Este jueves la “oposición” ingresó el libelo contra Víctor Pérez, ministro del Interior, documento donde se le cuestiona su rol en el paro de camioneros y su control sobre Carabineros. El documento fue firmado por un total de 13 diputados: Gabriel Ascencio (DC), Gabriel Boric (CS), Jorge Brito (RD), Carmen Hertz (PC), Tomás Hirsch (PH), Rodrigo González (PPD), Pamela Jiles (PH), Jaime Naranjo (PS), Luis Rocafull (PS), Camila Rojas (Comunes), René Saffirio (IND), Alejandra Sepúlveda (FRSV) y Víctor Torres (DC).
De acuerdo al texto presentado de manera transversal por partidos de la “oposición”, se busca establecer la responsabilidad política de Pérez al no haber aplicado el principio de “igualdad ante la ley” en el contexto del paro de camioneros, y por no ejercer el control jerárquico sobre Carabineros, dando pie a la violencia desplegada por la policía.
“Hemos ingresado Acusación Constitucional contra Ministro del Interior Víctor Pérez. No nos quedaremos de brazos cruzados mientras las policías, de las cuales Pérez es el responsable político, siguen atentando contra la ciudadanía”, escribió Gabriel Boric (CS-Frente Amplio) en su twitter; la diputada de Comunes, Camila Rojas, manifestó que el documento lo “firmamos diputadas y diputados de todos los partidos de oposición, unidos contra la impunidad”; y, por su parte, la diputada PC Camila Vallejo aseguró que “tenemos que estar unidos contra la impunidad y contra una política que reprime brutalmente a opositores, pero ampara a aliados políticos”.
Desde la izquierda reformista del FA y el PC dieron cuenta, una vez más, de su política de confianza en los partidos de la ex Concertación- responsables de gobernar durante años manteniendo la impunidad y de haber asesinado a luchadores mapuche y sociales, a trabajadores y estudiantes-, y en la vía institucional- mediante maniobras políticas- para “enfrentar la impunidad” que reina en Chile.
Sin duda el pinochetista ministro del Interior, Víctor Pérez, tiene responsabilidad en la represión policial ejercida contra manifestantes, jóvenes, y también contra las comunidades mapuche, y no debería permanecer en el cargo; pero no se puede perder de vista que la usada maniobra de la acusación constitucional contra el ministro en cuestión, deja libre de polvo y paja al principal culpable: Sebastián Piñera.
La “oposición” usa la acusación constitucional para posicionarse a izquierda ante el repudio masivo que generó el actuar de la policía con lo ocurrido con el joven Anthony en puente Pío Nono, buscan, una vez más, mostrarse como “falsos amigos del pueblo”, siendo que durante años han impulsado políticas represivas y criminalizadoras contra manifestante, contra el pueblo mapuche. Es más, la ley antibarricadas y antiprotestas tuvo la aprobación de los partidos de la “oposición”, incluyendo vergonzosamente al Frente Amplio.
El Frente Amplio y el Partido Comunista, con lenguaje radical, afirman que perseguirán a Pérez “hasta que caiga” y se ponen a la cabeza de la ya utilizada maniobra de la acusación constitucional para así no ir al fondo del problema, ni mucho menos enfrentar al gobierno de Piñera, principal responsable. Confían en la vía institucional para “terminar con la impunidad” y en la unidad con la ex Concertación, pero se ha demostrado con los hechos que este tipo de maniobras políticas en nada combaten, ni mucho menos frenan, la represión policial ni la violencia por parte del Gobierno.
Lo vimos con Chadwick, quien salió del cargo de Ministro del Interior, tras una acusación constitucional que lo inhabilitó de ejercer cargos públicos por cinco años, pero que pocas semanas después apareció en todas partes como el encargado de la coordinación de las propuestas constituyentes de Chile Vamos y su opción de “Rechazo”; se ejemplifica con los cientos de casos de violaciones a los Derechos Humanos ocurridos durante la rebelión popular y que siguen sin castigo alguno, pese a la salida de Chadwick y a los cambios ministeriales; en que Piñera aún esté gobernando después de toda su responsabilidad en muertes, torturas, mutilaciones, abusos, por mencionar solo algunos ejemplos que dan cuenta de la profunda impunidad que se respira en este país.
Antes de su salida, Chadwick enfrentó otra acusación constitucional tras la muerte del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca, también encabezada por la “oposición”, todo para desviar el descontento y aplacar las movilizaciones que se estaban desarrollando en ese entonces, pero el primo de Piñera salió invicto pues ni siquiera estos partidos fueron serios en llevar hasta el final la medida, dejándola como un acto testimonial más de la “oposición”, de organizaciones como el Partido Comunista y el Frente Amplio.
Lo que cabe preguntarse es ¿se pondrá freno a la violencia policial; habrá justicia real y reparación integral para las víctimas de la represión; juicio y castigo para los responsables materiales y políticos de las violaciones a los Derechos Humanos por la vía de las viejas instituciones del régimen y de la mano de los partidos tradicionales? Claramente, Pérez es un personaje aborrecible y su gestión en el ministerio del Interior ha sido de reprimir y criminalizar a luchadores y al pueblo mapuche, pero la política permanente de acusación constitucional como si fuese una panacea, cada vez que el Gobierno comete un crimen, es totalmente estéril.
¡A la represión del Gobierno, a sus autoridades y policía, se les enfrenta! Debemos impulsar una amplia campaña democrática contra la violencia policial y del gobierno asesino de Piñera. Los organismos como la CUT, Colegio de Profesores, Confech, sindicatos, junto a organizaciones de DD.HH, de izquierda, sociales, deben ponerse a la cabeza de convocar a una movilización unificada y a un paro nacional para frenar la impunidad. ¡La única vía seria para dar una respuesta a esta situación es la movilización y fuerza en las calles! ¡Para que exista un verdadero juicio y castigo a todos los responsables, políticos y materiales, de las violaciones a los Derechos Humanos ocurridos! |
