La Fiscalía tomó la decisión de abrir una investigación penal para quienes solicitaron el beneficio del Estado sin cumplir los requisitos, e informó que la indagatoria podría ser por los delitos de fraude de subvenciones, perjurio, entre otros ilícitos. Y que según indica el articulo 209 del código penal, las sanciones varían entre 61 días de cárcel, hasta 5 años, además de una multa de 10 hasta 20 unidades tributarias.

El fiscal nacional Jorge Abbott, habló por medio de las redes sociales del Ministerio Público, sobre la polémica surgida por la entrega del bono clase media, una vez que el Servicio de Impuestos Internos, señalara que más de 430 mil personas percibieron el monto entregado por el Estado sin cumplir los requisitos. Y fue quien ofició al director del SII, Fernando Barraza, para que entregue el listado completo de las personas que incurrieron en las infracciones. Y dentro de los infractores 37.100 pertenecen al servicio público.

Estas acciones tomadas por el Ministerio Público, visibiliza el carácter arbitrario del órgano autónomo, debido a los antecedentes que acarrea sobre beneficiar a personas de familias acaudaladas, como caben destacar los casos del excandidato presidencial de la UDI Laurence Golborne, por el caso de financiamiento de campañas políticas por parte de Penta, al recibir 337 millones de pesos, de los cuales libró del caso con una sanción de una multa de 11 millones de pesos.

En la misma línea recordar hasta hace poco el caso cascadas que involucraba al empresario millonario Julio Ponce Lerou, yerno del dictador Augusto Pinochet. Acusado de ser el ideólogo y promotor de un esquema de transacciones que lo benefició a él y a personas y sociedades relacionadas. Donde obtuvo una utilidad fraudulenta de US$128 millones. Y a quien se le rebajó la multa de US$ 62 millones, a menos de US$ 3 millones.

Estos hechos, dan cuenta de la arbitrariedad antes nombrada por parte del Ministerio Público, en cuanto a hacer distinciones de quién realiza actos ilícitos, beneficiando a la clase más privilegiada. La justicia es de clase. Porque mientras los ricos terminan pagando multas ridículamente inferiores en comparación a la gran cantidad de dinero que recaudan de manera fraudulenta. La fiscalía acusa con penas de 61 días de presidio en su grado mínimo hasta 5 años a quienes recibieron un bono de 500mil en un proceso de postulación con muchas deficiencias. Además de una multa de 10 UTM o sea $506.740, un monto más alto que el mismo beneficio que entregó el Estado.