La medida es parte del Plan de Seguridad anunciado en septiembre y está enmarcada en la construcción de 12 unidades carcelarias y refacciones en otras ya existentes. Los terrenos a expropiar en Quilmes están ubicados en Solís y Panizza, entre la Autopista Buenos Aires La Plata y la Ribera.
La modalidad de declaración de utilidad pública y expropiación es la misma que plantea el proyecto presentado por el Diputado del FIT Unidad, Claudio Dellecarbonara, para las tierras que hoy ocupan más de 2500 familias en Guernica. Sin embargo, el Gobierno provincial solo apunta a aplicar una medida de este tipo para construir cárceles, pero se empecina en negarla para asistir el derecho a la vivienda de centenares de niños y mujeres.
Para ser justos hay que decir que también aplica una iniciativa similar (que surgió de la anterior gestión de María Eugenia Vidal) para expropiar terrenos en Ezeiza y construir una autopista que lleva a los … countries.
De esta manera puede observarse un clara doble vara clasista: sí se puede expropiar para construir instituciones penitenciarias (que se van a llenar de hijos del pueblo trabajador) o para obras que benefician a los ricos; terminantemente no para solucionar el problema de las familias que en Guernica y en otras partes del conurbano no tienen un techo. Parafraseando la máxima peronista: para hacer cárceles sí, para viviendas no.
Otro aspecto que se esclarece es que, cuando se quiere, aparece una salida política para conseguir tierra y construir, pero cuando se trata de tocar los grandes intereses inmobiliarios la única salida que se da, como vemos en Guernica, son las falsas promesas como zanahoria o directamente las amenazas represivas.
Hay que decir también que el anuncio se produce en momentos en que el Gobierno municipal de Mayra Mendoza hace oídos sordos a las familias que tomaron viviendas inconclusas de la gestión del ex Intendente Francisco Gutiérrez en el barrio Memoria, Verdad y Justicia y las judicializa tal como ocurrió previamente con la ocupación de terrenos en Solano.
Una salida punitiva para la crisis
Cuando el mes pasado se anunció el Plan de Seguridad el presidente Alberto Fernández sostuvo: “si esto (por el plan-NdR) funciona, la impunidad bajará y eso demandará más lugares en las cárceles”. Es decir, la máxima autoridad del país sostiene como un “éxito” el encarcelamiento masivo de personas.
Vale recordar que este Plan que sumará 10.000 policías, 3957 gendarmes y 2300 patrulleros a los ya existentes en el conurbano bonaerense, se realizó con el argumento de combatir el delito. Sin embargo, pocos días después, el mismo ministro Berni planteó públicamente, y tomando datos de organismos oficiales, que el delito no había vuelto a recuperar los niveles previos a la pandemia.
El mismo cultor de la mano dura también reconoció que la mayoría de los nuevos robos eran protagonizados por personas que nunca lo habían hecho previamente. Esto significa que, aunque no lo haya dicho el miembro más protegido del gabinete de Kicillof, son consecuencia de la crisis.
¿Por qué no se destinan entonces los 37.000 millones de pesos que insumirá el Plan a crear fuentes de trabajo? ¿Por qué van a engrosar el número y el presupuesto de una fuerza que está involucrada en el gran delito, como es la Policía Bonaerense, responsable de más de cien casos de gatillo fácil y de la desaparición y muerte de Facundo Castro en los últimos meses? ¿Por qué se siguen construyendo cárceles cuando el propio Servicio Penitenciario reconoce que más del 50% de los presos se encuentran en esa condición sin condena?
Una primera explicación, que esgrimen por lo bajo algunos representantes del Frente de Todos, es la disputa por el electorado manodurista hacia los comicios del próximo año. Es posible. Pero existen otros factores más estratégicos para que el gobierno asuma la agenda de la derecha y están ligados a la profundización de la crisis económica, social y política en los próximos meses. La presencia de un verdadero ejército de ocupación en la Provincia, con la mayor cantidad de efectivos policiales por habitante a nivel mundial, apunta a incrementar el control social en los barrios. Las consecuencias de esta política ya las vimos durante la cuarentena con más de cien casos de gatillo fácil.
Pero también apunta a responder con la represión a los reclamos de los sectores obreros y populares. A comienzos de la cuarentena denunciamos que Berni y Kicillof concentraban tropas de élite de la policía en 20 puntos estratégicos de la Provincia para prevenir “eventuales desbordes”, el eufemismo con el que designan cualquier justo reclamo de los trabajadores y los sectores populares. Ya los vimos actuar contra los obreros del Frigorífico Penta. Ya los vimos con las tomas de Victoria y La Matanza.
Y hoy la amenaza pesa sobre las familias que luchan por tierra y vivienda en Guernica. Si hoy no pueden avanzar no es por un problema de falta de efectivos, como sostiene Berni, sino que el enorme apoyo popular a la causa por la tierra y la vivienda depararía un oneroso costo político para el gobierno si se decide a reprimir.
La declaración de utilidad pública, la expropiación y el gasto que insume la construcción de cárceles, mientras tales medidas se niegan a los que luchan por un techo, muestran claramente que el gobierno apunta a una salida punitiva de la crisis. Solo la lucha y la movilización de las organizaciones obreras, estudiantiles, de derechos humanos y políticas pueden evitarlo. | 
