La orden de libertad de Uribe, que desde el pasado 4 de agosto permanece en prisión domiciliaria, en el departamento caribeño de Córdoba, fue tomada por la jueza Clara Ximena Salcedo Duarte.
"La decisión que adopta esta funcionaria es la de acceder a la solicitud por parte de la defensa, apoyada por parte de la Fiscalía General de la Nación y la representación del Ministerio Público, y en este orden y en consecuencia se dispondrá la libertad inmediata de doctor Álvaro Uribe Vélez", manifestó en una audiencia virtual la jueza.
El expresidente derechista, que ha implementado durante sus dos mandatos una política neoliberal, está acusado por relaciones con bandas paramilitares, responsables de asesinatos de dirigentes sociales y campesinos. Aunque no fue juzgado por eso, como comandante de las Fuerzas Armadas, es responsable de las aberraciones de la llamada "guerra contra las drogas" y la ofensiva contra las FARC, que generó cientos de miles de desplazados y miles de muertos, conocidos como "falsos positivos", civiles asesinados por el Ejército, haciéndolos pasar por "guerrilleros" a cambio de premios y beneficios.
El caso por el que se ordenó la detención domiciliaria de Uribe, comenzó en 2012 cuando demandó por supuesta manipulación de testigos al senador del centroizquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por supuestos vínculos con el paramilitarismo.
Esa demanda acabó volviéndose en contra de Uribe, que se convirtió en el primer expresidente colombiano al que se le ordena la detención.
La Corte Suprema ordenó su detención domiciliaria el 4 de agosto en el caso por presunto fraude procesal y soborno a testigos que lo enfrenta desde 2012 con el senador Iván Cepeda, del partido Polo Democrático Alternativo, pero al perder el fuero su expediente pasó a la Fiscalía General.
Si bien estaba privado de la libertad, con su renuncia al Senado a mediados de agosto pasado, el fundador y líder del partido de derecha Centro Democrático, perdió su fuero y el caso dio un vuelco en los tribunales.
El paso del proceso de la Corte Suprema a la Fiscalía conllevó también un cambio en el procedimiento porque la misma Corte dictaminó el 5 de octubre que el caso ya no se puede conducir bajo la Ley 600 del año 2000 sino por la Ley 906 de 2004, como pidió la defensa
En la audiencia de este sábado la jueza aceptó el argumento del abogado Jaime Granados, defensor de Uribe, según el cual para que haya medida de aseguramiento con privación de libertad, por la Ley 906, es necesario que previamente se haya realizado una audiencia de imputación de cargos, lo cual no ha sucedido hasta el momento con Uribe.
La Ley 600 del 2000 se basa en un sistema mixto de carácter inquisitivo en el que quien conduce el proceso es juez y parte, pero la Ley 906 de 2004 establece el sistema penal acusatorio, en el que hay un fiscal que investiga, un juez de control de garantías que toma decisiones y un juez de conocimiento que es el que dirige el eventual juicio.
Este sábado la jueza explicó que con la norma que ahora rige el caso, para que haya una orden de detención es necesario que exista "una solicitud elevada por la Fiscalía General de la Nación ante un juez de garantías".
Cuando la Corte Suprema ordenó la detención de Uribe lo hizo basada en una indagatoria a la que acudió el expresidente en octubre pasado, pero a la luz de la ley aplicable al caso eso ya no es posible.
"No es posible, ni constitucionalmente admisible, equiparar los actos de indagatoria a la formulación de imputación de cargos", aseguró la jueza.
El fallo de este sábado solo resuelve la condición de Uribe, que, según la jueza, deberá responder en libertad al caso que él mismo comenzó hace ocho años cuando demandó por supuesta manipulación de testigos a Cepeda.
La libertad del ex líder derechista se lleva a cabo en una situación en la que la juventud y los trabajadores vienen protagonizando jornadas de lucha y movilizaciones contra el actual gobierno de Ivan Duque, cuya popularidad venia en caída y se vio aún más perjudicada por la gestión de la crisis del coronavirus, no solo una crisis sanitaria sino sobre todo económica y social. | 
