se señaló, el autor de la iniciativa fue el tucumano Yedlin, ex ministro de Salud de esa provincia y cercano al empresario farmacéutico Hugo Sigman, quien seguramente entra en el universo de los beneficiados por la norma votada.
“Sabemos que esto no es lo óptimo, pero son los requisitos que la industria farmacéutica impone”, confesó impune el legislador. Desde el macrismo, Carmen Polledo lo avaló afirmando que, con esta ley, “estaremos en mejores condiciones para negociar con los laboratorios”. La radical mendocina Claudia Najul no quiso quedarse atrás y agregó que la negociación por las vacunas “obliga a los países soberanos a flexibilizar el marco legal”. Esa flexibilización, hay que señalar, implica renunciar a la soberanía.
Tal como señaló Del Caño en su intervención, los grandes laboratorios internacionales vienen obteniendo ganancias siderales, aún antes del inicio de la pandemia. En 2019 Pfizer registró beneficios netos por USD 16.273 millones, AstraZeneca por USD 6.600 millones y Johnson&Johnson por USD 15.100 millones.
La ley votada este miércoles en Diputados permite que ese mecanismo de acumulación se sostenga y amplifique. Ese es el "aporte" del Gobierno argentino y la oposición macrista a los negocios de los grandes laboratorios internacionales.
