Así, desde el organismo alertaron que "Se prevé que en 2020 la pobreza extrema mundial aumentará por primera vez en más de 20 años, como resultado de las perturbaciones ocasionadas por la pandemia de Covid-19"
Como principales causas señalaron, además del Covid-19, el cambio climático y “conflictos” sobre todo en “países con alto nivel de pobreza”. El informe, que desborda cinismo desde el inicio, si titula: “Pobreza y prosperidad compartida 2020: Un cambio de suerte”, pero nada dice de la responsabilidad de los gobiernos y las políticas de sumisión al FMI, que dejan a los países sin recursos y definen importantes ajustes contra el pueblo trabajador.
El organismo, con sede en Washington, dice tener como objetivo terminar con la pobreza extrema en el mundo al “Reducir al 3 % el porcentaje de las personas que viven con menos de USD 1,90 al día en el mundo a más tardar en 2030”.
Pero pone como principal responsable a la pandemia, sin decir mucho de los laboratorios que continúan especulando con las necesidades de la población, y mucho menos de los gobiernos locales que permiten que la salud se transforme en un negocio y no garantizan una salud pública de calidad, donde todos tengan acceso de manera gratuita.
Mientras aumenta la pobreza, los empresarios siguen amasando fortunas
Como otro factor que influenció el aumento de la pobreza extrema este año, el Banco Mundial resalta que el cambio climático “continúa siendo una amenaza que se intensificará en los próximos años”, aunque tampoco acá se refieren a los intereses económicos ni a los responsables directos del desastre ambiental que empujará a 135 millones de personas a la pobreza en los próximos 10 años.
Solo admiten que multiplicarán exponencialmente las familias que no tendrán acceso siquiera a los servicios básicos.
El Banco Mundial propuso “ampliar el aprendizaje y mejorar los datos” ¿cómo? “invirtiendo en preparación y prevención” aclaran, como si con eso bastara. Lo cierto es que la única manera de disminuir la pobreza es que los gobiernos destinen los fondos a salud pública, educación y plan obras públicas para generar empleo y resolver problemas como la crisis habitacional, para garantizar también el derecho a la vivienda de toda la población, y no al FMI y empresarios locales con subsidios millonarios.
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