Lo que comenzó a fines de septiembre con algunas manifestaciones aisladas en la Plaza de la Dignidad de Chile, se intensificó este viernes con nuevas protestas contra la respuesta represiva del Gobierno en Piñera.
La semana pasada las imágenes de un carabinero tirando desde un puente a un manifestante recorrieron el mundo y generaron indignación al interior y exterior del país. La bronca fue tanta, que a pesar de las mentiras de Carabineros, el Gobierno y los medios tratando de hacer pasar la situación como un accidente, todo quedó revelado en pocas horas obligando al Gobierno a avanzar en la detención del carabinero, aunque al mismo tiempo saliendo a defender y blindar a la institución como principal órgano de represión.
De todas maneras, las nuevas movilizaciones que están aumentando en número de participantes, junto a la situación económica y social, y a pocas semanas del plebiscito constitucional del 25 de octubre, son un quiebre en la situación de relativa pasividad y calma que el Gobierno había logrado durante la pandemia con confinamientos, estado de emergencia y represión.
Se acerca el aniversario del estallido social que comenzó el 18 de octubre de 2019 y quedó plasmado en la consigna de "no son 30 pesos, son 30 años", cuestionando a la herencia pinochetista, y su constitución, en su conjunto. Las medidas del Gobierno de Piñera para enfrentar la crisis sanitaria ha agudizado todas las problemáticas que estuvieron detrás de las protestas durante meses.
Un sistema de salud pública que no tuvo las condiciones estructurales para enfrentar la pandemia, la ley de supuesta protección del empleo que ha dejado a millones de personas sin su fuente laboral y el contraste en el trato de parte del Gobierno con las manifestaciones de sectores como los camioneros (gremio proempresarial, con una cultura racista y machista), respecto al trato que han recibido los estudiantes secundarios, quienes con sus manifestaciones por el alza del pasaje del metro, fueron los que iniciaron este nuevo momento en la historia de Chile, quedó aún más patente el viernes 2 de octubre cuando un joven de 16 años fue arrojado desde 7 metros de altura por un efectivo policial, reponiendo el debate sobre los derechos humanos y los atropellos que históricamente ha cometido esta institución contra el pueblo pobre, la juventud y el pueblo Mapuche.
Pero la respuesta no se hizo esperar y el mismo sábado 3 se reactivó la convocatoria en la zona cero del estallido social. Así, la Plaza Dignidad vuelve a ser epicentro de las protestas y los viernes el día elegido por los manifestantes, al igual que durante el estallido del año pasado.
A pesar de que estas convocatorias que se realizan via redes, sin contar con el apoyo de las principales centrales sindicales, y de que durante meses no se había convocado a salir a las calles, este viernes, 9 de octubre, volvió a llenarse la Plaza Dignidad en una categórica respuesta a la brutalidad policial que dio vuelta al mundo con la imagen de Anthony, el niño de 16 años, cayendo desde el Puente Pio Nono, luego de ser embestido por Sebastián Zamora, funcionario de Fuerzas Especiales de Carabineros.
A días del plebiscito, el control que había buscado el Gobierno de Sebastián Piñera, imponiendo Estado de Emergencia con las Fuerzas Armadas en las calles desde el estallido social, sólo lo logró con la ayuda de una pandemia y, aún así, al parecer resultó ser muy precario.
Cabe destacar, que el joven Anthony, pese a la gravedad de la agresión que sufrió, está en calidad de detenido, esto ha generado gran indignación. Es que esa juventud que despertó a Chile, no sólo está impedida de ejercer derechos democráticos mínimos como el voto, además de sufrir la represión brutal del Estado, también es criminalizada, poniendo en evidencia las trampas y límites que tiene el Acuerdo por la Paz acordado por los partidos de régimen.
En medio de este nuevo clima y a pocos días del plebiscito en ciudades como Antofagasta, Valparaíso y Santiago se lanzó la semana pasada el Comando por la Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que propone retomar el camino que abrió la huelga general del 12 de noviembre del año pasado, no sólo para imponer en las urnas el reclamo popular, sino para encontrar la relación de fuerzas que ninguna acusación constitucional ni denuncia internacional ha logrado, que es el juicio y castigo a los responsables de las violaciones a los DD.HH.
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