Después de semanas de enfrentamientos entre el Gobierno central de Pedro Sánchez y el Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso, este jueves el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió las medidas de cierre de Madrid. Con esta sentencia sobre la mesa, Ayuso pretendía volver a implementar medidas restrictivas por barrios, el “confinamiento de clase” que limitaba la movilidad en los barrios de Carabanchel, Vallecas o Usera, pero permitía entrar y salir de Madrid a los residentes de barrio Salamanca. La situación ha generado divisiones dentro del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con Ciudadanos intentando buscar una salida negociada para aplicar el cierre de Madrid, sin llegar al Estado de alarma.
El estado de alarma impone nuevamente el cierre de Madrid y restricciones para todos los habitantes de la ciudad. Pero ¿Qué ha cambiado para millones de trabajadores de los barrios populares? Hay quienes argumentan que esta es una medida “más democrática” porque no solo confina a los sectores de la clase trabajadora sino a toda la ciudad. Pero esta lógica enmascara la realidad: en los barrios obreros seguirá patrullando la misma policía racista, en los centros de salud seguirán faltando enfermeras, en los metros seguiremos viajando hacinados. Además, la disputa entre el Partido Popular y el gobierno progresista acerca del perímetro del confinamiento oculta la responsabilidad de ambos gobiernos sobre cómo hemos llegado hasta aquí. Durante los últimos meses no se han tomado ninguna de las medidas de emergencia que hacían falta para frenar la crisis sanitaria y revertir la catástrofe social.
Hoy, ante la declaración del Estado de Alarma, ratificamos lo que sosteníamos ayer, ante la sentencia del Tribunal Supremo de Madrid:
"Tanto Ayuso, como el gobierno Sánchez-Iglesias, siguen sin presentar ningún plan serio y siguen apostando todo a recurrir a la medida medieval del cierre de barrios o ciudades. Para ello tanto unos como otros hacen uso de herramientas bonapartistas, bien sea el brazo de la Judicatura que hace años actúan de árbitro de los sectores más búnker del régimen, bien sea tirando de legislación de excepción como el estado de alarma.
Los dos bandos quieren hacer responsable unilateral al otro del crimen social que se está produciendo en la Comunidad de Madrid y que se va extendiendo al resto del Estado. Pero ellos son responsables. Mientras se siguen peleando por las culpas, los muertos los siguen poniendo las clases populares, una vez más las más golpeadas por esta pandemia.
Ni Ayuso, ni Sánchez e Iglesias, han dispuesto en estos meses los recursos necesarios para la contratación urgente de sanitarios, el aumento de rastreadores, el refuerzo de la atención primaria, de los recursos necesarios para un retorno seguro a las aulas... Todas las reivindicaciones de los sindicatos de sanidad y educación han sido sistemáticamente ninguneadas por el gobierno central y el autonómico.
Muchos menos han tratado de intervenir los recursos disponibles para atajar la segunda ola. Ni se han intervenido y habilitado hoteles e inmuebles de los especuladores para garantizar aislamientos en condiciones dignas, ni se ha intervenido la sanidad privada y los laboratorios.
Para garantizar sus planes solo se necesitan policías y multas. Para garantizar un plan que realmente pusiera por delante la salud pública de las mayorías sociales sería imprescindible la imposición de impuestos a las grandes fortunas y medidas contra la gran propiedad. Ni “progresistas” ni “conservadores” están por cruzar esa línea.
Un plan así no saldrá ni de la Moncloa, ni de la Puerta del Sol. Para imponerlo será necesario que los sindicatos, junto a las organizaciones sociales, vecinales y la izquierda que no es parte del gobierno “progresista” impulsemos un proceso de organización y movilización.
Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras venimos apoyando la convocatoria de huelga general lanzada por la CGT en Madrid. Lo hacemos defendiendo que ésta debe ir acompañada de impulsar asambleas en los centros de trabajo, estudio y barrios, para lograr imponérsela a las direcciones de los sindicatos mayoritarios. | 
