Hace dos meses que en la toma “El Hotelito” ubicado en el sector Ferroviario del Barrio Carlos Múgica (ex Villa 31) se encuentran 11 familias, con 35 niñas y niños. Siete de las mujeres que están allí sufrieron violencia de género y hoy se encuentran al frente de la toma luchando por una vivienda digna para sus hijas e hijos.
El pasado 5 de octubre venció el plazo de desalojo voluntario emitido por la Secretaría de Integración Social y Urbana (SISU) para las 11 familias, con 35 niñas, niños y adolescentes que se encuentran viviendo en “El Hotelito”. Siete de las mujeres están allí por violencia de género, entre ellas convergen jefas de hogares que perdieron el trabajo durante el contexto de pandemia y madres solteras que no reciben el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), o que estaban en situación de calle desde fines de 2019.
Esta orden de desalojo contra familias que buscan una vivienda se da en los mismos dias donde la Legislatura porteña aprobó la venta de los terrenos de Costa Salguero y otros para el negocio inmobiliario. Un contraste absoluto entre una realidad de mayorias y negocios de unos pocos apoyados por la decisión del Gobierno porteño.
Así se reflejo en el noticiero de La Izquierda Diario "Alerta Spoiler" este mediodía:
El Hotelito era un espacio destinado a ser viviendas transitorias para quienes realizarán el mejoramiento de vivienda, en el marco del plan de urbanización de la ley 6129 de la SISU del Gobierno de Ciudad, el cual previo al confinamiento estaba deshabitado.
Cuando las primeras habitantes llegaron al lugar las instalaciones de grifería y sanitarios estaban inconclusas, dentro de las vivienda había basura acumulada y las cloacas se encontraban desbordadas.
En el portón del “Hotelito” cuelgan cartulinas en las que las mujeres de la toma dejan leer sus deseos y sus sueños: “Los niños/as tienen derecho a una vivienda digna”, “Ni una persona más en la calle. ¡Basta de desalojos!”, “Derecho a la vivienda digna”. Mientras que a las paredes del patio interno, las rodean garabatos trazados con ladrillos que reflejan las identidades de las infancias del lugar, al lado sus nombres, y junto a ellos sus casitas.
Las familias que se encuentran allí integran la cifra de los más de 5, 5 Millones de personas que se estipulan entre desempleados, suspendidos y con rebajas salariales que debieron optar entre pagar un alquiler o darles de comer a sus hijas e hijos; las 7 mujeres que tuvieron que decidir entre vivir en contexto de violencia o buscar un lugar para vivir lejos de sus agresores, forman parte de las cifras presentadas por el ministerio de Mujer, Género y Diversidad que en el mes de mayo registró que el 40% de los llamados a la línea 144 eran en busca de orientación y de asistencia ante la violencia en el hogar, en la propia casa. Hay familias que debieron elegir entre seguir viviendo en la calle o luchar por una vivienda digna, las cuales se suman a las cifras de las miles y miles de personas que se encuentran atravesando una crisis habitacional.
En estos días las familias se encuentran en alerta, debido a que en reiterados episodios ingresaron policías armados al lugar sin ninguna orden, con el objetivo de revisar una de las viviendas, es por esto que se turnan para hacer guardias de noche y de día porque tienen miedo a quedar en la calle, a no tener a dónde ir con las niñas y los niños, también porque reciben llamados amenazantes dado que venció el plazo del juzgado. Saben que pueden ser desalojadas en cualquier momento, de modo forzoso y no están dispuestas a volver a dormir debajo de un puente; pero también saben que la manera que tienen de luchar por una vivienda para sus hijas e hijos es resistiendo, unidos y organizados. Tal y como se manifiesta en sus deseos llevan “dos meses de lucha por tierra para vivir y vivienda digna” porque “La vivienda es un derecho”, no es un delito.
