El pasado miércoles 7 de octubre, Montero anunció una modificación en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo que incluirá una ampliación de los métodos anticonceptivos y la incentivación de la educación sexual y reproductiva. En esta reforma también se incluye el derecho de las jóvenes de 16 y 17 años a interrumpir un embarazo sin la necesidad del permiso paterno.
La controvertida ley contra el aborto impulsada por Gallardón y aprobada por el Consejo de Ministros a finales del 2013, incluía unos nuevos plazos y condiciones más estrictas que cuando el aborto fue despenalizado al 1985(como la imposibilidad de interrumpir el embarazo por una malformación en el feto) y encontró oposición y crítica no solo dentro de sus propias trincheras del PP, como Celia Villalobos, quien votó a favor de la retirada de la ley, sino también por sectores que la cuestionaban por ser poco restrictiva i que luchan en contra “del genocidio del aborto”, como los Pro-Vida o la Conferencia Episcopal Española.
Finalmente, después de nueve largos meses de lucha en las calles con manifestaciones y protestas donde organizaciones de mujeres y organizaciones políticas y sociales exigían el derecho al aborto libre y gratuito, consiguieron echar hacia atrás la contrarreforma de Gallardón. Aun así, en 2015 el PP acuerda al aprobar la prohibición de abortar a las menores de edad sin el permiso paterno. Esta votación definitiva respondió a la constante ofensiva contra los derechos fundamentales de las mujeres por parte de la derecha y de los sectores ultracatolicos y pro-vida, que insistían en prohibir el aborto después del fracaso de la ley antes mencionada y que acabó con la dimisión del Ministro Gallardón.
Es cierto que la legislación en lo referente a la interrupción del embarazo es más laxa que en otros muchos países, y que si se hubiera aprobado la contrarreforma, habría representado un retroceso brutal en nuestros derechos. Aun así, en 2015 se excluyó a miles de jóvenes del derecho a decidir sobre su propia maternidad, puesto que requieren de la autorización de un familiar o del tutor legal.
La ampliación de edad de las jóvenes de 16 a 18 años al acceso al aborto supone un adelanto en los derechos de las jóvenes, pero para lograr una completa soberanía sobre nuestros cuerpos es necesario también hacer un cuestionamiento más amplio, que implique abolir la reaccionaría ley de extranjería que considera a las mujeres migrantes como “ilegales”, las cuales se ven obligadas a realizar abortos clandestinos o en clínicas privadas, puesto que no tienen acceso a la Sanidad Pública; es necesario luchar contra las ideas y la moral conservadora y las imposiciones religiosas que someten e instrumentalizan la capacidad reproductiva al servicio del capital, puesto que históricamente las mujeres hemos sido las que tienen que asegurar la fuerza de trabajo futura.
Los derecho conquistados bajo el capitalismo, como la reforma que quiere impulsar Montero, son limitados. Los constantes ataques hacia nuestros derechos y el cuestionamiento de estos son una muestra de que no podemos esperar una conquista evolutiva y permanente, puesto que pueden retroceder en cualquier momento en otro ofensiva de la derecha, aparte de que excluyen a sectores amplios de la población.
Por lo tanto, es necesario que el movimiento feminista defienda el derecho al aborto universal, gratuito y seguro para todas, independientemente de la procedencia, la situación económica o la edad. Tenemos que luchar por una educación sexual desde la niñez, la separación total de la iglesia en la educación y la separación de esta del Estado, y se tiene que poner al servicio de la población recursos y medidas para garantizar una vida sexual segura. Por que las mujeres no somos máquinas de parir ni máquinas de trabajar explotadas por los beneficios de unos pocos. | 
